El sector de las autoescuelas en España mueve en la actualidad más de 500 millones de euros al año y el número de personas que obtienen el permiso de conducir se ha visto reducido a la mitad (un 50%) desde el 2009, cuando la cifra se situaba en, aproximadamente, el millón de personas.

Las circunstancias actuales hacen más necesaria que nunca una profunda transformación de un sector, el de las autoescuelas, que sin duda ha sido uno de los más castigados por la crisis sanitaria de la Covid-19.

Las consecuencias han sido devastadoras, como demuestra el elevado número de profesores de formación vial en situación de ERTE, según la patronal CNAE, y la cantidad de cierres de autoescuelas que se han producido hasta la fecha. La pandemia ha evidenciado su fragilidad y las consecuencias de resistirse durante años a salir de su zona de confort, reinventarse y digitalizarse, algo que ya ha dejado de ser opcional en el mundo en el que vivimos.

El modelo de educación vial en España está obsoleto; la sociedad se ha descentralizado, vivimos en la era de la inmediatez y del consumo de contenidos a la carta. Ahora las personas aprenden dónde y cuándo quieren. Las autoescuelas tradicionales no han sabido ni están sabiendo transformarse y se han limitado a trasladar el modelo de enseñanza offline al online.

No han variado ni su filosofía de aprendizaje, ni su estrategia de negocio, ni la pedagogía que debe acompañarlo. Siguen obligando a sus alumnos a pasar por la autoescuela para trámites, papeleos y consultas a pesar de ser operaciones que podrían realizarse perfectamente desde un teléfono móvil o un ordenador.

En este contexto, no hace mucho, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció por todo lo alto una renovación enfocada en la experiencia de usuario y presentó una aplicación, 'miDGT', que permite que el titular de un vehículo pueda llevar tanto el permiso de conducción como la documentación del automóvil en su teléfono, y en el futuro prometen incorporar nuevas funcionalidades administrativas.

Sin embargo, creemos que se trata de una medida limitada e insuficiente. Todavía quedan muchos trámites físicos por extinguir en las Jefaturas Provinciales de Tráfico, sobrecargadas y marcadas por una disponibilidad insuficiente de citas, por no hablar de la disparidad de criterios en función del territorio (competencias transferidas, independencia de cada Jefatura, etc.).

Resulta llamativo que se siga obligando a las autoescuelas y a los alumnos que se examinan por libre a presentar documentación de forma presencial en cartulinas de colores, algo absolutamente inconcebible en otros países europeos, donde desgraciadamente nos llevan bastante ventaja en esto de la digitalización y, en consecuencia, en mejorar la resiliencia y rentabilidad de los negocios.

Tanto en Reino Unido como en Francia –donde las autoescuelas digitales constituyen el 50% del mercado–, países que hace tiempo que se abrieron a la formación online, las autoescuelas cuentan con mejores resultados económicos que en España.

Digitalizada para recaudar

Para lo que sí somos un país con una tecnología realmente sofisticada y avanzada es en lo relativo a recaudar impuestos a través de la penalización de infracciones de tráfico. En eso somos de los mejores de Europa.

La app de la DGT supone una mejora notable en la labor de control por parte de la Administración; su tecnología se aplica a la gestión documental y de multas, así como a la persecución de prácticas irregulares. No en vano, la principal fuente de financiación de la DGT son las tasas, sanciones de tráfico y multas que cobra a todos los ciudadanos -entre 2014 y 2018 se han se han recaudado aproximadamente 5.000 millones de euros-.

Somos un país con una tecnología realmente sofisticada y avanzada es en lo relativo a recaudar impuestos a través de la penalización de infracciones de tráfico

Un organismo público como la DGT, cuya prioridad es la seguridad vial, debería centrar sus esfuerzos y recursos en abanderar la innovación en materia pedagógica y poner la formación en el centro de sus objetivos.

Está bien digitalizar los mecanismos de control y recaudación, ya que las sanciones han demostrado su efecto disuasorio, pero más importante aún es digitalizar los servicios que la DGT ofrece a los ciudadanos y a las autoescuelas.

La DGT debe adaptar su funcionamiento al sigo XXI y aprovechar el potencial de la formación vial digital para conseguir conductores más seguros y responsables en la carretera. 

Monopolio y barreras

En España el sector de las autoescuelas está monopolizado por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que en la práctica ha sido durante décadas el único interlocutor de la DGT para decidir sobre la educación vial en nuestro país.

No obstante, esta asociación, que representa a la mayoría de las autoescuelas tradicionales, lleva décadas resistiéndose al cambio del modelo de negocio, a la digitalización y a que entren nuevos actores con ideas o métodos innovadores -y más adaptados a lo que demanda la sociedad hoy-, porque se pondría en riesgo su estatus quo.

No es llamativo que esta resistencia al cambio se produzca en un sector que nunca ha sido especialmente transparente en lo relativo a la gestión y costes de las autoescuelas y en el que la digitalización supondría una mayor trazabilidad de los datos y, por tanto, una mayor transparencia.

 Aunque CNAE ha mostrado recientemente algunos desencuentros con DGT -falta de examinadores, retraso en los exámenes, etc.-, son muchos los puntos que les han unido durante las últimas décadas, de tal forma que a veces no se sabe muy bien dónde acaba la DGT y dónde empieza CNAE.

Como ejemplos tenemos, por un lado, los trámites de las autoescuelas ante las Jefaturas Provinciales, donde en ocasiones solo te atienden si vas con los formularios de la asociación provincial de CNAE y; por otro lado, con todo lo relativo a los cursos de recuperación de puntos que DGT adjudicó a CNAE y cuyo régimen de licitación fue anulado por la Audiencia Nacional por sus irregularidades, y está ahora pendiente de sentencia firme por parte del Tribunal Supremo.

Las barreras regulatorias están recogidas en un reglamento de autoescuelas más propio de una sociedad ochentera. Una de ellas, la obligatoriedad de abrir un local en cada provincia en la que quieras dar clases prácticas a alumnos (algo que, por cierto, va en contra de la legislación europea y que ha sido tácitamente derogado por una normativa de rango legal posterior) está siendo una verdadera soga en el cuello para aquellas autoescuelas que más están sufriendo los problemas económicos derivados de la pandemia, al tener que hacer frente a los gastos de un local físico frente a negocios 100% digitales.

Además, para las autoescuelas digitales esta exigencia supone una clara restricción injustificada, desproporcionada y discriminatoria.

El pasado 4 de noviembre, Pere Navarro afirmó en su comparecencia en la Comisión de Interior que "el futuro es digital y tenemos que hacer todos un esfuerzo por avanzar en la administración telemática".

Esperamos que estos avances se produzcan más pronto que tarde, porque los alumnos son las grandes víctimas de este galimatías. El retraso en aplicar la administración electrónica en la DGT está dificultando a cientos de miles de ciudadanos el ejercicio de su derecho a examinarse para obtener el permiso de conducir que, en muchos casos, supone un requisito para poder acceder a un empleo.

O la gravísima situación de discriminación de los miles de alumnos que deciden presentarse por libre, a los que apenas se les da fechas de exámenes, ya que no suponen ningún tipo de ingreso para las autoescuelas, al limitarse a pagar únicamente las tasas de exámenes y no todas las tasas que imponen las autoescuelas para sufragar su mantenimiento.          

No nos engañemos. Hablar de una nueva DGT pasaría esencialmente por adaptar una regulación caduca y desactualizada, además de acabar con el monopolio y la falta de transparencia de las autoescuelas tradicionales.

El siguiente paso sería transformar el sistema de formación vial para adaptarlo a las necesidades del mundo actual, en el que las instituciones deben poder ofrecer una metodología flexible en la que se integren la formación presencial y la online y en la que la digitalización no solo se ponga al servicio de un mayor control y recaudación, sino también de la mejora del proceso educativo y capacitación de los conductores.

El sector necesita ya una voz diferente, transparente y eficiente que sea coherente con los tiempos que estamos viviendo.

*** Miguel González-Gallarza es CEO de Onroad y Presidente de la Plataforma de Autoescuelas Digitales.