Pocas cosas son tan impopulares como el "empobrecimiento" (Hernández de Cos, dixit). Y esto es lo que está ocurriendo en España con el alza de la inflación. Pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos y encarecimiento de los costes para autónomos y empresas. La situación es preocupante y en la coalición de Gobierno se buscan culpables. Para los ministros del PSOE, Vladímir Putin es el responsable. Para Yolanda Díaz, las eléctricas y sus beneficios "caídos del cielo" son las 'culpables' del alza de luz. Y con ese argumento, la solución a los problemas de los españoles pasa por pedir para ellas un "impuesto extraordinario".
En un momento en el que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, había conseguido una tregua con el sector tras matizar su famoso 'hachazo', viene su compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, a remover las aguas en un punto que duele: el de la reputación y los impuestos.
En el Congreso y en medios de comunicación, Díaz ha defendido esta semana subir los impuestos a las eléctricas para "paliar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores hoy". Su razonamiento es que las grandes eléctricas españolas han incrementado sus beneficios antes de impuestos "en nada más y nada menos" que un 47% en 2021.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EP
Esas declaraciones son "obscenas", afirmaba este jueves una fuente del sector eléctrico que pide anonimato. "Las eléctricas no han tenido, ni tienen, beneficios caídos del cielo", añadía. Argumentaba que el 75% de sus clientes "tienen precios fijos", con lo que las empresas "también sufren el encarecimiento del gas". Y recordaba, además, que un porcentaje de esos ingresos procede del exterior.
Por poner en contexto, las cifras de la vicepresidenta incluyen a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Y esta última compañía incrementó el pasado año su beneficio un 41% debido al alto precio del gas.
Lo cierto es que en la lucha de cifras sobre quién gana y quién pierde con esta guerra que afecta a las materias primas, "todos dicen la verdad y todos mienten", resume otra fuente del sector.
Los llamados 'beneficios caídos del cielo' derivados de la sobreretribución que reciben las eléctricas por la energía renovable cuando el gas encarece los precios de los mercados mayoristas no llegan al 15%. Y ese ingreso está ya sujeto al Real Decreto que Ribera aprobó y después suavizó para buscar más estabilidad en los precios de la luz.
Cerrado aquel episodio, hay inquietud en el sector por cómo puedan precipitarse los hechos de aquí al 24 de marzo en Europa y en España. No está claro que Bruselas vaya a aceptar, finalmente, la petición de España para rebajar la factura de la luz. Y hay dudas sobre si Ribera irá hasta el final con su órdago de intervenir en solitario el mercado en caso de no encontrar respaldo en Europa.
Hay inquietud en el sector eléctrico por cómo puedan precipitarse los hechos de aquí al 24 de marzo en Europa y en España
Así que las empresas tienen la mirada en el 'tour' que inicia este viernes la vicepresidenta tercera con Pedro Sánchez para buscar un bloque frente a la Alemania socialdemócrata, que sigue oponiéndose a desacoplar el precio de la electricidad del alza del gas.
Mientras, el clamor de la calle y de la CEOE para que el Gobierno anuncie medidas de apoyo, hace temer cualquier movimiento a la desesperada por parte del Ejecutivo que recaiga en un castigo para un sector que tiene que afrontar las inversiones de las renovables.
Garamendi pidió este jueves al Ejecutivo que no espere al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo para adoptar medidas que ayuden a los sectores económicos afectados por la escalada de precios.
Mientras, camioneros que representan el 10% del sector, están cortando algunas carreteras. Una situación que ya ha provocado cierres en la industria y que amenaza con dejar sin leche a los supermercados en dos o tres días, según han alertado ya las patronales que representan al sector lácteo.
El colofón será la movilización del 23 de marzo -día anterior al Consejo Europeo- que reunirá a sindicatos, asociaciones de consumidores (como Facua), organizaciones de autónomos (como UPTA, vinculada a la izquierda) o la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). Ahí serán los votantes de la izquierda -y no los de Vox- los que salgan a la calle para protestar contra el impacto en sus bolsillos del subidón que han dado los precios de la energía.
Urge que el Gobierno busque soluciones. Pero, sin demagogia.
