Las agencias inmobiliarias piden rebajas fiscales del 50% en la compra de viviendas

La Federación Nacional de Agencias Inmobiliarias (FAI) considera necesario activar con urgencia un plan de ayuda para la reactivación de la compra de vivienda y el aumento de la oferta de alquiler ante las preocupantes cifras de paro hechas públicas recientemente y que castigan especialmente a la población juvenil.

Para la FAI, más allá del ambicioso plan de rehabilitación de vivienda anunciado, que son medidas a largo plazo, el Estado debe aplicar con urgencia medidas eficientes que lleguen a los ciudadanos antes de final de año y sirvan para sostener y crear empleo en vivienda, así como para aumentar las compraventas y alquileres de vivienda habitual.

“El dinero del plan de rescate debe llegar a los ciudadanos lo mejor y antes posible, tiene que tener también una vertiente social para que los colectivos más vulnerables puedan tener acceso a un bien de primera necesidad en un contexto económico complejo”, ha destacado en una nota de prensa.

Ahorro del 4,5% en el precio

La federación insiste en que una de las medidas que debe contemplar el citado plan es la reducción del 50%, tanto en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) como en la cuota de IVA, para todas las compraventas de inmuebles de importe inferior a 500.000 euros hasta finales de 2020. Una disminución que supondría una media de ahorro del 4,5% sobre el precio de la vivienda adquirida.

A modo gráfico y de ejemplo, en la compra de una vivienda de 200.000 euros, el ahorro medio sería de 8.000 euros en el caso de ITPAJD, variable según cada comunidad autónoma, o de 10.000 euros en el caso de la obra nueva sujeta a IVA; lo que, sin duda, “incentivaría significativamente el mercado de compraventa a corto plazo e indirectamente todos los productos y servicios asociados”.

Igualmente, insisten desde FAI, la bonificación en el ITPAJD en las compras de inmuebles de segunda mano que se destinen al alquiler de vivienda habitual, por un período mínimo de 5 años, así como las ayudas directas a la reforma o rehabilitación de las mismas, extensiva durante 2021, ayudarían a recuperar las compras de vivienda como inversión, aumentando el escasísimo parque de oferta en alquiler en las principales ciudades y centros productivos, ayudando a la estabilización de los precios de alquiler.

“En la actual situación económica, en la que la economía familiar se ha visto resentida por la pérdida de empleo definitivo o temporal derivada de los ERTES de alguno de los miembros o de todos, los ciudadanos necesitan contar con los máximos incentivos posibles y ayudas, porque la necesidad de adquirir una vivienda sigue estando ahí, independientemente de la coyuntura; la vivienda es un bien esencial”, explican desde FAI.

Asimismo, recuerdan que uno de los sectores poblacionales más afectados por la crisis son los compradores de primera vivienda, que tienen una media entre 25 y 35 años, que buscan independizarse y a los que la crisis económica derivada de la sanitaria les está poniendo las cosas más difíciles. “En estos momentos las ayudas en materia de viviendas deben ser una prioridad y cualquier incentivo será un balón de oxígeno para los compradores”, ahondan.

Desde FAI, recuerdan que países como Alemania e Italia, con un margen fiscal muy dispar, sí han optado por bajar impuestos para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus y ganar terreno en la recuperación y reconstrucción del país. Incluso Gran Bretaña eliminará hasta 2021 el pago del impuesto por la compra de una propiedad en las primeras 500.000 libras de su valor (555.000 euros).

Peores condiciones de la banca

Por otra parte, FAI alerta que, en el actual contexto de inestabilidad laboral y crisis económica sobrevenida, “estamos apreciando un endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación por parte de una banca que no va a negociar el riesgo hipotecario”. Esto, sostiene FAI, provocará que una parte de la demanda compradora, en especial los más jóvenes, vean reducida su capacidad de endeudamiento y, en consecuencia, de compra; o incluso la expulsión del mercado hipotecario de los compradores más vulnerables.

Ante esta situación, la federación propone que el Estado cubra temporalmente una parte del riesgo hipotecario, con un aval o seguro público limitado (como también solicita la patronal de las promotoras), a la vez que recomienda a los compradores que actualicen y analicen concienzudamente las ofertas hipotecarias, así como los valores de tasación probables, antes de señalizar una compra.