El Gobierno ha cerrado esta semana un importante acuerdo en relación a la nueva Ley de Vivienda. El pacto, que ha venido gestándose durante los últimos años y especialmente desde febrero de 2022, ha contado con el apoyo de ERC y Bildu y permitirá poner en práctica, entre otras medidas, la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler. Un acuerdo aprobado desde el punto de vista político y criticado desde el punto de vista del sector inmobiliario. 

Este pacto estará constituido por varios puntos importantes. La nueva Ley de Vivienda fijará un límite a las subidas del alquiler del 3% en el año 2024. Esta medida se une a la ya aprobada en 2022 y que fijaba el límite del incremento del precio del alquiler en un 2% tras la aprobación en el Congreso de los nuevos Presupuestos Generales del Estado previo pacto entre el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y EH Bildu.

Ahora, la ciudadanía se hace algunas preguntas que pueden ser claves para su presente y su futuro. Y muchas de ellas están relacionadas tanto con el qué como con el cuándo sobre esta nueva ley que tanto ha dado qué hablar en las últimas horas. 

¿Qué es la nueva Ley de Vivienda?

Esta es una de las preguntas más repetidas. En pocas palabras, la nueva Ley de Vivienda se trata de una reforma que incide en incorporar varias novedades como la limitación de la revalorización de los contratos de alquiler en vigor, la introducción de un control de los alquileres en áreas tensionadas, la incorporación de incentivos fiscales para propietarios, la penalización por la tenencia de pisos vacíos y la introducción de una cuota mínima de hasta el 30% de viviendas de alquiler social en promociones, tal y como apunta el portal especializado Business Insider España. 

El objetivo de esta ley, desde el punto de vista más teórico, es regular estos y otros puntos desde diferentes ámbitos del sector inmobiliario y estará muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluirá medidas para ayudas al acceso a la vivienda, la regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler de las zonas tensionadas.

Imagen de archivo del salón de una casa. Pixabay.

Estas serán, tal y como informa el portal especializado Fotocasa, aquellas cuyo precio haya aumentado en más de 3 puntos porcentuales del valor del IPC en los últimos 5 años o que el precio medio de la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de la zona.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley?

La nueva norma aprobada por el Gobierno con los apoyos de ERC y Bildu en relación a la Ley de Vivienda se espera que tenga una implantación especial y más acelerada de lo normal ya que su entrada en vigor debería anticiparse al estar en un año particular: un año de Elecciones Generales, no solo de municipales y autonómicas. Por eso, romperá todos los plazos habituales. 

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No tendría que esperar durante 18 meses tras su aprobación definitiva para echar a andar, sino que podrá hacerlo en un plazo inferior a seis meses tras dicho trámite. Así pues, se espera que esta nueva norma entre en vigor mucho antes de esas Elecciones Generales de finales del año 2023. La fecha máxima para la celebración de estos comicios será el 10 de diciembre de este mismo año. 

Las nuevas obligaciones de los propietarios

Con la aprobación de la nueva ley, variarán algunas obligaciones y situaciones de los propietarios. Se ampliará la declaración de las llamadas zonas tensionadas, mientras que la ley supone el fin a los vacíos legales actuales que después de dos años se han concretado con nuevas obligaciones hacia los propietarios. 

Uno de los puntos principales del acuerdo será la mayor protección de los inquilinos y el hecho de que será el propietario quien tenga que asumir los gastos y los honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble. Además, la nueva Ley de Vivienda prohibirá aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, los cuales obligarían los arrendatarios a abonar costes de comunidad, tasas de basura o cualquier otra no atribuible de las que estuvieran acordadas previamente.

Expertos en el mercado como Germán Rabellino, CMO del portal Wolo, consideran que la nueva ley puede resultar efectiva a corto plazo, aunque también puede tener el efecto contrario a medio y largo plazo si no se aplican al mismo tiempo incentivos fiscales a los propietarios. Para Rabellino, el control de precios puede hacer que muchos propietarios decidan vender en lugar de alquilar. Un fenómeno que a la larga puede provocar que se agrave el problema de la accesibilidad a la vivienda. 

Vivienda en alquiler. Europa Press

La creación del texto que debería recoger la nueva ley encerrará más puntos que provocan una gran discrepancia, pero también hay otros principios que han sido aplaudidos desde un punto de vista social. Uno de los enunciados más celebrados de la nueva ley será la prohibición de los desahucios sin fecha y hora predeterminada. 

Además, se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.

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Otro de los puntos más candentes del acuerdo es la incorporación de cambios en la figura del tenedor donde las comunidades autónomas podrán hacer variaciones en función de sus competencias. Además, respecto a las zonas citadas como tensionadas, la regulación de los precios se extenderá a todos los inmuebles.

Golpe antes de las elecciones

La nueva Ley de Vivienda aporta grandes cambios para la naturaleza de los propietarios y, por ende, también para aquellas personas que viven en alquiler. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima que en España hay más de 3,5 millones de contratos de alquiler vigentes. 

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El Gobierno ha conseguido romper el bloqueo que vivía el anteproyecto de la nueva ley de vivienda en unas fechas muy especiales, ya que resta poco más de un mes para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Un pacto que ha sido celebrado por personalidades nacionales como la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, o Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Mientras en el Gobierno todo es alegría por el gran pacto, parece que en el sector privado el sentimiento que lo inunda es el contrario, ya que empresas, portales y analistas han criticado esta nueva ley al considerar que provocará una contracción de la oferta de viviendas y una subida de precios.