La Ley de Equidad continúa su camino ahora en el Congreso de los Diputados. Será la próxima semana cuando se debatirán las enmiendas a la totalidad. Una norma que quiere convertir la colaboración público-privada en algo "excepcional". Esto significa reducir el número de conciertos sanitarios, lo que implicará un aumento del gasto de la sanidad pública de entre 1.100 y 1.300 millones de euros.

Es el cálculo que hace la Fundación IDIS en su informe 'Aportación del sector privado al sistema sanitario', que ha publicado este miércoles. La organización que preside Juan Abarca ha estimado que la diferencia de coste a asumir por el sistema público podría situarse en un intervalo de entre un 25 y un 35% superior respecto a los costes derivados de la colaboración público-privada.

Si la sanidad pública asume la actividad adicional asociada al total de conciertos, teniendo en cuenta la diferencia media de precios mencionada anteriormente, podría suponer un aumento estimado del gasto público de, al menos, entre los 1.100 y 1.300 millones de euros.

Impacto en los costes

Para calcular estas cifras, la organización ha tenido en cuenta los datos de los resultados estadísticos anuales e informes publicados por el Ministerio de Sanidad en 2020 y los datos disponibles en los boletines oficiales de las comunidades autónomas.

Desde el punto de vista asistencial, el sistema público tendría que asumir cerca de seis millones de estancias y de 11 millones de consultas. La diferencia de precio media calculada de las estancias y consultas en centros concertados es de 135 euros y 28 euros, respectivamente. Es decir, las estancias en centros concertados son aproximadamente un 47% más económicas que en centros públicos y las consultas cerca de un 36%.

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Así, la absorción de dicha actividad por parte del sistema público supondría un aumento del coste de alrededor de 800 millones de euros derivados de las estancias y 306 millones de euros de las primeras consultas, sucesivas y de alta resolución.

Del mismo modo, el sistema público tendría que hacerse cargo de cerca de 800.000 pruebas diagnósticas. El informe expone también las diferencias de precios en centros concertados y centros públicos. Por ejemplo, las mamografías cuestan 47 euros menos en la privada y las resonancias magnéticas 126. Si el sector público asume las pruebas, supondría un incremento del gasto de hasta 60 millones de euros.

Por otro lado, derivado de la actividad asociada a tratamientos como la hemodiálisis, el informe del IDIS estima que el sistema público tendría que hacerse cargo de más de 260.000 sesiones de hemodiálisis. Dado que el precio es un 37% más bajo en la concertada que en la pública, conllevaría un coste para el sistema público de 24 millones de euros.

La organización plantea, además, un escenario en el que el sistema público absorbiese totalmente la actividad concertada. De ser así, el aumento del gasto podría acercarse a los 8.500 millones de euros.

Listas de espera

Otra de las consecuencias del fin de la colaboración público-privada es el aumento de las listas de espera y el tiempo medio de espera para las primeras consultas.

Según datos del Ministerio de Sanidad de 2020, el sistema sanitario privado, a través de las distintas fórmulas de colaboración, lleva a cabo en torno a cuatro millones de primeras consultas. Esto representa alrededor del 4,5% de las primeras consultas totales. Asumiendo que desaparecerían los conciertos, el total de primeras consultas pasarían a ser atendidas por el sistema público.

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En ese caso, si el sistema público no aumenta sus recursos, se estima que, en un año, las listas de espera podrían aumentar hasta un 153% con respecto al último dato disponible de diciembre del 2021. Pasaría de los 89 días de diciembre del 2021 a 147.

Sobre las listas de espera quirúrgicas, el sistema privado hace alrededor de 700.000 intervenciones, lo que supone el 16%. El IDIS estima que, si desaparecen los conciertos, las listas de espera aumentarían en torno al 100%. Esto significa pasar de los 123 días de diciembre del 2021 a 198.