La Ley de Vivienda finalmente fue aprobada en el Congreso y en el Senado tras más de 15 meses de discusión. Pero uno de los puntos que más controversia generó, antes y después de dicha aprobación, fue el relativo a la okupación.

La oposición acusó al Gobierno de favorecerla, entre otras cosas, porque la norma incluye una serie de requisitos que dificultan el desalojo de okupas, siempre que sean "personas vulnerables" y estén ocupando una vivienda de un gran tenedor. La coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) insistió en que estas medidas no pretenden amparar ilegalidades como el allanamiento de morada.

Fuera de debates políticos, el Ministerio del Interior ya dispone de la estadística relativa a las denuncias recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre presuntas ocupaciones ilegales de inmuebles en España.

¿Qué datos incluye dicha estadística?

La estadística del Ministerio del Interior no discrimina entre los dos tipos penales que conforman el fenómeno de la okupación: por un lado, el allanamiento de morada; por otro, la usurpación del derecho de uso de un inmueble.

Se trata de calificaciones jurídicas que, a posteriori, lleva a cabo el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

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Echando la vista atrás, y según la Fiscalía General del Estado, en el año 2021 sólo el 0,85% de los delitos genéricos de ocupación se refirieron a delitos de allanamiento. Por tanto, el 99,15% restante fueron delitos de usurpación.

Es decir, que en dicho año se incoaron un total de 9.739 procedimientos por usurpación y 83 procedimientos por allanamiento.

¿Cuál ha sido el número de denuncias?

Si nos atenemos a las intervenciones policiales llevadas a cabo por Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos, Ertzaina y Policía Foral de Navarra, los agentes actuaron, denunciaron o tomaron nota en 5.266 casos de ocupaciones ilegales. Así fue de enero de abril de 2023.

Si se comparan con los datos relativos a idéntico periodo de 2022, se trata de un 11,8% menos de casos. Ese año, el número fue de 5.974 casos. En 2021, el número de actuaciones fue de 6.023. Por tanto, entre 2022 y 2021, la caída fue del 3,8%.

¿En qué CCAA ha habido más actuaciones?

Cataluña, con 2.238 infracciones penales, es la comunidad autónoma que se sitúa en lo más alto del podio en el primer cuatrimestre de 2023. Eso sí, las cifras son inferiores a las del mismo periodo de 2022 (2.537) y 2021 (2.638).

La hipotética medalla de plata sería para Andalucía, con 805 casos. También las cantidades son más bajas que las de 2022 (844) y 2021 (948). Y el bronce recaería en Madrid, con 491 casos. Una cifra inferior a la de 2022 (554) y 2021 (628 casos).

¿En qué territorios han subido los casos?

En todas las comunidades autónomas ha bajado el número de incidencias relacionadas con la okupación, aunque ha habido tres excepciones. Es el caso de Asturias, donde se ha pasado de 20 en 2022, a 22 en 2023 (esta cantidad ya se dio en 2021).

También ha sucedido lo mismo en Baleares, donde el salto ha sido de 126 de enero a abril de 2022, a 152 en el mismo periodo de 2023 (en 2021 fueron 206 casos). Y el tercero en discordia ha sido Canarias, donde se ha pasado de las 178 infracciones de 2022 a las 191 de 2023. En 2021, fueron 200 las infracciones.

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Aunque Asturias ha vivido un ligero repunte, es una de las comunidades con menor incidencia. Una situación que también se repite en otras regiones del norte de España: País Vasco (70 casos), Galicia (58%), Navarra (32) y Cantabria (23).

En estas últimas, también ha habido un descenso. Lo mismo que ha pasado en Castilla-La Mancha (248 infracciones penales relacionadas con la okupación), Murcia (159), Castilla y León (74), Aragón (70), Extremadura (45), La Rioja (15), Ceuta (3) y Melilla (2).