El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El Gobierno propone a las aseguradoras una vía para que puedan reclamar las pérdidas de Muface
SegurCaixa Adeslas y DKV ya han anunciado que no acudirán a la nueva licitación de la mutualidad de los funcionarios.
Más información: Los tres años del convenio de Muface, principal escollo del Gobierno a la hora de encontrar aseguradoras
Las aseguradoras tienen hasta el próximo 27 de enero para decidir si acuden o no a la nueva licitación de Muface. SegurCaixa Adeslas y DKV ya han anunciado que se retiran del convenio, mientras que Asisa continúa estudiando los pliegos. Por su parte, el Gobierno está buscando cómo convencer a las compañías de que presten atención sanitaria a los funcionarios. Y, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ha propuesto a las aseguradoras una vía para que puedan reclamar las pérdidas asumidas.
Fuentes del sector han explicado a este periódico que el Ejecutivo se ha puesto en contacto con las entidades para proponerles un tipo de mecanismo que les permita reclamar las pérdidas asumidas en el último convenio de Muface y también de cara a las que se puedan generar con el que está por firmarse.
En el caso de SegurCaixa Adeslas, ha generado pérdidas por valor de 250 millones de euros con el último concierto. Por su parte, DKV las cifra en 70 millones de euros. Unas cantidades que volverían a repetirse si se presentan a la nueva licitación con las condiciones económicas que ha ofertado el Gobierno, según han indicado ambas compañías.
Europa Press Madrid
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública elaboró un segundo convenio tras haber consultado previamente al sector. Ofreció finalmente un concierto a tres años con un incremento del 33,5% de las primas. Algo que no ha convencido a SegurCaixa Adeslas y DKV, ya que ambas han confirmado que abandonan la mutualidad. Mientras tanto, Asisa hace números para decidir si acude en solitario.
Precisamente la duración del contrato es el principal escollo para seducir a las aseguradoras. En un convenio a tres años es muy difícil controlar los incrementos de costes (es decir, precios y salarios) que puedan sucederse, han explicado fuentes del sector. Y menos todavía reclamar dichos aumentos a las Administraciones Públicas, especialmente por la Ley de Desindexación de la Economía Española.
De ahí que las compañías que se han retirado de la licitación lo hayan hecho, entre otras razones, por las pérdidas que tendrían que imputarse ya en el año de la firma. Por ello, el sector asegurador reclama un concierto de un año.
Transcurrido ese periodo, podría negociarse una nueva financiación que se ajuste a las subidas de costes que se puedan dar en el ejercicio. Es decir, que se podría equilibrar de una manera más acertada la financiación para evitar pérdidas.
