Tras una avalancha de críticas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tuvo que salir este jueves a dar explicaciones sobre el retraso de las tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una demora que demuestra dos problemas: la complejidad de las relaciones entre las distintas Administraciones españolas y el error de poner en marcha una renta mínima que fuera permanente y no de emergencia.

La forma que tiene la Administración de decir, "usted no se preocupe, que cobrará con carácter retroactivo" no es consuelo para las familias que están esperando la ayuda en un momento crítico en el que la agilidad es crucial.

Al tratarse de un subsidio para colectivos muy vulnerables son familias que no cuentan con ahorros. Además, se estima que en algunos de los casos, la economía sumergida permitía a esos hogares ingresar algo antes de la pandemia, pero ese dinero dejó de entrar en el confinamiento y de haberse recuperado, es posible que haya sido a cuenta gotas a la vista de la situación económica.

Al igual que han hecho otros países, el Gobierno debería haber aprobado un ingreso mínimo de urgencia para ayudar a las familias en estos meses de pandemia. Se hubiera ahorrado dos meses de cálculos y negociaciones por las disputas internas entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro José Luis Escrivá. 

Aprobar una renta mínima de urgencia no es incompatible con establecer un mecanismo permanente más adelante, una vez que la situación económica se aclare. Hasta entonces, habrá fondos europeos para cubrir las emergencias derivadas de la Covid-19.

Esas familias podrían estar cobrando ya el subsidio. Pero el Gobierno optó por pensar en su agenda política, demorando primero, la entrada en vigor de la medida y después, el cobro.

Como medida excepcional, un ingreso mínimo de urgencia se podría haber ingresado con carácter inmediato para ser revisado después en la declaración de la Renta, de manera que fuese devuelto a Hacienda por el beneficiario en caso de no cumplir con determinados requisitos.

El Gobierno debería haber aprobado un ingreso mínimo de urgencia. Pero optó por pensar en su agenda política y demorarlo

Lo mismo ocurrió con los ERTE. En lugar de escuchar a los empresarios y seguir el modelo danés se optó porque fuera el Gobierno el que hiciera el reparto de los fondos.

En Dinamarca, la entrega del subsidio a los trabajadores que han tenido que parar su actividad por la pandemia se canaliza a través de las empresas. Se ahorran así muchos trámites, ya que éstas tienen todos los datos de los empleados sujetos a los recortes. El Estado transfiere el dinero a la empresa para que pague a los afectados como si fuera una nómina.

En España, se quiso dejar claro que si se cobra es gracias al "escudo social" del Gobierno, así que se evitó contar con las empresas.

El resultado es que todavía hay trabajadores que no han cobrado su prestación por el colapso que ha sufrido el SEPE estos meses ante la avalancha de ERTE. Ese atasco también ha lastrado el pago de los subsidios a las empleadas del hogar.

En Dinamarca, la entrega del subsidio a los trabajadores se canaliza a través de las empresas

Se estima que unos 150.000 trabajadores afectados por ERTE (según el Colegio de Gestores Administrativos) todavía no han cobrado y los nacionalistas de ERC están aprovechando el desastre en esa gestión para pedir las competencias de Empleo.

De nuevo aquí, el interés político primó sobre la voluntad de ser eficiente. Baste recordar las ruedas de prensa con motivo de los datos del paro del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, presumiendo del "elevado incremento de personas protegidas" por el Gobierno o de que el SEPE estuviera gestionando "la nómina más alta" nunca vista hasta la fecha gracias al "escudo social".

Volviendo al IMV, desde el 15 de junio se han recibido 750.000 solicitudes y se han analizado 143.000 -de las que se ha aprobado la concesión de la ayuda a 80.000 (el 56%)-. Se trata de prestaciones que tendrán un coste de 120 millones de euros durante tres meses. 

En ese gasto viene el próximo problema de Escrivá, ya que la condicionalidad a la que estarán sujetas las ayudas europeas nos permite aventurar que España tendrá que lograr el visto bueno de Bruselas al diseño de la medida. De no ser así, el IMV tendría que rediseñarse, con lo que el carácter permanente con el que se aprobó en mayo podría ser más efímero de lo que calculó el Gobierno.