Como ya tuvimos ocasión de comentar en otro artículo en este mismo medio (véase Ahorro energético contra Putin), la crisis de Ucrania se traduce, para los países importadores de materias primas en un monumental choque negativo de oferta.

Tal y como representamos en el gráfico a continuación, la curva de oferta agregada (AS) se desplaza hacia la izquierda, lo que se traduce en un menor crecimiento del PIB real y del empleo, y en un mayor nivel de precios. A corto plazo, se produce una transferencia de rentas desde los países importadores a los países exportadores. Dicho de otra forma, el país importador es más pobre, haga lo que haga y se ponga como se ponga. Esta es una realidad que debe ser entendida, tanto por los gobernantes y políticos, como por el conjunto de la población.

Los gobernantes pueden aceptarlo y tratar de reducir el shock, ahorrando la compra de energía, o minimizar los impactos de segunda ronda, además de procurar que la pérdida de renta se reparta de forma equitativa. Puede trasladar esta pérdida de renta a las generaciones futuras, mediante un aumento del endeudamiento o puede empeñarse en evitar esa pérdida de renta con medidas que empeoren aún más las cosas a futuro.

Los choques negativos de oferta son especialmente complicados porque plantean un serio dilema de política económica: si se opta por políticas de demanda expansivas (monetaria o fiscal), que desplacen la curva AD a la derecha, se amortiguará el impacto sobre el PIB y el empleo, pero empeorará la inflación. Y, si preocupa la inflación y se aplican políticas de demanda restrictivas, empeorará el PIB y el empleo.

A veces el dilema se resuelve cuando se opta por corregir solamente una de las dos variables dañadas por el choque: la inflación o el crecimiento del PIB y la creación de empleo, y te olvidas de la otra. Los bancos centrales son más proclives a elegir entre una variable u otra, en este caso, la inflación. Pero, en general, los gobiernos no se suelen mojar en esta disyuntiva tan delicada. Por eso, llamaron la atención las declaraciones del nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando el 13 de abril afirmó que "bajar la inflación es la prioridad", algo que repitió en varias comparecencias posteriores.

Si bajar la inflación es la prioridad, sólo caben dos alternativas (o una combinación de ambas): aumentar la Oferta Agregada (en el gráfico 1, tratar de desplazar la curva AS hacia la derecha) o reducir la Demanda Agregada (desplazar la curva AD a la izquierda). Pero en ningún caso es una opción bajar los impuestos sobre la renta, pues su resultado sería un desplazamiento de la curva AD a la derecha, agravando el problema de la inflación. Nos encontramos, por tanto, con un problema de consistencia económica básica: o mantenemos que "la inflación es la prioridad", en cuyo caso, renunciamos a bajar esos impuestos, o mantenemos que hay que bajar los impuestos, en cuyo caso debemos renunciar a la prioridad de bajar la inflación.

El propio FMI ha alertado sobre esta contradicción y ha avisado de que "los gobiernos no deben bajar los impuestos o dar ayudas de manera generalizada". Posiblemente influido por las primeras críticas recibidas, el pasado viernes, 22 de abril, Núñez Feijóo remitió al presidente del Gobierno, y a la prensa, una propuesta escrita que matiza, en parte, el discurso inicial de bajas generalizadas de impuestos.

La propuesta escrita de Feijóo

En su escrito, denominado Plan en defensa de las familias y la economía de España, se presenta un conjunto de propuestas que abarcan desde la aplicación de los fondos europeos a una bajada de impuestos selectiva e inmediata para las personas que peor lo están pasando con la inflación, así como propuestas para bajar el precio de la energía y racionalizar el gasto burocrático del Gobierno y reformas estructurales para incentivar la actividad económica.

Lo primero que llama la atención del Plan Feijóo es que no está firmado por nadie y, en vez de utilizar el logo del PP, se utiliza el escudo de España, que suele ser potestad exclusiva de los documentos oficiales del Gobierno de España.

Lo segundo es que parece, aunque no se dice explícitamente, que se abandona la inflación como "la prioridad" a la que se ha referido reiteradamente el presidente del PP desde su elección. Es lógico, dada la contradicción en la que se incurría y que hemos mencionado antes. Pero, en su lugar surge una mezcolanza de "prioridades" u objetivos que, lejos de resolver las contradicciones, las ahondan más.

Una de ellas es la preocupación del PP por la salud de las cuentas públicas en España, tanto medida por el déficit como por la deuda pública. Comparto esta preocupación desde hace años, y siempre he defendido que, en los años de relativa bonanza, se aproveche para reducir el déficit estructural, o al menos el cíclico.

Durante el Gobierno del PP, y pese a su mayoría, absoluta primero y luego relativa, a partir de 2015 el déficit público se mantuvo como el más alto de la zona euro, pese a la recuperación económica. En los años de Gobierno de Sánchez no hemos tenido ocasión de contrastar si hay o no voluntad de reducción del déficit público: al llegar al Gobierno tuvo que gestionar los últimos Presupuestos expansivos de Montoro y, posteriormente, llegó la pandemia.

Lo que sorprende de la propuesta del PP es que, tras mostrar esa preocupación por el saneamiento fiscal, se dedican a computar el "exceso de recaudación" causado por la inflación para proponer cómo gastárselo. ¿En qué quedamos? ¿Nos preocupa el déficit o nos gastamos el exceso de recaudación? Si nos gastamos el dinero, al menos hagámoslo en "políticas de oferta". Es decir, en medidas que desplacen la curva AS a la derecha, absorbiendo parte del choque de oferta sobre precios y PIB real.

Pero no parece que la propuesta Feijóo vaya en esa dirección. En el documento se sigue planteando una rebaja del IRPF que no es más que una política expansiva de demanda. Es decir, que empeorará la inflación, cuya prioridad era combatirla. Aunque se plantea la bajada de la tarifa (los tipos impositivos) sólo para los tres tramos más bajos de la escala del IRPF, lo cierto es que es imposible que esa rebaja no llegue a las rentas más altas. Todos los contribuyentes, sea cual sea su renta, tienen una parte de la misma gravada al tipo del primer tramo, del segundo, del tercero y así sucesivamente. Por tanto, a los contribuyentes que estén en el tramo cuarto o superiores se verán más beneficiados por la rebaja de los tipos que los ciudadanos en los tramos más bajos.

La propuesta de "impuesto negativo" aplicada a las rentas más bajas es, probablemente, un brindis al sol, pues las rentas inferiores a 14.000 euros anuales no tienen obligación de declarar y, probablemente, no les llegue nada de este “impuesto negativo”. Apoyar a los más vulnerables en esta situación de empobrecimiento del país debe ser una prioridad. Pero, ¿no es mejor hacerlo a través del Ingreso Mínimo Vital?

En cualquier caso, esta debería ser una cuestión a negociar entre el Gobierno y la oposición, buscando las medidas más eficientes y menos costosas. Pero, en cualquier caso, aceptando que este mayor gasto no se va a reflejar en una menor presión inflacionista. Cumplirá el objetivo de proteger a los más vulnerables, pero no va a reducir la inflación.

Ajustar el mínimo "exento" (mínimo personal y familiar) para compensar su reducción real causada por la inflación también me parecería razonable. De hecho, lo incluimos en nuestra propuesta electoral de 2004 del Partido Socialista, que tuve el honor de coordinar. Pero lo cierto es que los Gobiernos del PP nunca lo han hecho y, en la propuesta actual del PP se recoge de forma bastante ambigua.

Medidas de "oferta"

Y ahora vayamos a las medidas de "oferta", las que se suponen que van a reducir las tensiones inflacionistas y mejorar la actividad real, al recortar los costes de las empresas y sectores más afectados por el impacto energético. Las medidas propuestas no son más que una extensión de las que ya ha aprobado el Gobierno Sánchez. No hay ninguna aportación, salvo unos incentivos fiscales en el impuesto de Sociedades para favorecer la inversión en ahorro y eficiencia energética. Tengo mis dudas sobre la efectividad de esta medida. Dudas que también refleja el propio documento.

La rebaja de impuestos sobre la electricidad ha culminado, probablemente todo su recorrido. Pretender más bajadas sin el visto bueno de la Comisión Europea es imposible, por lo que la propuesta Feijóo propone "ampliar el horizonte temporal de las medidas del Gobierno". Pero eso implica reconocer que las medidas son las adecuadas. Si no lo fueran, se pediría su abolición, no su prórroga. Y, en lo que atañe al mercado mayorista de electricidad, la posibilidad del topar el precio del gas o la renuncia al modelo marginalista, como proponen algunos, no se dice nada de nada.

En lo que se refiere a los hidrocarburos, también se plantea abundar en lo que ya ha hecho el Gobierno, incluso las medidas que menos me gustan, como la subvención generalizada de 20 céntimos por litro al precio de gasolinas y diésel. La propuesta Feijóo aboga por bajar más el IVA de los carburantes, algo que saben que no es posible, y bajar más el impuesto especial de hidrocarburos a sectores como el transporte, pesca y agricultura, con el argumento de que "hay margen porque siguen por encima del mínimo exigido por la UE". Pero eso no es cierto. Si se tiene en cuenta la subvención de los 20 céntimos por litro, que es generalizada y, por tanto, también beneficia a esos sectores, el mínimo exigido ya se ha sobrepasado.

Sinceramente, estoy decepcionado. Esperaba de un partido que se define como liberal leer el argumento de que, si bajamos la imposición indirecta sobre los hidrocarburos, la señal de escasez, trasmitida por los precios de la energía, no llegará a los consumidores y el volumen de importaciones se mantendrá elevado, por lo que el choque de oferta perdurará en el tiempo.

Esto fue lo que ocurrió en España en 1973, bajo el franquismo. Por ello, las bajadas de la imposición a los carburantes, tanto impuestos de hidrocarburos como IVA, deben ser selectivas. Sólo para los sectores más afectados y, cuya reducción de consumo de petróleo por menor actividad, vendría asociado a una menor oferta de otros productos y servicios (pesca, agricultura, transporte) que agravarían el choque de oferta inicial.

Ausencias

En resumen, muy poco por el lado de reducir las tensiones inflacionistas, una propuesta de rebaja de IRPF que funciona en la dirección contraria y con un coste en términos de mayor déficit y deuda no clarificados en la propuesta Feijóo. Y, para mi gusto, lo más relevante son las ausencias. Ni una sola mención al ahorro energético, que es una de las medidas de oferta más recomendables ante un choque de precios de las materias primas, tal y como señala la Agencia Internacional de la Energía.

Además, estas iniciativas de menor consumo de gas y petróleo perjudicarían directa o indirectamente a Putin, que es de lo que se trata en la guerra económica en la que nos hemos involucrado en defensa de una nación democrática atacada de forma injusta y cruel.

Tampoco se dice nada sobre el pacto de rentas, es decir, la limitación de crecimiento de precios y salarios nominales, para evitar una espiral inflacionista. Estas políticas no resuelven el empobrecimiento del país importador. Pero sí que evitan una segunda ronda de empobrecimiento en caso de que los trabajadores, los perceptores de rentas o los empresarios, traten de evitar esa pérdida de renta elevando salarios, rentas y precios.

Actuar así empeoraría el shock de oferta, pues el país perdería competitividad, tendría una erosión de su riqueza real e introduciría más incertidumbre, lo que frenaría aún más las decisiones de inversión. Un ejemplo de pacto de rentas exitoso fueron los Pactos de la Moncloa de 1977, que frenaron la espiral inflacionista, que se situaba en el 30%.

La dificultad del pacto de rentas radica en que requiere un amplio consenso político. Por eso, resulta inquietante que el principal partido de la oposición no lo incluya como prioridad en su agenda.

Miguel Sebastián - ICAE y Universidad Complutense