El objetivo del Gobierno es aprobar la nueva Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios antes de que finalice esta legislatura. Sin embargo, el sentir del sector sanitario es que no verá la luz en este periodo, aunque ese sea el deseo del recién nombrado director general de Farmacia, César Hernández.
Hay una razón que apoya la creencia del sector de que la Ley de Garantías no verá la luz antes de que finalice la legislatura. Una de ellas es que el Gobierno ha 'colado' las nuevas tasas que pagará la industria farmacéutica en las enmiendas al proyecto de ley que establece los impuestos a la banca y a empresas energéticas.
"Deberían haberse incluido en la Ley de Garantías", señalan voces del sector. Esto indica que el Ejecutivo tampoco confía en sacar adelante la nueva norma.
Lo que sí ocurrirá este año o, al menos, así lo señalan las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, es la aprobación de esta norma por parte del Consejo de Ministros. De hecho, Hernández ya confirmó en el III Observatorio de la Sanidad que la ley estará lista antes de que termine este año.
Pero, después de que el Consejo de Ministros dé luz verde al nuevo texto, todavía le quedará un largo recorrido hasta su aprobación definitiva. "De un año, al menos", explican estas mismas voces.
Modificaciones
La nueva Ley de Garantías pretende modificar el sistema de copagos farmacéuticos, así como el sistema de precios de referencia o consolidar la dispensación no presencial de medicamentos de dispensación hospitalaria, de acuerdo con el documento de consulta pública.
Tal y como contó EL ESPAÑOL, el Ministerio de Sanidad plantea ampliar la exención de los copagos farmacéuticos a rentas superiores a 18.000 euros. O, lo que es lo mismo: ampliar el grupo de colectivos vulnerables que no están sometidos a estos copagos.
También habrá cambios que afectarán de lleno a la industria farmacéutica. Por un lado, se aumentará la aportación que las compañías tienen que hacer al Sistema Nacional de Salud (SNS). Si ahora se calcula con las ventas de medicamentos y productos sanitarios financiados con fondos públicos y dispensados en farmacias, se añadirán los que dispensan (no aclara si también los que se usan) en centros sanitarios.
Por otro lado, el texto expuesto a audiencia pública recoge también cambios en el sistema de precios de referencia, que es como se regula automáticamente el coste de los medicamentos con financiación pública.
El sistema de precios de referencia también sufrirá modificaciones. De hecho, el Gobierno incluirá una de las grandes reclamaciones de la industria farmacéutica española: introducir en los precios de referencia la valoración de los "beneficios incrementales".
Así, el precio del medicamento dependerá también de las mejoras que introduzca un nuevo medicamento, aunque no se trate de una nueva molécula.