En España el modelo tradicional de sanidad es de provisión y gestión pública. Posteriormente se habilitaron nuevos modelos de gestión. Y las denominadas CPP (Colaboración Público Privada) surgieron como una solución para aportar mayores beneficios al sistema y a los pacientes: más recursos, menos tiempos de espera… La clave reside en una CPP diseñada y gestionada de manera adecuada. Así, temas como la transparencia, que las cuentas rindan, mecanismos de control, seguimiento en el contenido del acuerdo y una seguridad jurídica son esenciales para que prospere. 

Siempre en el punto de mira de gobiernos y ciudadanos, con la pandemia y la crisis sanitaria la colaboración público privada en sanidad ha vuelto a salir a debate en nuestro país y es un tema que hace unos días fue protagonista en el foro que organizaron EL ESPAÑOL e Invertia en colaboración con Grupo Sanitario Ribera. Un debate muy ‘español’, ya que, como apuntaba Daniel Lacalle, economista y columnista, “en todo el arco político en la Unión Europea no se discute la colaboración público privada. No se pone en duda la importancia de que haya un modelo en el que esa eficiencia en el gasto venga acompañada de una transparencia y en la capacidad de elegir”. Y continuaba: “Un servicio público no tiene que ser de titularidad pública solamente. El problema está en usar la palabra público. La sanidad pública que nos quieren imponer no es tal, es política”.

Un tema ideológico

Estamos ante un tema político, ideológico, y ahí reside el problema fundamental, según opinaron todos los invitados a este foro. Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), lo resumía así: “Que la sanidad tiene que ser pública es un concepto ideológico: tiene que ser pública porque sí (…) ¿Importa algo el resultado en cuanto a salud? ¿La satisfacción de los pacientes? Al paciente lo que le interesa es la buena medicina y no la titularidad”. Y añadía: “La titularidad del centro no está en el debate de la calle, está en el plano político cuando, además, todos en el ámbito empresarial tenemos claro que uno de los logros de nuestra sociedad es el sistema sanitario público. No es algo contra lo que nadie quiera ir”.

José María Toro, presidente de la comisión público-privada de la Confederación Empresarial Valenciana y presidente de Aerte, detalla los logros en el plano de la Dependencia, de la que él es experto: “En nuestro sector hemos sido capaces de apostar por una colaboración público privada estratégica. Es decir, no solo centrándola en el coste, sino en la capacidad de innovación, de especialización y en la flexibilidad que tiene el sector privado. Lo que tenemos que hacer en este tipo de colaboraciones en general es poner lo mejor que tenga el sector público con lo mejor que tenga el sector privado para ofrecer los servicios que la gente necesita”.

Y es que, más allá de que sea mejor una cosa u otra, otro punto que está en boca de todos en el tema sanitario es el económico cuando lo principal no está en invertir más o destinar más presupuestos al sector sanitario público, como en muchas ocasiones se hace y se desea, sino en gestionar bien ese dinero, hacerlo efectivo.  “Nos vamos a encontrar en los próximos años con que esta tendencia de gasto se va a enquistar. Por ejemplo, en lo referente al gasto que se aumentó por el covid-19, el 80% se ha consolidado y mantenido. La gente lo considera positivo. Pero gastando más, los servicios públicos son mucho peores, como estamos viendo en muchos ejemplos y, además, suponen un enorme despilfarro en otros gastos”, explicaba Daniel Lacalle. Y concluía: “Hay que poner el foco en la eficiencia en el gasto”.

La seguridad jurídica es otro de los puntos que se trataron en este foro como esencial, tal y como apuntábamos al comienzo, para que las CPP prosperen: “Cuando una persona hace una inversión necesita saber con qué marco se va a encontrar. Y el camino que cojamos, hagámoslo de una manera adecuada”, afirmaba el economista y columnista.

Lo que importa es el bienestar de las personas

Uno de cada tres españoles son usuarios de la sanidad privada. Y es que la capacidad de poder elegir, tanto el dónde como el cómo en temas como el de la salud resulta fundamental para que el paciente esté más cómodo, a gusto y mejor atendido, tal y como comentaba José María Toro: “Para cambiar de un centro a otro en plaza publica pueden pasar dos años, pero si yo tengo una ayuda que recibo, puedo cambiarme mañana a donde quiera”.

Y es que, al fin y al cabo, estamos hablando de la vida de las personas, de su bienestar y, en muchas ocasiones, las trabas económicas y políticas así como las burocráticas son las que hacen que sea un tema ‘lastre’. Por eso, ante la pregunta para cerrar el foro de ¿qué trabas encuentran en la colaboración con el sector público más allá del económico? Todos los invitados estaban de acuerdo en que el tema burocrático es muchas veces el mayor impedimento para prosperar.

“Un problema en nuestro sector es que, por ejemplo, en la comunidad valenciana  desde que se plantea un proyecto hasta que sale pueden pasar cinco años”. Así, “la gente se desespera y supongo que en la sanidad en general pasa igual. Eso hace que no se quiera invertir en determinados territorios”, explicaba el presidente de la comisión público-privada de la Confederación Empresarial Valenciana y presidente de Aerte. A lo que añadía Daniel Lacalle: “Es una auténtica aberración que se tarde cinco años en que se materialice un proyecto. El sector público tiene una función: vertebrar y facilitar en una sociedad en la que el tejido privado y las familias puedan generar el ingreso que aporta los ingresos de los que se financia el sector público”.