Este martes comienza el debate y votación de las 3.793 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado en la Comisión de Presupuestos. La mayoría de las enmiendas son rechazadas, pero en unos días se modificarán más de 100 leyes que afectan de un modo u otro a los ingresos y gastos públicos.

Las enmiendas que son aprobadas en la Comisión de Presupuestos no se vuelven a votar en el Pleno del Congreso, y que se lleven al BOE sólo dependerá de que el Presupuesto se apruebe en su conjunto o sea rechazado; especialmente si el Senado, como parece y ya ocurrió en 2017, no ejerce sus competencias legislativas.

En este importantísimo debate ha vuelto a aparecer una vieja enmienda que ha sido rechazada en múltiples ocasiones: la creación del Cuerpo Superior Técnico de Hacienda.

En este cuerpo quedarían integrados los actuales funcionarios de los cuerpos técnicos de Hacienda, Contabilidad y Auditoría y Gestión Catastral. No parece una cuestión tan importante, pero ya ha hecho correr ríos de tinta, porque sí es una cuestión importante.

En primer lugar, supone reclasificar a un cuerpo superior a varios miles de funcionarios que opositaron y ganaron una plaza en cuerpo de otra categoría: en concreto, supone reclasificar al subgrupo A1 a funcionarios del subgrupo A2 sin pasar ninguna oposición, curso o trámite selectivo: a todos sin excepción. Por supuesto, esto supondría subirles el sueldo a todos ellos, lo que supone un incremento del gasto público.

Pero más allá de eso, en mi opinión, es un planteamiento claramente inconstitucional, ya que el artículo 103 de la Constitución exige que a la función pública se acceda en función de mérito y capacidad. Por otra parte, el artículo 23 de la Constitución exige que este acceso se haga en condiciones de igualdad. En consecuencia, a los niveles directivos de la Hacienda Pública se tiene que acceder demostrando mérito y capacidad y no mediante una reclasificación masiva e incondicionada.

A los niveles directivos de la Hacienda Pública se tiene que acceder demostrando mérito y capacidad y no mediante una reclasificación masiva e incondicionada

Naturalmente, a los que accedimos por oposición a uno de los Cuerpos Superiores del Ministerio de Hacienda, en mi caso al de Inspectores de Hacienda, nos parece que este planteamiento es profundamente injusto.

Por eso, todas las tres organizaciones profesionales, tanto la de Inspectores, como las de Interventores y la del  Cuerpo Superior de gestión Catastral, así como la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) han emitido un Comunicado conjunto expresando su rotunda oposición, como ayer informaba este periódico.

Pero que se ignoren los principios de mérito y capacidad en el acceso y la promoción en la función pública es algo que nos afecta a todos. Como han puesto de manifiesto prestigiosos asesores fiscales, la competencia y capacidad demostrada de los funcionarios que tienen encomendadas las importantes funciones, entre otras, de la aplicación del sistema tributario y aduanero, y del control del gasto público, es fundamental para todos.

Todos nos beneficiamos de que estas importantes funciones se realicen por funcionarios que hayan acreditado su preparación para ellas y no para otras competencias, que también son necesarias.

Pero, lo peor de todo es que cualquier Organización necesita una organización, perdonen la redundancia, y la Administración Tributaria, la Intervención General o el Catastro no son una excepción.

Atribuir a los futuros técnicos superiores de Hacienda las mismas funciones que ahora desarrollan, en concreto los inspectores de Hacienda sólo conduce al caos. Porque, en ese caso, ¿quién realizaría las actuaciones que actualmente desarrollan los Técnicos de Hacienda? En la redacción de un periódico, todos no pueden ser redactores-jefe. En una auditora no todos pueden ser jefes de equipo.

Podríamos seguir con las comparaciones, pero toda la teoría de la organización se basa en los principios que pusieron en práctica ya las legiones romanas y la Iglesia Católica: división del trabajo, la responsabilidad y la jerarquía. Y esto sigue siendo un modelo muy superior al "ejército de Pancho Villa".

Atribuir a los futuros técnicos superiores de Hacienda las mismas funciones que ahora desarrollan, en concreto los inspectores de Hacienda sólo conduce al caos

Incluso obviando esta cuestión elemental, no se comprende el razonamiento de los promotores de la enmienda, uno de los sindicatos de funcionarios del Cuerpo Técnico, Gestha, de que con esta enmienda se reduciría sustancialmente el fraude fiscal en España.

Si una organización sigue haciendo lo mismo que antes, con los mismos medios humanos, 25.000 funcionarios, y medios materiales y técnicos, entonces: ¿Por qué se va a ser más eficaz en la lucha contra el fraude? ¿Por haber creado un caos de competencia sin parangón? ¿Sólo por subir el sueldo fijo a varios miles de funcionarios?

En la justificación de esta enmienda, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señalaba en declaraciones a Invertia, que esta enmienda permitiría superar "distintas limitaciones y normas internas que imposibilitan que los técnicos puedan continuar las acciones contra determinados delitos fiscales y que tengan que pasar a un inspector".

En realidad, en un Estado de derecho, son los jueces los que condenan por delitos fiscales o de otro tipo. Pero, además, sea cual sea el funcionario que descubra indicios de delito, sólo los máximos responsables de la Agencia Tributaria a nivel territorial o central, los Delegados Especiales y los directores de Departamento pueden denunciar un delito contra la Hacienda Pública.

En fin, ni son admisibles insinuaciones de que los inspectores no profundizan las actuaciones cuando hay indicios de delito, ni se puede admitir que cualquier funcionario denuncie a un contribuyente sin verificar que existen indicios racionales de criminalidad.

Nuevamente, este tipo de planteamientos a lo único que conducen es a llevar el caos y los cuellos de botella también a los juzgados y Tribunales, además de poco respetuosos con los derechos y garantías de cualquier ciudadano.

En un Estado de derecho, son los jueces los que condenan por delitos fiscales o de otro tipo

Lo sorprendente de los partidos que han presentado esta enmienda es que ignoran que el Congreso ya ha incrementado los medios y las competencias en la lucha contra el fraude. Sólo en los últimos años, y por citar sólo cuestiones que conozco de primera mano por haberlas promovido como diputado: por una parte, se incrementó el presupuesto de la Agencia Tributaria en el presupuesto de 2017. También, mediante el Real Decreto-Ley 13/2017 se realizó una oferta de empleo público extraordinaria tanto en el ámbito de la lucha contra el fraude, como en el del control del gasto público.

Este Real Decreto Ley se aprobó por unanimidad e incluía, a propuesta del partido del que era portavoz, Ciudadanos, la autorización expresa de los nuevos instrumentos de ordenación de Recursos Humanos en la Agencia Tributaria, lo que permitió aumentar las competencias, la promoción y la carrera profesional de muchos funcionarios.

Aún así, es razonable que un sindicato persiga incrementos retributivos, mejoras en la movilidad de los funcionarios, mejora en la carrera profesional… aspectos en los que muchos técnicos de Hacienda consideran, en mi opinión con razón, que hay margen de mejora, pero, el sistema no puede consistir en reclasificar a todos los funcionarios de un cuerpo a las funciones y retribución de otro superior, "por decreto".

Por todas estas razones, yo ya voté en contra de esta enmienda en el Congreso. Pero, ya no estamos en 2017. Y en 2020, las prioridades deberían ser otras. El debate y los medios que se emplean en algunas cuestiones oscurecen otras. Los medios y los recursos no son infinitos.

Si hay empleados públicos que han hecho un esfuerzo extraordinario y que continúan haciéndolo, son los sanitarios. Por todo esto, creo que estamos ante un debate inoportuno, reiterativo, y que no aporta nada a la lucha contra el fraude: esta enmienda debería ser rechazada una vez más.

*** Fracisco de la Torre es inspector de Hacienda, exdiputado y expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.