No, el fondo europeo de reconstrucción, cuyo nombre oficial es fondo de "recuperación y resiliencia", aún en la hipótesis más optimista, no evitará ajustes fiscales en los próximos años. Sin embargo, un fondo europeo, suficientemente dotado, y con un porcentaje suficiente de fondos no reembolsables disminuirá la profundidad y duración de la recesión a la que nos enfrentamos.
Lo primero que hay que tener claro es que, aunque la pandemia está teniendo unos efectos muy negativos en la economía, sin Europa y sin el euro, todo hubiese sido peor, mucho peor.
En primer lugar, el Estado se ha podido seguir financiando a un coste razonable. Y eso ha permitido que, a su vez, el Estado haya podido financiar a las comunidades autónomas, a las empresas y a los trabajadores que han sufrido un ERTE. El propio sistema de financiación, en las actuales circunstancias genera un crédito a dos años del Estado a las CCAA. Esto es así porque el Estado recauda menos IRPF, IVA e Impuestos Especiales, que están cedidos parcialmente a las CCAA.
Sin embargo, el Estado entrega a las CCAA unos anticipos a cuenta muy superiores, calculados antes de la pandemia, y las CCAA no tendrán que devolverlo, si no hay prórrogas, hasta 2022.
Además tenemos el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros a las CCAA, que tiene como finalidad financiar el mayor gasto sanitario y educativo. Resulta bastante evidente que el gasto sanitario se ha disparado. En cuanto a la Educación, no parece haber un aumento del gasto de forma tan directa. Sin embargo, para que los alumnos puedan volver a clase va a haber que incurrir en mayores gastos que los anteriormente previstos. Es decir, la educación, como muchos otros servicios se hace más cara, y probablemente se aproveche menos.
Para que los alumnos puedan volver a clase va a haber que incurrir en mayores gastos
En general, uno de los principales problemas económicos más peliagudos que nos deja la pandemia es que disminuye la productividad general de la economía y de sus factores productivos. Esto quiere decir que, para producir, o, sobre todo, para prestar un servicio hay que incurrir en mayores gastos.
Esto es un efecto directo de las restricciones, y también de la caída de la demanda que lleva a menores economías de escala en la producción, es decir, a productos y servicios a mayor coste. Esto ya se ha reflejado en el avance del INE de la contabilidad nacional trimestral, en la que ya se refleja que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo ya cayó un 3,6% tras tan solo 15 días de confinamiento, que todavía se endureció posteriormente. En estas circunstancias, el coste laboral unitario se incrementó un 5,8%.
Volviendo a la financiación, el Estado no sólo ha financiado al sector público, sino que también ha garantizado, a través del ICO, la financiación a las empresas. Esto no solo ha permitido que el flujo de crédito al sector privado no se haya secado repentinamente, sino también, indirectamente, ha garantizado la solvencia de la banca, cuestión que habitualmente se olvida. Y no deberíamos olvidarnos porque, recordemos que, según la EBA (Agencia Bancaria Europea), la banca española entró en la crisis con la solvencia más reducida de toda la banca europea en términos de capital (CET1) empatada con Bulgaria.
Y esta financiación del Estado también ha permitido que la Agencia Tributaria haya podido aplazar impuestos, la política más valorada por los empresarios en la última encuesta del Banco de España. En estos tiempos de pandemia, mientras que otros Estados han tenido que suspender el cobro de impuestos, la Agencia Tributaria ha podido seguir gestionando la campaña de renta, una campaña particularmente masiva: a principios de junio ya se habían presentado más de 13 millones de declaraciones y se habían devuelto casi 5.000 millones de euros.
Uno de los principales problemas económicos más peliagudos que nos deja la pandemia es que disminuye la productividad general de la economía
Más allá de eficiencia y los avances tecnológicos, todo esto no hubiese sido posible si el Banco Central Europeo no hubiese implementado su programa PEPP (siglas de Pandemic Emergency Purchase Programme), el programa de compra de deuda pública en los mercados financieros, que ha permitido que los Estados más afectados por la pandemia, como España e Italia, se hayan podido financiar a un coste razonable. Pese a las críticas, en una sentencia particularmente sorprendente, por ser suave, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, este programa no ha generado inflación en Europa.
Pese a que España se ha podido seguir financiando, la pandemia del coronavirus ha generado tres efectos fiscales sustanciales, además del incremento del gasto sanitario: reducción de los ingresos por cotizaciones, ya que hay menos empleados; pago de subsidios y prestaciones a los desempleados y a los trabajadores acogidos a los ERTE; y por último reducción general de los ingresos fiscales en la práctica totalidad de los impuestos -eso sí en unos más que en otros, como comentamos el otro día.
Este desfase, derivado de un incremento del gasto corriente, asociado a unos menores ingresos no lo va a cubrir Europa, que pretende destinar sus fondos a inversiones y créditos, no a financiar el gasto corriente de los Estados.
En la medida en que hablemos de créditos, esto solo permite comprar tiempo para realizar ajustes. Y en lo que se refiere a inversiones, esto nos permitirá afrontar proyectos que, de otra forma, no se hubiesen realizado.
Según la propuesta de la comisión, las inversiones deberán ir destinadas a mitigar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria, aumentar la capacidad de crecimiento, creación de empleo y resiliencia económica y social, y facilitar las transiciones ecológica y digital. Es cierto que el objeto del fondo de "recuperación y resiliencia" es amplio, pero no permite financiar indiscriminadamente gasto corriente, y, además, si esto ocurriese, no se cumplirían los objetivos y no se libraría nueva financiación.
Es cierto que el objeto del fondo de "recuperación y resiliencia" es amplio, pero no permite financiar indiscriminadamente gasto corriente
Ahora bien, esta financiación se ha demostrado muy útil, pensemos, por ejemplo, en el dinero de los fondos de cohesión que permitió construir buena parte de la red de autovías españolas, de las que seguimos disfrutando. Esto permitió un mayor crecimiento económico en España durante la segunda mitad de los 80, derivado del incremento de la productividad de la economía española por haber mejorado nuestras infraestructuras.
Éste debería ser el objetivo del fondo de reconstrucción: incrementar la productividad general de las economías receptoras, apostando por la digitalización, modernizando el tejido productivo e invirtiendo en la capacitación de nuestro capital humano. Esto a medio plazo permitirá volver al crecimiento económico, y con ello reducir el gasto público y mejorar nuestra recaudación fiscal. A corto y medio plazo, todo esto pasa por vencer definitivamente al coronavirus.
Sin salud no hay vida, y sin vida no hay economía. Sin embargo, hasta que esto llegue, nos enfrentaremos a unos niveles de déficit que será necesario ajustar. Pero ese ajuste, desgraciadamente inevitable, será menor y más corto, con un fondo de recuperación, y con una reactivación más temprana, y sin rebrotes significativos, que si todo esto no ocurre.
Aunque lo peor ha quedado atrás, aún nos quedan por delante tiempos complicados, en los que la discordia y el populismo no nos van ayudar en nada. Y un fondo europeo ayudará, pero no nos va a solucionar todos nuestros problemas fiscales. No nos engañemos a nosotros mismos porque eso siempre es un veneno intelectual particularmente letal.
*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.