Así lo indican los contratos registrados a nombre de Eurofins Megalab que hay en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Como ya contó este periódico, esta empresa, especializada en el diagnóstico clínico y que en 2020 y 2021 se popularizó por sus PCR de Covid, usó al citado Koldo García para acercarse a las Administraciones Públicas, concretamente al Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres. 

García, hombre para todo de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, era el hombre clave de un entramado empresarial dedicado a la obtención ilícita de contratos públicos para el suministro de material sanitario durante la irrupción de la Covid. Sobre dichas licitaciones, la trama ejecutaba las correspondientes mordidas que también servían para remunerar los servicios como conseguidor de Koldo García. 

Un laboratorio de Eurofins Megalab, en un aeropuerto.

La base del entramado era la empresa Soluciones de Gestión, a la que se le adjudicaban las correspondientes adjudicaciones. En el marco de la Operación Delorme y según el sumario al que ha tenido acceso este periódico, se considera que la intervención de Koldo García fue clave para que Soluciones de Gestión lograra contratos de los ministerios de Transportes e Interior, así como de Canarias y Baleares, por valor de más de 52 millones de euros. 

Curiosamente, estas administraciones también concedieron importantes licitaciones a Eurofins Megalab. La que más, Canarias. El Gobierno de por entonces Ángel Víctor Torres abonó no menos de 5,3 millones de euros a esta empresa. 

Los contratos eran para "pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, procedentes del resto del territorio nacional". 

Mensaje enviado a Antonio Olivera, parte del informe de la UCO. EL ESPAÑOL.

Se trata de contratos firmados después de que uno de los empresarios cabecillas de la trama se pusiera en contacto con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Canarias, para ofrecer los servicios de Eurofins Megalab.

"Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara urgente. Cuando puedas hablamos", decía el mensaje que recogen los informes policiales y que se envió entre septiembre y octubre de 2020. 

Antes, la empresa de diagnósticos clínicos había logrado algunos contratos con administraciones vinculadas a la trama. El primero con el Ministerio de Transportes. Concretamente, con una de sus empresas públicas, Aena, que otorgó a esta compañía un contrato por valor de 1,8 millones de euros (con impuestos).

Tras ello, Eurofins Megalab ha mantenido una posición destacada en los aeródromos patrios. Su página web recoge que Aena le ha adjudicado "la instalación de laboratorios para la realización de pruebas diagnósticas de Covid-19 en aeropuertos españoles".

Foto de David Siguero recogido en el informe de la UCO. EL ESPAÑOL.

Esta empresa también firmó contratos de cuantías inferiores con otros entes de Transportes, como el Ineco. En este caso, se le concedieron más de 50.000 euros para hacer pruebas de Covid. 

El Ministerio de Interior también ha concedido varios contratos a esta empresa. El más importante, uno valorado en 600.000 euros para hacer PCR a los integrantes de la Policía Nacional en septiembre de 2020. 

En 2021, se licitó otro por 150.000 euros para PCR a inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Finalmente, en el pasado 2023 se le concedió a Eurofins Megalab un contrato de 212.000 euros, aunque ya fuera de las condiciones Covid. Se trata de una licitación para "la realización de analíticas y pruebas especiales y complementarias a los aspirantes a ingreso en la Escala Básica de Policía Nacional". 

Baleares

También Baleares firmó contratos con Eurofins Megalab. El objetivo era financiar las pruebas de Covid (obligatoria para poder volar) de los residentes que quisieran volver al archipiélago. El valor total de los contratos baleares (se firmaron dos) superó los 1,1 millones de euros.

Eurofins Medialab firmó también contratos, tanto de emergencia como normales, con otras administraciones en los últimos años, pero que no han sido vinculadas a la operación Delorme.

Este es el caso del Servicio Aragonés de Salud, RTVE o el Ministerio de Asuntos Económicos, cuando estaba en manos de Nadia Calviño. Todas estas administraciones o entes públicos contrataron los servicios de Eurofins Megalab en el marco de la irrupción de la Covid.