La Comunidad Valenciana sancionará a un grupo de grandes propietarios inmobiliarios que han rechazado mover en el mercado alrededor de 350 casas que habían sido declaradas vacías recientemente por el Gobierno presidido por el socialista Ximo Puig.
En total, se han declarado por primera vez en situación de desuso 468 viviendas de Alicante, Castellón y Valencia, de las que 168 irán destinadas a alquiler social tras llegar sus propietarios a un acuerdo con la Generalitat. Las empresas que cedan sus casas vacías no serán sancionadas.
El resto, al negarse a sacar al mercado los inmuebles, se enfrentan a unas multas mensuales que oscilan entre los 300 y 600 euros. La cantidad final a pagar dependerá del precio de mercado de las zonas en las que se ubiquen las viviendas.
La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, en manos de Unidas Podemos (UP), creó a finales de 2021 un registro pionero en España para que los grandes tenedores de viviendas informen a la Administración cada seis meses de los inmuebles que tienen vacíos.
A efectos de la normativa, son considerados grandes propietarios quienes poseen más de 10 viviendas en régimen de propiedad, alquiler o usufructo y no las destinan al mercado de venta o alquiler. Según diversas fuentes inmobiliarias, se calcula que hay más de 500.000 viviendas vacías en Alicante, Castellón y Valencia.
La finalidad de esta medida no es recaudatoria, según precisaron desde el Gobierno valenciano a preguntas de EL ESPAÑOL-Invertia. Aseguran que lo que se pretende es dar una mayor capacidad para movilizar viviendas en manos de grandes propietarios que en la actualidad no tienen ningún uso.
Si en seis meses siguen sin movilizar los inmuebles, volverán a incumplir el reglamento autonómico y se impondrán más multas. Además, se van a enviar los datos a la Conselleria de Hacienda para que se cargue un impuesto especial por vivienda sin uso.
Recargos en el IBI
Pero además, estos grandes propietarios, la mayoría empresas o fondos privados, se enfrentan a recargos en el IBI que ayuntamientos como el de Valencia han anunciado que aplicarán a aquellas viviendas que se declaren en desuso.
En concreto, el Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó ha indicado que podrá empezar a aplicar el año que viene un recargo de hasta el 30% en el impuesto municipal para forzar que las viviendas salgan al mercado y evitar la especulación.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, durante una reunión en el Ayuntamiento.
Solo la ciudad de Valencia cuenta con un total de 830 empresas y organismos considerados como grandes tenedores de vivienda, es decir, que tienen 10 o más viviendas registradas a su nombre en todo el término municipal, según desveló el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSOE).
El Estudio del Número de Viviendas por Tenedor en el que se basó el consistorio para realizar los cálculos establece que en la ciudad de València hay un total de 420.298 viviendas pero sólo 324.329 propietarios entre personas físicas y personas jurídicas.
El 99,74% de estos propietarios (323.499) dispone de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tiene en su poder más de 10 viviendas.
Estas medidas se han encontrado con el rechazo de muchos promotores que las consideran un ataque a la propiedad privada. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido recientemente de que España está entre los países de la OCDE donde menos se respeta la propiedad privada. Así, el país ocupa la posición 26 de entre los 37 países analizados, por debajo de la media de la organización.
Expropiación temporal
En 2017, el Gobierno que preside Puig aprobó una ley de Función Social de la Vivienda. Esta norma ha servido de base a Podemos para desarrollar en esta legislatura un conjunto de medidas, entre las que se encuentra este registro, dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda.
Los morados trabajan ahora en un nuevo marco legislativo más ambicioso. La Comunidad Valenciana será la segunda autonomía de España, después de Baleares, que plantee por ley la expropiación temporal de viviendas vacías de propietarios con 10 o más viviendas a su nombre con el fin de se dediquen a la actividad inmobiliaria.
El objetivo del proyecto normativo, es "delimitar los deberes de los grandes tenedores en materia de derecho a la vivienda, las obligaciones para hacer cumplir la función social de la vivienda y las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esta función social".
La futura ley también aborda ampliamente el problema del acoso inmobiliario, especificando tanto las acciones y/u omisiones que suponen un acoso y acaparamiento de vivienda como bien de primera necesidad, tipificando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
¿Cuándo se podrá aplicar la expropiación temporal? "Cuando haya razones de interés general y lleve al menos 2 años deshabitada", apuntan desde Vivienda. La nueva legislación pretende dotar de una mayor transparencia la acción de los grandes fondos y regular su funcionamiento en la Comunidad Valenciana como una medida más para pinchar la burbuja del alquiler, añaden estas fuentes.
Igualmente, el Ejecutivo autonómico podrá expropiar forzosamente una casa si concluye que se incumple la obligación de rehabilitación. El texto recoge que los grandes propietarios estarán obligados a comunicar a la Administración que inician un procedimiento judicial contra los inquilinos y tendrán la obligación de ofrecer un alquiler social.
Baleares
En Valencia están convencidos de que la futura norma saldrá adelante pese a las reticencias mostradas por determinados sectores económicos. En este sentido, defienden que la norma balear ya está avalada por los tribunales después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) desestimó el recurso que presentó la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba).
El tribunal avaló la actuación del Gobierno balear en relación con la expropiación o cesión temporal de uso de las viviendas desocupadas de grandes tenedores, por lo que desde el Ejecutivo valenciano sostienen que se podrá aplicar en la comunidad.
El vicepresidente y conseller de Vivienda por Unidas Podemos, Héctor Illueca.
Ahora, a la espera de que se apruebe el nuevo marco normativo, el vicepresidente segundo del Consell por Podemos, Héctor Illueca, ha iniciado el proceso para las primeras declaraciones de viviendas deshabitadas y que permitirá sancionar a los propietarios de los 350 activos que se han rechazado darles un uso.
Además de la sanción mensuales, hay que sumar las multas que recoge la normativa y que van de los 10.000 a los 350.000 euros por incumplir la función social de la vivienda, explican desde el Consell.