La institución, que ha presentado este viernes su informe sobre la economía española tras una intensa visita en el país, ha puesto el foco en el límite a los alquileres que introduce la norma y que, por el momento, sólo se aplica en Cataluña. 

"La Ley de Vivienda de 2023 instituyó topes a los alquileres en zonas tensionadas, que hasta el momento se han implementado únicamente en algunas partes de Cataluña. Experiencias previas sugieren que los topes a los alquileres pueden reducir la oferta de viviendas de alquiler y limitar el acceso de los grupos más marginados, contraviniendo así los propios objetivos de la ley", detalla el informe. 

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Las conclusiones del FMI están en línea con los estudios que han presentado los principales portales inmobiliarios y centros académicos del país desde que se aprobase la norma. Así, la institución monetaria considera que es necesaria "una evaluación" del impacto inicial de los topes fijados por Cataluña para "informar" de su impacto en el mercado. 

Este jueves, el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda se reunieron con los principales agentes del sector para tratar, precisamente, la compleja tesitura por que atraviesa el mercado inmobiliario. 

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El Gobierno busca ahora reactivar la oferta por dos vías. La primera, mediante la modificación de la norma de licencias rápidas a los promotores, una regla tediosa que en muchos casos impedía recortar plazo a pesar de la voluntad conjunta de empresas y administración pública. 

La segunda vía, más complicada, fue acometer un llamamiento a los pequeños propietarios -que suponen el 95% del mercado del alquiler en España- para que pongan sus viviendas en régimen de alquiler asequible. Para ello, el Gobierno recordó las exenciones fiscales existentes cuando los pequeños tenedores se acogen a esta modalidad. Isabel Rodríguez prometió en este sentido más garantías y seguridad jurídica, sin concretar medidas exactas. 

"Para mejorar la asequibilidad de la vivienda, las autoridades deberían priorizar el estímulo de la oferta, antes que el apoyo distorsivo de la demanda", explica el informe. 

El FMI también hace hincapié en la necesidad de aumentar el parque de vivienda asequible disponible. A ello se ha comprometido el Gobierno. No obstante, por los tiempos en la construcción de una vivienda, está medida no tendría un efecto inmediato en el corto plazo. 

Por el momento, sólo Cataluña aplica el control de precios del Gobierno. El Principado de Asturias y Navarra han mostrado interés. Hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular se ha puesto en contacto con el Ministerio para establecer en su región el control de precios.