Si no tenemos esto claro, no podremos proteger a esos ciudadanos y nos seguiremos sorprendiendo por las subidas 'inesperadas' de la factura de la luz. Si la transición ecológica se gestiona bien, se limitará su coste económico. Si se hace mal, se disparará. Que tenga cuidado el Gobierno porque jugar con el recibo eléctrico puede salir también muy caro en términos electorales.

Hace dos años y medio, Emmanuel Macron se enfrentó a los 'chalecos amarillos' por un intento de subir los impuestos al combustible. Acabó renunciando a esa subida fiscal y la decisión vino acompañada de un paquete de medidas sociales para calmar los ánimos de la calle. Ahí queda la lección de hasta dónde puede llegar a tensionar a una sociedad el encarecimiento de un bien necesario, como es la energía.

Pedro Sánchez es consciente de la amenaza y de ahí la "sensibilidad" que dijo tener este miércoles ante lo que calificó, ante Ursula von der Leyen, como "incremento desorbitante" del precio de la luz.

Su vicepresidenta, Teresa Ribera, ya tiene sobre la mesa una suspensión temporal del impuesto sobre la electricidad, similar a la que aprobó hace dos años. Esto supondría una rebaja del 7% y podría completarse con la desactivación acotada en el tiempo del 'céntimo verde' que afecta a los combustibles destinados a producción eléctrica. Veremos si es suficiente para compensar el subidón de la factura energética de los hogares españoles.

Los precios récord que está experimentando la electricidad no se deben a la nueva factura de la luz que entró en vigor el 1 de junio y que, evidentemente, complica la posibilidad de ahorrar a los hogares en los tramos de mayor demanda.

Se deben a que los derechos del CO2 están disparados. Se diseñaron con el objetivo de poner coste a la contaminación, pero no se quiso explicar bien lo que era evidente para muchos: que iban a exigir un esfuerzo a la ciudadanía del que por cierto, se están beneficiando los Estados en un momento en el que es necesario ingresar más para financiar el coste de la pandemia, ya que cada país recauda por ellos.

Los derechos de CO2 se diseñaron para poner coste a la contaminación, pero no se quiso explicar que iban a exigir un esfuerzo a la ciudadanía

En el caso de España, se calcula que esos derechos podrían dejar este año al Ministerio de Hacienda unos 2.200 millones de euros. Se trata de casi el doble de lo que venía recaudando hasta ahora por ese concepto. ¿Podría hacer María Jesús Montero un esfuerzo adicional para rebajar la factura de la transición ecológica de los españoles a nivel particular?

Asumir estos costes no es lo mismo para países como Alemania, que para España. Y sin embargo, vamos todos en el mismo barco en esta transición. Es por esto por lo que gestionar con seriedad una cuestión que afecta a la competitividad de nuestro país, a los bolsillos de los hogares y a la recuperación de las empresas y la industria es vital para que la transición ecológica no ahonde aún más en la brecha que nos separa de los países más avanzados de Europa.

La subida de la luz coincide con otra mala noticia para los ciudadanos: la gasolina está en máximos. Otro golpe para los consumidores de difícil digestión para el núcleo de los votantes de PSOE y Unidas Podemos.

Quizás, de ahí que se aceleren ahora medidas como la congelación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, que acordaron este miércoles los dos socios de Gobierno.

Por desgracia, la factura energética seguirá generando polémica (y más gasto para los ciudadanos) en los próximos meses.

Hablaremos de recortar los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, pero también del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que vendrá acompañado de un traslado a los consumidores del incremento del coste del gas y los hidrocarburos.

Con este panorama, aquellos ciudadanos y empresarios que puedan, se irán pasando al autoconsumo. Ese es el objetivo. Solo que no nos explicaron que el liderazgo en la transición ecológica iba a ser cosa solo de los que el Gobierno llama "los ricos".