Las comunidades del PP estudian lanzar un 'Plan Botín' para que los jóvenes compren pisos con un aval público

El conocido como 'Plan Botín' para que los jóvenes puedan acceder a la compra de su primera vivienda avalados por el Estado no ha calado en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Pero sí ha tenido una buena recepción en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Tanto es así que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado septiembre que destinará 12 millones de euros para avalar al menos 5.000 hipotecas de madrileños de hasta 35 años. 

Se trata de una medida inspirada en la propuesta por la presidenta del Banco Santander, aunque con matices. Solo podrán optar a esta ayuda jóvenes que quieran comprar su primera casa y tengan solvencia económica pero no cuenten con todo el ahorro que exige el banco para conceder una hipoteca.

La idea está siendo estudiada también por las consejerías de Vivienda y Hacienda de otras dos comunidades del PP: Andalucía y Galicia. Los gobiernos de Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo analizan cómo poner en marcha este mecanismo en los próximos meses, según ha podido saber este periódico.

Lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación como 'Plan Botín' para la compra de vivienda es en realidad una idea que la presidenta del Santander quiere importar de Reino Unido. 

Sin embargo, Ana Botín no es la única ejecutiva en España que abandera esta idea. Desde hace ya varios años, el presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha venido defendiendo este sistema ante la Administración por considerar que puede abrir muchas oportunidades para el sector de la construcción en España y dar respuesta a la demanda de muchos jóvenes españoles de comprar una vivienda.

Modelo británico

Esta idea está inspirada en el modelo británico llamado Help to buy y consiste en dar ayudas a los jóvenes de Reino Unido para que puedan acceder a la compra de una casa.

Ana Botín la presentó como una fórmula idónea para ayudar a acceder a la vivienda a jóvenes con problemas en el empleo o en situación de paro. Sin embargo, Asprima la ha venido enfocando como una propuesta para menores de 35 años con solvencia.

Dado que para el Estado es complicado ayudarles con el crédito, la opción que tanto Botín como Gómez-Pintado proponen es que la Administración Pública avale ese crédito para que la banca pueda financiar hipotecas a jóvenes que no han sido capaces de ahorrar el 20% (más gastos) que es necesario para poder acceder un préstamo hipotecario.

Desde el Gobierno central la idea fue escuchada pero rechazada con rotundidad. En España, la vivienda sigue siendo objeto de ideología y más ahora que Unidas Podemos -un partido que hizo de este tema una de sus banderas electorales- está en el poder, aunque no con competencias en el ámbito inmobiliario.

Fuentes del sector reconocen a este diario que el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana rechazó el proyecto por no ser compatible con los postulados de su socio de Gobierno y por considerar, además, que un partido socialista debe apoyar el alquiler y no la compra de vivienda.

Sin embargo, las comunidades gobernadas por el PP sí consideran que la idea es buena y accesible para la Administración, ya que el esfuerzo del contribuyente se limita a conceder ese aval sin suponer un coste para las arcas públicas. Eso sí, siempre y cuando el crédito sea pagado. De ahí, el requisito de que los jóvenes que quieran acceder a la ayuda sean solventes.

Empleo y recuperación

La medida ayudaría impulsar la construcción de nuevas viviendas en un momento en el que la economía está buscando nuevos motores que sustituyan el peso en el PIB que tenía el turismo antes de la pandemia.

Construcción y turismo han sido dos sectores que han intercambiado trabajadores en los últimos años y por tanto, sería posible reciclar a parte de los nuevos desempleados de la hostelería por la Covid-19 para que volvieran a las obras que abandonaron en los años del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Según estimaciones de los promotores, si desde el Gobierno se impulsara la compra de viviendas, sería posible crear hasta 430.000 empleos en el corto plazo.

Esa mano de obra sería la que se necesitaría contratar si se pasaran de las 106.000 unidades de casas nuevas al año que se construyen en la actualidad a entre 170.000 y 180.000 unidades.

Botín fue más allá en la cumbre de la CEOE al estimar que el impacto en el empleo alcanzaría los 1,7 millones de puestos de trabajo.

También sería un balón de oxígeno para el sector financiero que en estos momentos está buscando fórmulas para poder prestar con garantías y está apostando por las hipotecas a tipo fijo.

Esta fórmula gusta a muchos clientes por ser predecible para el futuro y deja un márgen a las entidades en un escenario de tipos de interés negativo.

Además, en un país en el que los ciudadanos siempre han tenido como preferencia la compra de vivienda, frente al alquiler, la medida puede ser popular entre los votantes.

Se verá si cala en el electorado de las comunidades autónomas en las que el Partido Popular de Pablo Casado está tratando de poner a prueba las políticas que defiende a nivel nacional dentro del estrecho margen que tienen los barones del partido en estos tiempos de pandemia.