Estamos en una espiral. En un razonamiento muy simple, como el que trasladarán este miércoles los sindicatos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha subido la luz, su encarecimiento ha provocado que suba el IPC -la cesta de la compra de los españoles- y por tanto, deben subir los sueldos de los 'más vulnerables', esto es, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
De hecho, las pensiones para 2021 ya están blindadas. Y si el Congreso da luz verde a la primera parte de la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, los pensionistas de hoy tendrán garantizado su poder adquisitivo suba lo que suba el IPC. Los del mañana veremos porque falta por conocer el desarrollo y la letra pequeña de la segunda parte de esa reforma (la más impopular).
De momento, el repunte de la inflación puede suponer un 'gasto extra' en pensiones el próximo año superior a 2.000 millones de euros, mientras el Factor de Equidad Intergeneracional todavía no ha llegado al Consejo de Ministros (debe hacerlo antes de que acabe el año).
Si seguimos analizando la espiral, llegamos a la cara menos amable, la que nos recuerda que hay que apretarse el cinturón. España no acaba de controlar su deuda pública. Y si los precios siguen subiendo en la zona euro, como ya está certificando Eurostat, el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que endurecer su política de tipos de interés tarde o temprano.
La conexión entre la evolución de los salarios y la inflación es de sobra conocida, pero la permanencia e intensidad de los estímulos monetarios permiten dejar en un segundo plano ese debate.
La revisión de estrategia que ha aprobado Fráncfort bajo el mandato de Christine Lagarde da margen para retrasar la temida subida del coste del dinero, pero no sine die. Y no se puede cantar victoria, teniendo en cuenta que Alemania está a punto de cambiar de canciller. Veremos lo que nos depara la Europa 'post Merkel'.
Cuando el BCE empiece a retirar estímulos -sin que sea preciso que suba tipos-, el coste de la deuda comenzará a ser una losa para España. Hay que tener en cuenta que el Tesoro ha podido hacer emisiones récord en la pandemia y llegar a financiarse gratis gracias al respaldo del banco central.
Esta ilusión monetaria de la que vienen advirtiendo economistas, como Daniel Lacalle en sus columnas de Invertia, ha sido, en realidad, el gran balón de oxígeno con el que ha contado este Gobierno para capear la pandemia.
Pero el Ejecutivo sabe que esa ayuda no será eterna y aunque está aplazando tomar medidas impopulares, tiene en marcha una reforma fiscal para recaudar más con una subida de impuestos que entre en vigor, si puede ser, cuando pasen las elecciones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía previsto conseguir más ingresos este año a cuenta del recibo de la luz de los españoles. Pero la escalada de los precios de la energía en los últimos meses ha sido de tal calibre que ha alterado esa hoja de ruta forzando a renunciar a parte de esa recaudación con la reducción del IVA y la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica.
Veremos si la presión popular no fuerza a anunciar nuevas bajadas de impuestos en el recibo de la luz, ya que todavía hay margen para reducir el IVA de la electricidad hasta el 4%.
Líderes de UGT ya han advertido en público que el incremento del IPC en agosto, del 3,3%, hace que sea "imprescindible" que los sueldos se adapten al alto coste de la vida.
Este miércoles los empresarios responderán que las empresas también están asumiendo ese coste. Y que la facturación de algunos de los sectores más afectados por el SMI -en especial, el turismo- va a ser menor en 2021 que en 2019.
Díaz planteará una subida "cosmética" del salario mínimo, pero la luz seguirá subiendo, con lo que el desgaste del Gobierno está asegurado. Los sindicatos tratarán de negociar un incremento mayor del SMI si no para hoy, para el fin de la legislatura. Pero que la legislatura aguante depende de muchas cosas. Entre otras, de que Lagarde no apriete el botón de la retirada de estímulos antes de lo esperado. M