El PSOE presenta una enmienda para que los pisos turísticos necesiten el aval de las comunidades de vecinos

Con esta enmienda se instrumentan los cambios que ya avanzó Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, para que todo piso turístico que quiera ser instalado en una comunidad de vecinos tenga que pasar antes por la citada junta.

Hasta ahora, con la Ley de Propiedad Horizontal el propietario de una vivienda puede poner su piso en alquiler turístico sin pedir permiso. En el supuesto de que se generen molestias es cuando el caso puede llegar a la junta de vecinos, la cual tiene potestad para eliminar ese alojamiento turístico con una mayoría de tres quintos.

El objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es que esta modificación de la Ley de Propiedad Horizontal pueda regular los pisos turísticos como una actividad económica más, y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA. Además, se quiere "empoderar" a las comunidades de vecinos para que participen de estas decisiones.

Con ello, se busca habilitar a las comunidades de propietarios a fin de exigir una autorización previa a los pisos turísticos, que podrán autorizar o vetar los vecinos en sus fincas.

Para abordar este "ajuste quirúrgico", como así lo denominó la ministra, Vivienda ya avanzó a comienzos de mes que iba a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas 'online' y los agentes sociales.

La titular de Vivienda ha pedido la implicación de todas las Administraciones públicas para garantizar el derecho de acceso a una vivienda, ya que el incremento de estos alojamientos turísticos está colisionando con el acceso a una vivienda, elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta de alquiler residencial.

De hecho, ha reiterado en varias ocasiones que es partidaria de prohibir los pisos turísticos cuando sea necesario y ha pedido a la plataforma Airbnb, con la que se reunió recientemente, que colabore con el Gobierno y las distintas Administraciones públicas en la implementación del reglamento europeo para aportar transparencia y ayudar a perseguir el fraude.