Hace tiempo que en sus comparecencias públicas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, utilizan las previsiones de los organismos internacionales -y no las de su Gobierno- para hablar del futuro de la economía española.
Ya, desde antes de la guerra de Ucrania, el consenso de los economistas consideraba que la estimación del Ministerio de Economía de que España crecería al 7% en 2022 era demasiado optimista. El conflicto y el agravamiento de la escalada de los precios por el impacto de la crisis energética solo confirmaron que el Ejecutivo tendría que rebajar más de lo esperado sus proyecciones de crecimiento antes del 30 de abril de este año, fecha en la que España tiene que enviar a Bruselas el Plan de Estabilidad y Crecimiento.
Sin embargo, fijar el suelo de ese recorte no está siendo fácil. De hecho, Calviño no ha sido capaz de cerrar aún los últimos flecos del nuevo cuadro macro que elabora la dirección general de Análisis Macroeconómico y suele ser analizado en el Consejo de Ministros, aunque fuentes de Economía afirman que no es un paso necesario para rebajar las previsiones.
La inflación está golpeando a las economías domésticas y a la actividad empresarial. Pero tiene una doble cara para la economía. Por ejemplo, ayuda a que el porcentaje de deuda sobre PIB nominal (calculado con el nivel de precios existente en cada momento) disminuya y también aumenta -como se está viendo- la recaudación por determinados bienes y servicios o por el IRPF.
Al mismo tiempo, rebaja el impacto que tendrá sobre el crecimiento la inyección de los fondos Next Generation EU -porque la inflación ya se ha 'comido' 5.000 millones de euros del impacto de estas ayudas-. De ahí que el deflactor del PIB que incorpore el nuevo cuadro macro para ajustar los números tomará un protagonismo mucho mayor al acostumbrado.
Después de que el FMI rebajara la pasada semana el crecimiento esperado para la economía española al 4,8% -por encima del 4,5% estimado por el Banco de España- se comenta que el Gobierno podría instalar sus nuevas previsiones en el entorno del 5%, aunque no se descarta que fije la revisión en una cifra más optimista y más cercana al avance del 5,6% que antes de la guerra calculó Bruselas para el PIB español este año.
Más allá de la pérdida de credibilidad de los números con los que el Gobierno ha venido elaborando los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años, la rebaja que acometa esta semana tendrá un impacto limitado en la percepción de los inversores y ciudadanos españoles. La inflación ya está lastrando las economías domésticas y los planes de inversión de las empresas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. Europa Press
Para el ciudadano, la rebaja de las previsiones de crecimiento tiene una importancia muy relativa porque nota los efectos negativos de esta nueva y peor coyuntura económica cuando va al supermercado o reposta gasolina desde hace tiempo. Tanto es así que media España ya supera los dos dígitos de inflación.
Para el ciudadano, la rebaja de las previsiones tiene una importancia relativa, pues lo nota cuando va al supermercado desde hace tiempo
Para la industria, la inflación se ha convertido en un problema cuya magnitud quedó reflejada en la rebaja de previsiones que anunció BBVA Research este lunes para las comunidades autónomas. Las más industrializadas y las más dependientes del sector agroalimentario son las más penalizadas por el alza de la energía. País Vasco y Asturias (junto con las comunidades insulares) tampoco podrán recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia en 2023.
Ambas crecerán por debajo de la media de España (4,1%, según este servicio de estudios), junto con Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Navarra, entre otras.
La inflación se ha convertido en el principal peligro electoral para Pedro Sánchez. Con el Banco Central Europeo (BCE) dispuesto a subir los tipos de interés ya este verano, la economía española está sujeta a un alto nivel de incertidumbre que impactará también en las políticas que el Ejecutivo pueda aprobar de aquí a las próximas elecciones.
De momento, lo ocurrido en Francia es un aviso para el Gobierno español. Pese a la victoria de Emmanuel Macron, la alta abstención (la mayor en 50 años) y el avance de la ultraderecha de Marine Le Pen, que utilizó la inflación como arma electoral, no se deben pasar por alto. En Francia, la inflación cerró en marzo en el 4,5%. Como recordó el propio Macron en el debate televisivo con su rival, es prácticamente la mitad que el 9,8% de España.
