La polarización y fragmentación política está impidiendo a Latinoamérica aprovechar una nueva oportunidad para disfrutar de un periodo de crecimiento y estabilidad que ayude a reducir las desigualdades y converger con las economías más avanzadas. Al igual que en los recientes procesos electorales en Perú, Argentina y Chile, los comicios en Colombia y Brasil de este año pondrán de manifiesto el escaso apetito y capacidad para implementar las imprescindibles reformas estructurales para generar una dinámica de crecimiento más robusto y sostenible.
El entorno es favorable para la región, con una rápida recuperación mundial, precios elevados de las materias primas, y una liquidez abundante, así como unas condiciones favorables de financiación en los mercados de capitales. Además, la acusada depreciación de sus divisas está suponiendo una mejora notable de la competitividad externa. Sin embargo, tras un rebote del PIB real próximo al 6% en 2021, la región parece abocada a varios años de crecimiento mediocre, inflación persistente, tipos de interés elevados e inestabilidad política que probablemente lastren la evolución de sus mercados financieros e inmobiliarios.
Las causas del menor crecimiento estructural de Latinoamérica son de sobra conocidas, desde la excesiva dependencia del capital extranjero, insuficiente inversión productiva e innovación, escasa capacitación de gran parte de su población activa, a las múltiples trabas a la iniciativa privada. Pero es el endurecimiento de las políticas monetarias de los últimos meses la causa principal del frenazo que comienzan a sufrir algunas economías, en contraste con el mayor dinamismo de Europa y Norteamérica.
Con unos mercados laborales y de productos y servicios más rígidos y menos liberalizados que en los países desarrollados y Asia, los repuntes de la inflación tienden a realimentarse en los salarios y otros costes empresariales.
Para contenerlo, varios bancos centrales están subiendo agresivamente sus tipos de intervención. Prevemos que el de Brasil lo acabe llevando al 12,0%, el de México al 6,75% y los de Chile y Colombia al entorno del 5,0%. Esto supone unos tipos reales sustancialmente positivos -al contrario que en gran parte del resto del mundo-, lo que encarece el servicio de la deuda pública, lastra la inversión empresarial y la actividad inmobiliaria y deprime la valoración de los activos corporativos, abocando a un crecimiento tendencial inferior al de otras regiones.
La consecuencia es que la economía se está estancando en Brasil y ralentizando en el resto de la región, a pesar del favorable entorno externo. UBS prevé que el PIB real brasileño apenas crezca un 0,6% este año y un 2,2% el que viene, que México y Perú ronden el 2,5% en 2022 y el 2,0% en 2023, Chile y Argentina cerca del 2,0% en ambos ejercicios y que solo Colombia logre superar el 3,0%. Todo esto combinado con tasas medias de inflación (excluyendo Venezuela y Argentina) aún superiores al 5% este año y al 3% en 2023, y déficit público en el entorno del 5% del PIB (con la deuda bruta acercándose al 80%) que limitan el margen para políticas fiscales expansivas y redistributivas.
Se puede afirmar que este panorama económico es a la vez causa y consecuencia de unos sistemas políticos profundamente polarizados y con creciente descontento social. Los complejos procesos electorales en Colombia y Brasil este año probablemente agudicen esta tendencia, y marquen la pauta para las que afrontarán México y Argentina el año que viene.
Este panorama económico es causa y consecuencia de unos sistemas políticos profundamente polarizados y con creciente descontento social
Colombia celebrará elecciones legislativas el 13 de marzo, y las presidenciales, en dos vueltas, el 29 de mayo y 19 de junio. Con el partido gobernante en declive, todo apunta a unas cámaras muy divididas que dificultarán la aprobación de leyes. A la espera de cómo se conforma el voto en el centroderecha, y del grado de polarización de la contienda, las encuestas están encabezadas por Pacto Histórico, una heterogénea coalición de izquierdas no tan distinta a la que ha llevado a Boric a la presidencia de Chile. Y, al igual que en este país, está por ver si moderará sus propuestas y si, llegado el caso, será capaz de sacar adelante inexorables reformas económicas como la tributaria.
Las perspectivas son similares en Brasil, cuyas elecciones legislativas y regionales coincidirán el 2 de octubre con la primera ronda de la elección presidencial, que se dilucidará el 30 de ese mismo mes. La Cámara de Diputados volverá a quedar fragmentada en más de una veintena de partidos y, salvo sorpresas, los ciudadanos tendrán que elegir en la segunda ronda entre Bolsonaro y Lula, alejando así la posibilidad de iniciar una etapa de consensos en unas políticas económicas ortodoxas y reformistas.
No extraña por tanto que Latinoamérica siga fuera del radar de muchos inversores internacionales, que encuentran mayor potencial de crecimiento, seguridad jurídica, estabilidad política y unas regulaciones y sistemas educativos más propicios para la innovación en los países desarrollados y en Asia emergente. Algo que también se refleja en su pérdida de peso en los mercados financieros: las acciones de la región ponderan ya menos del 10% en los índices de mercados emergentes, y por tanto poco más del 1% en los índices mundiales.
En unos años de aceleradas transformaciones estructurales, Latinoamérica volverá a evidenciar en 2022 que no escapa de sus preocupantes dinámicas políticas y económicas, y que se arriesga a perder el tren del futuro. El enfoque de inversión en esta región tendrá que seguir siendo muy selectivo, teniendo en cuenta las grandes oportunidades que generan las revoluciones ecológica y digital en todo el mundo.