Muface alarga su vida hasta 2027, pero su futuro sigue sin estar garantizado: el sector pide acabar con sus desequilibrios

La apertura de los sobres de las ofertas presentadas se llevó a cabo este miércoles 5 de marzo. Se confirmaba así que sólo Adeslas y Asisa seguirán prestando asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios. DKV sale del modelo. 

Muface alarga su vida hasta 2027, pero su futuro no está del todo garantizado. El sector asegurador ha reclamado al Gobierno repensar el modelo para garantizar su viabilidad más allá del año en el que concluye el convenio que está por firmarse. 

Jesús Hellín / Europa Press

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En concreto, Asisa señaló en un comunicado que la renovación del contrato es una oportunidad para seguir trabajando con la Administración en un plan ambicioso que permita afrontar los desequilibrios económicos del mutualismo administrativo y garantizar su pervivencia.

Las negociaciones previas al concierto al que ahora se presentarán Adeslas y Asisa han permitido "dotarle de elementos que deben servir para empezar a corregir estos desequilibrios que la mutualidad ha acumulado durante décadas y se han agudizado en los últimos años".

Por ello, desde la aseguradora confían en que se inicie "cuanto antes" un diálogo con el Gobierno para impulsar "el proceso de transformación".

Una transformación con la que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública parece estar de acuerdo. De hecho, ya tiene algunas ideas, como limitar a una vez la elección de asistencia sanitaria de los funcionarios: la de la sanidad pública o la de las aseguradoras.

Ricardo Rubio / Europa Press

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"Con ese nuevo escenario sería más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad", indicaron a este periódico desde el departamento de Óscar López.

"Para sustentar este proceso de reflexión, será importante conocer las conclusiones del informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está elaborando sobre Muface y su eficiencia", añadieron. Un análisis que a día de hoy está ya terminado y en manos del Gobierno. 

No se hará público

Sin embargo, la institución que preside Cristina Herrero no prevé poder contar nada de este informe en todo 2025.

La Autoridad ha hecho público su Plan de Actuaciones del año 2025, que incluye las publicaciones que tiene previsto hacer. Y entre ellas no se encuentra el análisis que ha hecho sobre la situación de Muface.

Fuentes cercanas a la AIReF confirman que el Gobierno no ha dado el permiso correspondiente para que se desvele el contenido del informe, que la Autoridad entregó unos días antes de que terminara 2024.

Cabe recordar que el trabajo de AIReF aborda la eficacia y la eficiencia de Muface, concretamente del gasto que viene derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

Primas desequilibradas

A principios de 2024, la Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE) presentó el informe El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros, realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid.

Este análisis avisaba de que peligraba la sostenibilidad de este modelo de atención sanitaria y su continuidad pasaba por igualar el gasto por mutualista al de la sanidad pública en el plazo de dos años.

La prima de Muface del concierto que todavía hoy está en vigor se sitúa en 1.040 euros por mutualista de promedio, mientras que el gasto sanitario público asciende a 1.608 euros por ciudadano. 

Con la última oferta, estos desequilibrios "se han empezado a corregir", tal y como apuntó Asisa en su comunicado. Sin embargo, el sector reclama que se abra un diálogo para salvar el modelo de su desaparición. 

EP Sevilla

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Y es que, de llegar a este extremo, habría grandes consecuencias. El análisis mencionado cifra en un aumento del 266% de las listas de consultas externas y del 115% para una intervención quirúrgica. A nivel de infraestructuras, el sistema público necesitaría de casi 4.000 camas adicionales.

Además, supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas.