Fuentes conocedoras consultadas por este diario explican que en el Instituto Nacional de Estadística, en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se lleva trabajando en el índice desde que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el pasado 1 de febrero de 2022. Por tanto, inciden, los trabajos están ya muy avanzados y estarán culminados en los próximos meses. 

Esto significa que el plazo que se han dado PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu para desplegarlo no va a ser necesario. Al contrario, explican, "llevamos meses diseñándolo, por lo que una vez que entre en vigor la ley estará prácticamente acabado. A lo sumo habrá un desfase de unas semanas", sentencian. De hecho, recuerdan que esos dieciocho meses ya estaban en el proyecto de ley lanzado por el consejo de ministros, y desde entonces han pasado catorce. 

[La Ley de Vivienda fija un tope al precio del alquiler del 3% revisable en 2025 y sitúa en 5 las casas para ser gran tenedor]

Ahora bien, las mismas fuentes explican que si la Ley de Vivienda entra en vigor y alguna comunidad autónoma quiere declarar zonas de alquiler tensionadas, podrá hacerlo sin ningún problema. "Prácticamente todas las autonomías tienen sus propios índices, por lo que no tendrán que esperar a que esté el indicador nacional". Eso sí, tendrán que "homogeneizar" los criterios y los datos para que todos los índices sean homologables y comparables entre sí. 

El mejor ejemplo es Cataluña, en una ley autonómica avaló las zonas tensionadas y permitió decretarlas en medio centenar de ciudades. Pues bien, la Generalitat podrá mantener su legislación con la nueva Ley de Vivienda, y sólo tendrá que homogeneizar el índice previa consulta con el Ejecutivo. 

Se despeja así la gran incógnita que había en torno a la nueva Ley de Vivienda acordada este viernes por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu. ¿Cuándo se podrán declarar zonas tensionadas? La respuesta de las fuentes del Ejecutivo es contundente: "En cuanto la nueva ley entre en vigor". 

De hecho, las mismas fuentes recuerdan a EL ESPAÑOL que si una autonomía declara una zona tensionada, el índice sólo afecta a los grandes tenedores. ¿Por qué? Pues porque los pequeños tenedores. (menos de cinco viviendas) tendrán que usar como referencia la última renta, excepto si el piso hace más de cinco años que no está en alquiler o entra por primera vez en el mercado. 

El Zarpazo de Tomás Serrano. Tomás Serrano.

Por ejemplo, usted tiene una vivienda alquilada por 1.000 euros al mes en una zona tensionada. Sus inquilinos se van y vuelve a alquilarla. Pues bien, la renta máxima que podrá cobrar serán los 1.000 euros más el máximo que se pueda revalorizar la renta. Es decir, si fuera en 2023, 1.000 euros más un 2%. ¿Total? 1.020 euros mensuales. 

Entonces, ¿quién usará el indicador? Pues todos aquellos propietarios que pongan una vivienda en alquiler por primera vez o que cuya casa lleve cinco años sin alquilar. Además, los grandes propietarios estarán obligados a fijar su precio en base al índice de referencia para las zonas tensionadas. 

Las zonas de precio de alquiler tensionado son el elemento más polémico de la Ley de Vivienda. Podrán decretarlas las comunidades autónomas o los ayuntamientos, y serán todas aquellas en las que el pago de la vivienda suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de la zona o que los precios hayan subido más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los últimos cinco años

Está por ver qué autonomías optan por autorizar esta normativa. Hasta ahora Cataluña es la única que cuenta ya con una ley de este tipo. Baleares o Valencia se lo podrían estar planteando. De hecho, tal y como ha contado EL ESPAÑOL esta Ley de Vivienda que el Congreso aprobará en las próximas semanas se desplegará sólo en las regiones gobernadas por el PSOE y sus socios. 

[Feijóo censura la ley "anti-vivienda" de Sánchez: "El Gobierno agacha las orejas con los okupas"]

Desde el Partido Popular se oponen a los efectos que puede tener sobre el mercado del alquiler. De hecho, fuentes del mercado inmobiliario, aseguran a este diario que muchos propietarios retirarán viviendas de la oferta; y que, además, con la actualización que permite la nueva normativa, se desincentiva el que los propietarios opten por el alquiler como fórmula de obtener rentas. 

Sin embargo, desde el Gobierno tienen claro que la Ley de Vivienda es su última baza electoral antes del 28M. El objetivo es aprobarla en trámite de urgencia en el Congreso para que esté en vigor justo para los comicios. Así, buscan convertir la campaña electoral en una especie de 'juicio' al Partido Popular. La intención de socialistas y morados es la de obligar a los candidatos populares a explicar si adoptarán la norma o no y, de este modo, vincularlos a los especuladores inmobiliarios.