La Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la Asociación de Interventores y Auditores del Estado, la Asociación de Diplomáticos Españoles, y la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado reconocen que es bueno que los sistemas de selección en la Administración Pública se adapten a las realidades de cada momento, como se ha venido haciendo en el pasado. Pero también subrayan con firmeza que los cambios radicales pueden dar lugar a consecuencias no deseadas en la prestación de servicios a nuestros ciudadanos.

Preocupados por algunas de las orientaciones estratégicas presentadas el pasado mes de mayo por el entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, estas cinco asociaciones abogan por continuar con el sistema de acceso por oposición, por estimar que cumple con los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantiza la especialización y la excelencia, además de contar con una amplia aceptación y legitimación social.

En mayo el Ministro Iceta y la Directora General de Función Pública habían destacado la necesidad de reducir tanto los procesos selectivos a mitad de tiempo como las pruebas de memorización, y de potenciar, al mismo tiempo, las pruebas prácticas y la promoción interna.

En el documento suscrito por las cinco asociaciones se admite la conveniencia de agilizar los plazos en los procesos de selección, siempre que ello no se traduzca en una merma de la evaluación de los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones de cada cuerpo.

El texto aboga por mantener la parte teórica-memorística y complementarla -en ningún caso sustituirla- con la parte práctica. Se defiende el mantenimiento de los exámenes orales y la exigencia de los idiomas obligatorios de cada cuerpo. Se sugiere fomentar la promoción interna, pero solo en aquellos cuerpos donde tenga cabida la mejora del sistema ya existente y, desde luego, nunca en aquellos cuerpos que no admiten esta vía.

Por último, se reconoce la necesidad de fomentar la diversidad social y territorial, sin menoscabar en ningún caso el grado de exigencia y búsqueda de la excelencia; implementar un sistema de becas para la preparación de oposiciones y complementarlo con créditos blandos con aval público; favorecer el reconocimiento de los años de preparación; garantizar la independencia del funcionario; favorecer la conciliación de la vida personal y profesional, así como la atracción y retención del talento mediante un sistema de retribución que evite la fuga de funcionarios hacia la empresa privada.

Pero más allá de la firme posición que las cinco asociaciones mantienen en relación con numerosas cuestiones relacionadas con el acceso a la Función Pública, interesa destacar el significado del documento: el deseo y la voluntad de cinco asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración de participar y ser protagonistas del debate que se ha abierto en relación con la eventual reforma del sistema de acceso a la Función Pública.

Estas Asociaciones tienen ideas y posiciones muy claras que desean trasladar a los responsables del Gobierno implicados en la reforma con los que pretenden establecer un diálogo sereno, continuo y fructífero que tome en cuenta las preocupaciones e intereses de los colectivos afectados. Es por ello que hemos invitado a asociaciones de otros cuerpos superiores a adherirse a nuestro escrito.

En este sentido, esperamos y deseamos que el incipiente y tímido diálogo iniciado en los meses pasados se consolide y se refuerce en el inmediato futuro a través de los oportunos contactos con los responsables gubernativos.

Todo ello recordando que los motivos principales que impulsan a estas Asociaciones en este proceso son la necesidad de asegurar una prestación de servicios a nuestros conciudadanos de la máxima calidad y la consolidación de una Administración pública profesional, eficaz e independiente.

*** Jorge Hevia Sierra, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE).