Todo el mundo se acuerda del refrán castellano: "Quien parte y reparte se queda con la mejor parte". ¿Está justificada la duda?

Ya se sabe que, como decía un profesor de Contabilidad: "Los números convenientemente torturados dicen lo que se quiera". Por tanto, aunque el reparto se justifique con argumentos cuantitativos, siempre es posible sospechar de lo que los expertos digan. Máxime si esos expertos están al servicio de una entidad política. Un ejemplo lo estamos viendo en las encuestas del CIS de Tezanos. Los números son los que él dice, hechos por expertos, pero nadie se los cree.

Siempre se puede dudar de algo que se presenta como "objetivo", especialmente si se fundamenta en cifras. Basta con discutir el origen de los datos y los procesos de cálculo.

Todavía más si los que comunican esas cifras tienen interés en que queden de una determinada manera. Entonces tambalea su credibilidad. De ahí que la decisión de que sea el Consejo de Ministros en pleno y no un comité, o comités independientes, el que reparta esos fondos, haya añadido sospechas a la imparcialidad de las decisiones.

Aunque el reparto se justifique con argumentos cuantitativos, siempre es posible sospechar de lo que los expertos digan

Por eso, es sospechoso que la Generalitat acudiese de manera apresurada y tardía a la reunión multilateral donde se anunció ese reparto. Dio la impresión de que había habido una negociación bilateral antes y, solo cuando está dio el resultado adecuado, la representante del Govern se decidió a acudir.

También es sospechosa la coincidencia de la reunión multilateral autonómica del reparto con otra "discreta" y sorpresiva en la que se anunció la inversión de 1.700 MM de euros en el aeropuerto del Prat. Gobierno y Generalitat aducen que no hay nada extraordinario, que era un acuerdo decidido hace mucho tiempo (más de tres años). Lo ratifica el anuncio del PP aduciendo que la decisión fue tomada en la época de Rajoy. El Gobierno anuncia, a la vez, una inversión similar en el aeropuerto de Barajas. Todo para evitar la sensación de favoritismo.

No obstante, la sensación de que Cataluña y Euskadi tienen más números en la lotería que otras autonomías para recibir fondos está en el ambiente. La avala la situación de necesario apoyo parlamentario de ERC y el PNV al Gobierno minoritario PSOE-UP en el Congreso. La co-gobernanza parece más una coartada que una realidad objetiva.

En todo caso, parece razonable que si se quiere que los fondos lleguen al tejido productivo español sean las administraciones más cercanas al tejido productivo, que conocen bien el terreno, las que los repartan. El 90% de la estructura productiva española está compuesta por pymes y autónomos. Pymes y autónomos que tienen más sencillo acercarse a sus administraciones autonómicas y locales.

Una vez realizado ese reparto del 55% de los fondos, serán los diferentes gobiernos autonómicos los responsables de distribuirlos

Por tanto, una vez realizado ese reparto del 55% de los fondos, serán los diferentes gobiernos autonómicos los responsables de distribuirlos. Y ahí, en este segundo nivel, también puede haber sospechas.

Porque el otro refrán que viene a la memoria de los españoles es el de: "Administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga". La experiencia de los repartos autonómicos, como los ERE andaluces, es que se administró y se "tragó" mucho. Aún están por acabar todos los juicios de ese asunto.

Por eso, las Autonomías deben extremar el cuidado en la administración de esas ayudas. Con una "intervención económica previa" rigurosa con cuyas decisiones los políticos deben ser respetuosos.

Una rigurosidad que debe combinarse con la eficacia y la eficiencia. Ese es el reto: conseguir que los fondos lleguen a quienes las necesitan y puedan rentabilizarlos económica y socialmente, de manera ágil y rigurosa.

Esperemos que el Tribunal de Cuentas no tenga exceso de trabajo dentro de un tiempo. Sería una lástima. Hay que evitar que los refranes se cumplan.