En los últimos 42 años han sido varios los intentos para que las políticas públicas de gasto respondieran a criterios de eficiencia y no a razones meramente políticas o ideológicas. El primero fue promovido por Enrique Fuentes Quintana, quien mediante una enmienda logró incorporar a la Constitución el artículo 31.2 de racionalización, austeridad y control del gasto público.

Con algo más de éxito, aunque  por poco tiempo, lo hizo José Barea, nombrado por José María Aznar jefe de la Oficina Presupuestaria de La Moncloa, en 1996. Al viejo profesor se le conoció entonces como "el pepito grillo" del Gobierno o como "Barea manos tijeras". Logró en apenas dos años un saneamiento de las cuentas públicas de 4 puntos del PIB, lo que permitió a España entrar en la Unión Monetaria con todos los honores. Pero, claro, su obsesión por elaborar Presupuestos por programas, análisis riguroso ex ante y ex post de cada una de las partidas de gasto y el cumplimiento de los objetivos de déficit, le enfrentó con Rodrigo Rato, entonces vicepresidente económico, y abandonó o le cesaron, nunca se supo.

El análisis pormenorizado del presupuesto debería ser una obligación de todo Gobierno. ¿Cuántas veces nos han prometido un presupuesto base cero o una reforma de la Administración para hacerla compatible con ahorro y eficiencia? Muchas. Pero, nunca se ha planteado seriamente cómo ejecutar cada política, quién la va a gestionar y si ésta ha cumplido el objetivo para la que fue presupuestada.  Apenas tímidos retazos. Sólo cuando aprieta cuadrar las cuentas, se abre un debate que no versa sobre la eficiencia de las distintas políticas de gasto, sino de dónde es más rápido obtener recursos o cómo suplir ese desdén con un aumento de los ingresos.

Si dicen que en cada español hay un árbitro de fútbol o un juez, hay que añadir que también hay un ministro de Hacienda. Muchos creen tener la clave de dónde recortar y suele ganar por goleada la reducción de asesores, coches oficiales, ministerios o los llamados chiringuitos. Y, sí, por ahí se van decenas de millones de euros, por lo que sería muy recomendable su revisión.

Sin embargo, cuando estamos hablando de un agujero de las cuentas públicas que en 2019 superó los 30.000 millones de euros y de que este año, como consecuencia de la paralización de la economía y del enorme gasto sanitario para hacer frente a la pandemia del coronavirus, puede llegar a los 170.000 millones, los gestos en forma de asesores o chiringuitos suenan a broma.

Cuando hablamos de un agujero de las cuentas públicas que puede llegar a los 170.000 millones, los gestos en forma de asesores o chiringuitos suenan a broma

Si de verdad el Gobierno quisiera abordar un ajuste fiscal importante que en pocos años logre un cierto equilibrio y no dañe la economía, debería pensar en ajustes importantes del gasto y no en subir impuestos a familias y empresas que pasan por un momento altamente delicado. España va a necesitar recursos de Europa y sí o sí tendrán condicionalidad. Y es muy probable que ésta se dirija a grandes partidas como las pensiones, problema real que habrá que abordar más pronto que tarde.

Mientras, sería muy recomendable sacar del cajón los informes realizados recientemente por la AIRef, el organismo independiente creado en la etapa de Rajoy por recomendación de la Unión Europea. Estos análisis de evaluación del gasto público fueron realizados además en la etapa en la que fue presidente el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y sus conclusiones serían un buen punto de partida para acabar con el secular debate tan español sobre si es factible reducir el gasto público sin dañar las grandes políticas del Estado del bienestar, diseccionando lo que es perfectamente prescindible.

En este sentido, la AIReF dejó reflejado, con pelos y señales, que al menos 30.000 millones de euros de dinero público se gastan en subvenciones, políticas activas de empleo, subsidios, incentivos, política de becas o medicamentos sin criterios de eficiencia, eficacia y transparencia y en un auténtico caos y desbarajuste en su asignación.

Como dijo el "viejo" profesor Barea "el único camino que el sector público puede seguir para demostrar y convencer a la colectividad a la cual sirve de que los fondos que coactivamente le fueron detraídos han sido utilizados de la manera más eficiente posible, es el de establecer un sistema de gestión por objetivos y control por resultados". Amén.