El informe anual del Defensor del Pueblo recoge un año más las principales quejas que los españoles han presentado a este órgano. En esta edición, la entidad liderada por Ángel Gabilondo destaca que el número de reclamaciones recibidas por las listas de espera para percibir asistencia especializada ha seguido incrementándose en 2022. Y lo ha hecho "de forma notable".

Entre algunas de las situaciones de demora para consulta o prueba diagnóstica que han sido objeto de actuación, el órgano destaca los dos años y medio para realizarse una prueba en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Ramón y Cajal en la fase aguda de la pandemia. En concreto, el periodo de espera abarcó desde septiembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2022.

Dicho informe también remarca otras demoras en centros madrileños, como los cinco meses de espera para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Clínico San Carlos. 

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Eso sí, aunque ninguna demora supera el umbral de los dos años y medio, pacientes de otras autonomías se han visto afectados por largas listas de espera.

Veintidós meses para la reprogramación de la Consulta de Traumatología en el Centro Médico de Especialidades Inocencio Jiménez (Zaragoza), en fase aguda de la pandemia; 10 meses para Consulta de Traumatología en el Hospital General de Villarrobledo (Albacete); o 17 meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo son otros de los casos a destacar.

Atención Primaria

En esta edición, la entidad ha dedicado un apartado especial a la Atención Primaria. En este punto, el órgano asegura que se ha tramitado un "número significativo" de quejas de ciudadanos que ponían de manifiesto "graves problemas" para recibir atención con normalidad en algunos centros sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.

Entre todos los territorios, el alto comisionado pone el foco nuevamente en la Comunidad de Madrid. "Cuantitativamente destacan las quejas y actuaciones referidas a Madrid, en más de 60 centros sanitarios", señala. Estas actuaciones también se vienen desarrollando con las administraciones sanitarias del resto de comunidades autónomas pero, sostienen, en un número bastante inferior.

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"Se han recibido quejas sobre la presión asistencial y la demora para consulta en 14 centros de Andalucía, y en 10 centros de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha, siendo menor el número de centros objeto de supervisión en comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Aragón o la Región de Murcia, y el resto de territorios", agrega.

No obstante, en aquellos territorios que disponen de la figura de un defensor del pueblo autonómico, las quejas de los ciudadanos y profesionales se pueden canalizar a través de esa institución, por lo que el volumen de actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo puede ser menor.

Insuficiente número de sanitarios

Por otro lado, los informes que remiten las distintas administraciones sanitarias coinciden en señalar el insuficiente número de profesionales sanitarios disponibles como problema común que está en la raíz de las dificultades en los servicios de Atención Primaria. Entre estos problemas, se destacan la demora para consultas, el cierre de centros o la sobrecarga asistencial.

De hecho, muchas de las quejas ante el Defensor del Pueblo son presentadas por los propios profesionales sanitarios, médicos y enfermeras. "Manifiestan su desacuerdo y, sobre todo, su gran preocupación por la carga de trabajo que soportan, como consecuencia del alto número de pacientes que les corresponde atender cada día", se incide en el documento.

A este respecto, el informe anual se hace eco de que la escasez de profesionales médicos está fomentando en distintas comunidades autónomas un reexamen del modelo sanitario. En concreto, de las funciones que puede realizar la enfermera que, en muchos casos, "puede quedarse al frente del centro de Atención Primaria, manteniendo consulta a distancia con el facultativo correspondiente".

Sobre esta cuestión, el Defensor del Pueblo destaca que se han recibido respuestas de las Consejerías de la Junta de Andalucía y de la Comunidad de Madrid. En concreto, se ha señalado que el Servicio Andaluz de Salud está implementando una serie de medidas de mejora de la accesibilidad, con la denominada 'consulta de acogida'.

En esta consulta están al mando las enfermeras de Atención Primaria, que hacen una primera valoración de quienes acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable, sin que se trate de una urgencia vital o muy grave.

Según se precisa en el documento, este tipo de consultas tiene como objetivo la resolución o reorientación de la demanda de una manera colaborativa con el médico de referencia.

Reorganización sanitaria en Madrid

Por su parte, la Consejería de Sanidad de Madrid ha comunicado al Defensor del Pueblo que viene trabajando, desde 2020, en la reorganización asistencial de los centros de salud. Se hace, continúan, con el objetivo de que cada usuario sea atendido por el profesional más adecuado para resolver su problema de salud. "Como ocurre con el personal de enfermería competente en muchos motivos de consulta, que tradicionalmente se demandan al médico de familia", se subraya.

El Defensor del Pueblo puntualiza que la Consejería ha impartido instrucciones con el proceder ante la ausencia de médico de familia en el centro de salud, que incluye la atención por personal de enfermería en los asuntos de su competencia, la citación posterior con el médico de familia y, si es preciso, la derivación a otro dispositivo cercano o el circuito para la atención urgente.

No obstante, la entidad continúa esta actuación y ha solicitado más información sobre la solución para los centros que no pueden contar, en algún momento, con un profesional médico de presencia.