La Fundación IDIS ha publicado un informe en el que avisa de la "crisis" que supondría no renovar el modelo de mutualismo administrativo como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (Muface, Mugeju e Isfas).
En un informe, examina las repercusiones que podrían desencadenarse en el caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse. "Se trata de un extremo que ocurriría si las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo para que el modelo no sea deficitario y se garantice su solvencia", apuntan.
De este modo, la Fundación IDIS destaca que el mutualismo administrativo "mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto sanitario, teniendo en cuenta la prima media del mutualista (1.013 euros), que es 723 euros inferior en comparación con lo que se invierte en el régimen general (1.736 euros)".
Mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho sólo un 32%. Ello provoca "pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio".
Así pues, la Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar la prima de este convenio, que "debe garantizar que las aseguradoras puedan, de una manera equilibrada, cubrir los costes económicos y de prestaciones sanitarios que requiere la cobertura de este colectivo. De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo".
Si la renovación del modelo no llegara a producirse tendría que haber un trasvase obligatorio de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial: se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria.
También se vería afectada la ratio de urgencias. Además, destaca que absorber la asistencia a mutualistas provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías.
Por otra parte, el aumento de la presión asistencial, que se generaría de forma global, llevaría a una "situación de colapso" a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja.
Así, la Fundación señala que el modelo de cobertura 100% pública tendría un impacto "significativo" también en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública para contrarrestar la saturación. El sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8 por ciento de su capacidad actual a nivel nacional.
Además, se estima la destrucción de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, considera que la pérdida del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias.