La reforma de las pensiones y la Covid-19

En fechas recientes, la crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto el agravamiento de los problemas de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones español. El Ministerio de Seguridad Social espera un déficit del 4,1% del PIB en 2020.

En la crisis financiera de 2008, que provocó un déficit del conjunto de las Administraciones públicas que llegó al 11% del PIB, las reglas de control presupuestario impuestas por Bruselas derivaron en las importantes reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013, que supusieron dos pasos en la buena dirección para alcanzar su sostenibilidad financiera.

Estas fueron principalmente la ampliación del número de años en el cómputo para el cálculo de la pensión, el retraso de la edad de jubilación, la instauración del factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP).

La crisis derivada de la Covid-19 no ha implicado, de momento, ajustes fiscales como la crisis anterior, permitiendo un aumento espectacular del déficit público. Ello ha provocado que en este caso no se estén proponiendo reformas ambiciosas del sistema de pensiones, más bien al contrario.

Una de las iniciativas que se barajan en el Pacto de Toledo es la actualización de las pensiones con el IPC, lo que supone la derogación de facto de la reforma de 2013.

Sin embargo, cuando pase la pandemia y la economía consiga recuperar el vigor previo, los problemas estructurales de la Seguridad Social no habrán desaparecido, y simplemente habremos perdido un tiempo vital para realizar las verdaderas reformas necesarias, con un menor margen de maniobra porque la deuda pública habrá alcanzado valores que superarán previsiblemente el 120% del PIB.

Cuando pase la pandemia y la economía consiga recuperar el vigor previo, los problemas estructurales de la Seguridad Social no habrán desaparecido

En 2019, antes de la covid-19, con un déficit del sistema de pensiones de 16.793 millones de euros (un 1,3% del PIB), nos encontrábamos que por cada persona de 65 años o más (potencialmente perceptora de una pensión) existían 3,3 personas en edad laboral (de 16 a 64 años) potencialmente cotizantes.

Las proyecciones del INE apuntan a que en 2050 por cada persona mayor de 65 años solamente habrá disponibles para trabajar 1,8. Es fácil adivinar entonces qué pasará con el déficit del sistema. Este es el conocido efecto del envejecimiento de la población.

Por otro lado, el sistema de pensiones presenta un fuerte déficit actuarial que consiste en que cada participante recibe del sistema un volumen de pensión superior a las cotizaciones que ha hecho a lo largo de su vida. Actualmente, el Banco de España calcula que por cada euro que aporta cada cotizante, al final de su vida habrá recibido del sistema de pensiones 1,7 euros.

Cuando se ofrece esta tremenda rentabilidad nos encontramos con un típico Juego de Ponzi, que sólo se puede mantener con numerosos nuevos cotizantes que lo financien, cuestión esta que nuestra demografía ya no lo puede permitir.

Esta circunstancia se da principalmente porque el sistema de pensiones se encuentra entre los más generosos de la OCDE, ya que proporciona una pensión pública en el momento de la jubilación que representa el 83% del último salario, mientras que en la OCDE la cifra alcanza el 58,6% (tasa de sustitución neta).

Cuando se ofrece esta tremenda rentabilidad nos encontramos con un típico Juego de Ponzi, que sólo se puede mantener con numerosos nuevos cotizantes

El tercer problema estructural es el alto volumen que ha alcanzado la deuda implícita de la Seguridad Social. En el pasado, las contribuciones a esta eran muy superiores a las prestaciones que se realizaban debido a la entrada en edad laboral de las generaciones muy numerosas de los baby boomers y a un menor número de pensionistas, que tenían una esperanza de vida menor y que a su vez gozaban de pensiones medias muy inferiores a las actuales en relación a los salarios medios (tasa de beneficio).

El exceso de cotizaciones sólo se comenzó a provisionar a partir del año 2000 en el conocido fondo de reserva, ahora ya agotado. En las décadas anteriores, dichos superávits financiaron, en sus correspondientes ejercicios, otros gastos del Estado (por ejemplo, la educación, la defensa, etc.) que no eran las pensiones.

El problema es que todas aquellas cotizaciones pasadas generaron derechos de pensión que no fueron provisionados en su momento y ahora habrá que satisfacerlos sin que estén los recursos disponibles para ello.

Algunas estimaciones cifran estos derechos comprometidos, para los que no hay fondos disponibles, entre el 93% y el 129% del PIB según la metodología aplicada para su cálculo.

Todos estos problemas estructurales anticipan un futuro en el que la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social está más que comprometida, según los más diversos economistas e instituciones.

En tal caso, deberíamos aprender del caso griego en la última crisis financiera, en el que la imposibilidad de seguir financiando su sistema de pensiones les obligó a realizar un ajuste abrupto del mismo que redujo un 15% las pensiones ya causadas y un 40% las nuevas. En consecuencia, amplias capas de jubilados cayeron súbitamente por debajo del umbral de pobreza.

Deberíamos aprender del caso griego en la última crisis, en el que la imposibilidad de seguir financiando su sistema de pensiones les obligó a realizar un ajuste abrupto

En España, las reformas necesarias requieren en cualquier caso de un cierto sacrificio en el presente, para no tener que hacer uno mayor en el futuro. El retraso en la reforma estructural del sistema provocará que el inevitable coste de la reforma se concentre con mayor intensidad en unas cohortes de población más limitadas (seguramente las generaciones del baby boom), lo que provocaría una injusticia intergeneracional en el reparto de la carga de la reforma.

Para poder llevar a cabo las reformas, el primer paso es el de ser totalmente transparente con la realidad en la que nos encontramos, pero sobre todo, la que nos espera en el futuro si dichas reformas no se llevan a cabo.

Por ejemplo, la Seguridad Social americana ofrece proyecciones hasta 2080 del balance de su Seguridad Social que muestra una situación sostenida de déficit estructural. También muestra una evaluación de los impactos que tendrían las distintas políticas de ajuste propuestas.

Todo ello, exponiendo todas las hipótesis introducidas en los modelos. De esta manera, los ciudadanos norteamericanos pueden tomar decisiones personales sobre ahorro una vez que saben qué pueden esperar de su Seguridad Social el día que se jubilen.

La ruta para alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones es bien conocida por todos los especialistas en la materia. Por un lado, retrasar de entrada la edad de jubilación a los 68 años que palía en parte la baja tasa de fecundidad de población.

También adoptar el sistema de cuentas nocionales que permite el pago de las pensiones en función de las cotizaciones pasadas y la esperanza de vida del individuo, siempre contando con un complemento de pensión mínima financiado con impuestos. De esta manera, corregimos el problema del déficit actuarial del sistema.

Además, cabría incluir la instauración de un sistema de aportaciones pseudoobligatorias a cuentas individuales que aumenten el ahorro y que permita compensar la pérdida de puntos en términos de tasa de sustitución de las cuentas nocionales. Este es el sistema basado en pilares muy parecido al sueco, ampliamente reconocido por ser financieramente sostenible y proporcionar pensiones adecuadas y suficientes.

Durante este año y el próximo, el balance financiero de la Seguridad Social presentará un déficit récord causado por la covid-19, pero no solamente por la pandemia.

Sin embargo, las propuestas que se publican en los medios que se están proponiendo en el Pacto de Toledo son las de seguir tomando medidas de impacto limitado. Las causas estructurales que genera el déficit en la actualidad, y el de las próximas décadas, seguirán una vez que la crisis del virus haya pasado.

Sin embargo, continúan sin proponerse las reformas estructurales que ayuden a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo. En definitiva, es probable que la presente crisis suponga un retraso mayor en la adopción de dichas medidas y ello implicará la necesidad de realizar un ajuste que será más profundo en el futuro.

*** Javier Alonso Meseguer es economista de BBVA Research.