Antes de acabar el año, la vicepresidenta económica Nadia Calviño confirmó que el Gobierno añadiría "una adenda" al Plan de Recuperación que contemple la llegada de hasta 85.000 millones en préstamos (a pesar de que desde el gobierno siguen repitiendo que son 70.000 millones para que cuadre con el número tentativo que se dio tras el Consejo Europeo de julio de 2020), una partida que en un principio se había descartado. La idea inicial era quedarse solo con las subvenciones.

Las últimas semanas están siendo complicadas: muchos dirigentes políticos están despertándose de una ensoñación en la que nunca deberían haber caído. El Fondo de Recuperación se vendió como una panacea, como si ya estuviera todo hecho y la salida de la crisis sanitaria estuviera ya a punto. Pero la realidad es tozuda: como demuestran los datos del FMI, del Banco de España y de otras entidades financieras, España no está creciendo al nivel que debería.

El Fondo de Recuperación se vendió como una panacea, como si ya estuviera todo hecho y la salida de la crisis sanitaria estuviera ya a punto

Tanto está aumentando la brecha con otros países de la UE que España ahora pasaría a considerarse receptor de fondos de cohesión. Sirva como ejemplo que Eslovenia nos ha superado en PIB per cápita durante el tercer trimestre del año, una situación inédita y que vale como foto fija de la irregular salida de la crisis que estamos viviendo.

En gran parte esto se debe a las innumerables trabas burocráticas y la improvisación e incapacidad del Gobierno para contar con la participación de las comunidades autónomas, que son las que tienen que poner en marcha la gran mayoría de las convocatorias y que, hasta ahora, han sido relegadas como meras gestoras. Ejemplo de esta improvisación es que la solicitud de los créditos en 2022 -y no en 2021, junto con el plan inicial, lo que han hecho países como Italia- hace que hayamos perdido el 13% de prefinanciación que ya no nos darán.

El reciente anuncio del Gobierno para contar también con préstamos no es necesariamente malo, ya que la situación económica y el reciente anuncio del BCE de retirada gradual de estímulos lo avalan. Y concede una segunda oportunidad para hacerlo bien, para no cometer de nuevo los errores del pasado.

Ahora se abre la puerta a repensar todo el plan, a proponer inversiones mucho más orientadas a personas y no a grandes infraestructuras. Lo ideal hubiese sido seguir el ejemplo de otros países vecinos como Grecia, Italia y Francia, con sus comités de expertos, pero mucho me temo que para eso sí que vamos demasiado tarde. Lo que sí puede hacer ahora el Gobierno es elaborar una propuesta que tenga en cuenta de verdad la realidad de los territorios y las necesidades de las comunidades autónomas. Al fin y al cabo, estas serán las encargadas últimas de administrar el dinero de Bruselas, y todas ya denuncian desde hace meses que, si se convierten en meras gestoras de fondos y proyectos, lo más probable es que estos no se adapten a la realidad de cada territorio. Suena totalmente lógico.

Tenemos ejemplos recientes de lo que supone un fracaso en la gestión de los fondos. En marzo, el Gobierno proyectó 7.000 millones de euros en ayudas directas a pymes para paliar el golpe del coronavirus. Con el paso de los meses vimos que no se habían repartido ni la mitad, lo que nos sitúa en desventaja competitiva con el resto de los países europeos y, sobre todo, nos deja perplejos al comprobar que no hay la capacidad necesaria para inyectar en la economía real, que es la que importa, el despliegue de recursos.

También vamos con retraso en los fondos estructurales 2014-2020. Es tan preocupante como parece: se están solapando distintas líneas de financiación que tienen luz verde desde Bruselas. Desde el Gobierno se hablaba del fin de la Europa de la austeridad, de presupuestos expansivos. ¿De qué sirve todo esto si, cuando tenemos el dinero a nuestra disposición, no atinamos a ponerlo donde verdad importa?

Con los fondos de recuperación vemos que se toma el mismo sendero y no se solucionan los problemas burocráticos que ya son evidentes. La ley que plantea una simplificación de los trámites para el acceso de las pymes y los autónomos a estas ayudas lleva 10 meses metida en el cajón. No sé si están esperando a que ya no haya fondos para desarrollarla, pero su tramitación es urgente: el plan de recuperación tiene un periodo mucho más corto que los fondos estructurales a los que estamos acostumbrados. Con este dinero no vale procrastinar.

La receta es clara: comunicación entre administraciones y mucha más agilidad burocrática para tramitar un dinero destinado a cambiar nuestro futuro. Urge que el Gobierno lo haga bien esta vez y coja el último tren que se le presenta. Nos jugamos demasiado.

*** Susana Solís es eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento europeo.