Entre las propuestas que incluía Sumar en su programa electoral está la de acabar con el Muface, es decir, poner fin a las mutualidades que prestan asistencia sanitaria y social a los funcionarios. Estos organismos (Muface, Mugeju e Isfas) dan cobertura a 1,73 millones de personas y su gasto per cápita es de 1.020 euros, frente a los 1.674 euros de la sanidad pública. 

Son estimaciones correspondientes a 2022 recogidas en el informe 'La aportación del sector sanitario privado' elaborado por la Fundación IDIS. En este análisis, la organización explica que "el mutualismo administrativo en la sanidad privada aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de dicha población cubierta es inferior al gasto público per cápita". En concreto, un 39% menor por persona.

Así, si todos los pacientes generaran el mismo nivel de gasto, el ahorro que supondría el modelo Muface al Estado sería de alrededor de 1.130 millones de euros. Si los planes de Sumar de acabar con las mutualidades se hacen realidad (recordemos que el Ministerio de Sanidad está en sus manos, con Mónica García al frente), la sanidad pública tendría que asumir la atención de 1,73 millones de pacientes además del gasto 'extra' que supondría. 

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Aunque el modelo Muface todavía sigue en pie, desde el sector avisan de que "lo están dejando morir". Y es que, tanto los sindicatos como las compañías aseguradoras llevan tiempo advirtiendo de la infrafinanciación de las mutualidades. 

A esto se suma los altos niveles de inflación, que también ha afectado al modelo de mutualismo. Los costes se han incrementado y las aseguradoras que participan del concierto actual de Muface reclaman una subida de las primas porque los incrementos establecidos no son suficientes para hacer frente a la situación económica actual.

"Las perdidas se han incrementado. Cuando firmamos el contrato hace un año y medio no se tuvo en cuenta la inflación. El coste que han supuesto las prestaciones en el primer año ha estado por encima del incremento del 8% fijado para este primer año de concierto. Nos quedan dos años con una actualización de primas que van a ser insuficientes", dijo Luis Iglesias, subdirector general de Ramos Personales de SegurCaixa Adeslas, en el IV Simposio del Observatorio de la Sanidad.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado está trabajando en ello. Su directora general, Myriam Pallarés, confirmó que están buscando una fórmula para poder modificar el contrato y así intentar subir las primas. Pero recordó que "la legislación marca que no se puede revisar los precios de un contrato en vigor, por lo que tenemos que buscar soluciones alternativas. Hemos acudido a la Abogacía del Estado para abordar posibles fórmulas". 

El impacto para las aseguradoras

Acabar con el modelo Muface no solo repercutiría en un incremento de los costes del sistema sanitario público, sino que también tendría un efecto negativo en las cuentas de las aseguradoras que prestan sus servicios a los funcionarios que escogen recibir atención a través de las mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas).

Ante la eliminación del modelo, el 100% de los asegurados mutualistas pasaría a recibir aseguramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría una disminución de 1.500 millones de euros en la facturación de las aseguradoras. Es una de las conclusiones que recoge el informe elaborado por el IDIS 'Impacto del cambio de modelo de las Mutualidades'.

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La desaparición de los pacientes provenientes de mutualidades tendría un impacto también en los grupos hospitalarios privados. Dado que la siniestralidad en algunos casos es cercana al 100%, el IDIS estima que la red asistencial podría ver reducida su facturación en entre 1.300 y 1.400 millones de euros.