El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, cree que España tiene una oportunidad: la de liderar la revolución biomédica y ser un referente en investigación clínica. Pero para ello, la industria espera que llegue un Gobierno con una perspectiva de cuatro años que pueda acometer reformas que pongan en valor a la industria farmacéutica.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL Arnés explica por qué la Orden de Precios de Referencia no es suficiente para regular los precios de los medicamentos y cuál es la situación entre los medicamentos genéricos y de marca.

Hace cerca de un mes se ha publicado la Orden de Precios de Referencia (OPR) y algunos cálculos estiman que el recorte de precios va a hacer que el sector farmacéutico deje de crecer un 1,7%. ¿Cómo valora ese impacto?

La OPR cada año tiene un impacto diferente en función de las presentaciones que entran o salen pero es un mecanismo apropiado que permite introducir ahorros. Es una consecuencia del Sistema de Precios de Referencia que introduce competencia en el sector cuando los medicamentos pierden la patente y aparecen los genéricos. Consigue ir reduciendo precios y conseguir ahorros en productos que han perdido su propiedad industrial y que se consideran maduros.

Estamos completamente de acuerdo con el Sistema de Precios de Referencia y ha llegado a tal extremo su eficacia que el 50% de las prescripciones que se dispensan en farmacias tienen un precio de venta al público inferior a 3,5 euros, como consecuencia de la competencia establecida. Sin embargo, creemos que esa competencia en algunos casos ha llegado a unos niveles de precios que están erosionando la viabilidad comercial de algunas presentaciones. Por lo tanto, el sistema debería revisarse para que en productos que tienen precios muy bajos, inferior incluso a un euro, pudieran contemplarse otros mecanismos para que su comercialización fuese viable y que su producción en España y Europa fuese posible adaptándose a las circunstancias del mercado.

¿Considera Farmaindustria que el Ministerio ha tenido en cuenta las alegaciones del sector en la OPR de este año?

Creemos que algunos grupos de medicamentos deberían considerarse diferentes cuando la vía de dispensación es distinta. Esa es una alegación que permanentemente realizamos y que en algunos casos se atiende y en otras no.

Sabemos que la administración es consciente de la necesidad de revisar el sistema, pero modificar las leyes no es algo que se haga de la noche a la mañana. Hay sensibilidad en todas las administraciones, independientemente del partido político, para dar solución a esta materia, pero no es algo que dependa de la voluntad, sino de abordar acciones que requieren tiempo y que por la inestabilidad política de los últimos años no han fraguado.

¿Hay más planes o puntos en la agenda que se vean perjudicados por el bloqueo político?

El día a día con la administración sigue funcionando de manera ordenada, pero es cierto que un Gobierno en funciones impide tomar decisiones de carácter estratégico que para nosotros serían relevantes.

Desde ese punto de vista, estamos deseando establecer con el Gobierno alguna acción que capte o ponga en valor la oportunidad que representa este sector. Es un sector intensivo en investigación en términos absolutos y relativos, que ha logrado junto a pacientes, compañías, centros médicos y profesionales poner la investigación clínica de nuestro país en el primer nivel internacional y creemos que deberíamos consolidar esa oportunidad.

La situación política hace que acciones de carácter estratégico como esta no puedan abrirse paso. Este sector es ejemplo del nuevo modelo productivo que requiere nuestro país, internacionalizado, con una actividad industrial y productiva muy importante.

¿Llegaremos a tener ese modelo?

Creemos que va a haber tres motores que van a condicionar el futuro de las sociedades modernas: la digitalización junto a la inteligencia artificial (IA) y el big data; la transición ecológica que va a requerir cambios muy importantes y la revolución biomédica, donde a través de un desarrollo de tecnologías básicas hemos logrado modificar la forma de atender la enfermedad.

En el ámbito de la digitalización y la inteligencia artificial es difícil que lideremos esa tecnología, aunque debemos incorporarla. Pero es que en el ámbito biomédico no solo podemos participar en la implantación, sino también en su desarrollo. Eso representa una oportunidad muy importante. Podemos ser un ejemplo de ese modelo productivo que posicione a España a la vanguardia.

Pero eso hay que conjugarlo con una sociedad más envejecida, con mayor cronicidad… ¿Cómo nos enfrentamos a esa otra revolución del sistema que tenemos en ciernes?

Hay que destruir el mito de que las nuevas tecnologías pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud. Por cada euro que inviertes en la incorporación de nuevos medicamentos, ahorras entre dos y ocho euros en gastos de otras intervenciones, a parte del efecto positivo sobre la productividad del país. Descartemos las falacias: la sostenibilidad del sistema sanitario no está cuestionada por la incorporación de tecnologías, es lo que va a permitir atender a la cronificación que se produce de algunas enfermedades.

Pero por otra parte, el sistema tiene mecanismos para negociar con el proveedor de bienes y servicios, en este caso los medicamentos para encontrar soluciones a corto plazo. Como por ejemplo los precios de referencia.

Eso no quiere decir que no haya un problema financiero. España está gastando un 6% de su PIB en salud y ahora hay un consenso global de que hay que llegar al 7%. Y de hecho, una de las propuestas del PSOE preveía que en un periodo de cuatro años el esfuerzo español en salud pasase del 6 al 7%. Está claro que mantener un sistema sólido como hemos tenido no añadiendo recursos es muy complicado. Los nuevos medicamentos no van a poder paliar la falta de recursos.

Insisten en que ya hay mecanismos para la regulación de precios pero aun así el Ministerio de Sanidad acaba de presentar un Plan de biosimilares y genéricos. ¿Necesita el sector un impulso para los genéricos?

Nosotros creemos que no. El plan parte de una premisa que está equivocada y es que el porcentaje de genéricos en el mercado es inferior a otros países europeos. Esto es comparar churras con merinas. En otros países los precios de genéricos y marcas son diferentes, mientras que en España, para que la marca sea reembolsada tiene que bajar el precio. Por lo tanto, lo que importa no es el porcentaje de genéricos que está en el mercado sino el porcentaje de medicamentos ya sean genéricos o de marca que están a precio de genérico que es lo que genera ahorro. Ese porcentaje a precio de genérico en España es del 82%.

Además, ¿alguien considera que un sector consolidado con 20 años en el mercado con compañías nacionales y multinacionales asentadas requiere de un apoyo adicional? Entendemos que el desequilibrio que puede generarse estableciendo un apoyo al genérico en detrimento de compañías que venden sus productos a través de una marca no tiene razón de ser, cuando además no genera beneficios ni para el paciente ni para el sistema.

¿Por qué consideran que no beneficia al paciente?

La marca aporta unos valores adicionales al paciente. Por ejemplo, facilita la adherencia al tratamiento. Cuando tienes un medicamento que responde a la misma marca, al mismo color, misma imagen, es más fácil identificar el fármaco que estás tomando.

Por otra parte, el medicamento de marca favorece la farmacovigilancia porque cualquier reacción adversa puede identificarse no con un principio activo, sino con una presentación concreta. Por eso consideramos que la prescripción por principio activo no tiene ventajas para el paciente. Además, el paciente paga lo mismo si se le dispensa una marca o un genérico.

El sector tiene un acuerdo con la administración por el que se compromete a que si el gasto farmacéutico crece por encima del PIB, la industria devuelve la diferencia. Se ha estimado que son 150 millones de euros en 2018. ¿Se prevé que siga así en los próximos ejercicios?

Dependerá de si el sector crece por encima del PIB o no. Es un acuerdo firmado en 2015 en el que nos comprometemos a devolver todo el gasto en medicamentos originales cuando crece por encima del PIB. Eso da una garantía del mantenimiento de las cuentas públicas y del gasto público, también da lugar a que la administración pueda incorporar innovaciones sin tener que hacer frente a un gasto superior. No sabemos qué ocurrirá en 2019, pero creemos que el gasto farmacéutico terminará muy alineado con el PIB.

Las ventajas para la administración están claras, pero ¿qué gana el sector?

El sector gana estabilidad. Para nosotros el mantenimiento de un marco estable es muy importante y tener predictibilidad es fundamental. Este es un sector de ciclo largo que actúa en un ámbito con mucho riesgo, poner en el mercado un medicamento cuesta alrededor de 2.500 millones de euros y diez años poderlo investigar. Luego se requiere un tiempo para poderlo amortizar y si no tienes un marco predecible es difícil hacer estas inversiones.

Un acuerdo de estas características nos permite saber que los ahorros que se vayan a conseguir en el futuro no sean mediante modificaciones unilaterales que afecten a la innovación. Para nosotros es clave que el ahorro no se consiga sobre la innovación.

¿Cuál es la relación del sector farmacéutico con la sanidad privada?

Actuamos en los dos mercados, en el privado y en el público. Creemos que el sector privado cumple un papel muy importante en la sanidad de nuestro país y somos proveedores de medicamentos tanto a un sector como al otro. Creemos que, como en cualquier país moderno, hay una complementariedad entre sanidad pública y privada. Nuestro interés es que el paciente reciba el mejor tratamiento a través de los medicamentos independientemente de que acuda al ámbito privado o al público.

Esa confrontación que desde algunos ámbitos se quiere trasladar a la sociedad entre la provisión pública o privada de la sanidad carece de sentido. Los países desarrollados tienen una provisión de calidad muy volcada en lo público pero compatible con el sector privado, que legítimamente ofrece servicios de alta calidad a los ciudadanos para atender sus necesidades. Creemos que esa compatibilidad es buena, es necesaria e incluso puede generar una competencia que redunde en beneficio del paciente. En todo caso, entendemos que en las sociedades desarrolladas y modernas la sanidad pública es un derecho y por lo tanto debe atenderse en toda su extensión.

¿Cuál es el papel de la industria farmacéutica en la investigación clínica?

Se ha dado un salto cualitativo porque los reguladores tuvieron el atino de trasponer una regulación europea en ensayos clínicos con antelación a otros países y eso nos posicionó de forma muy ventajosa. Los hospitales están muy bien capacitados y cuentan con instalaciones y profesionales altamente cualificados y la industria que opera en España vio una oportunidad para captar inversiones y competir con otras filiales. Además, los pacientes cada vez se incorporan de una forma más activa.

En uno de cada tres ensayos que se inicia en Europa participa un centro español y para algunas compañías somos el segundo país por detrás de EEUU. El ensayo clínico es algo por lo que ‘pelean’ todos los países porque genera importantes ahorros, no solo porque mientras das esa medicación te estás ahorrando otra, si no porque la compañía da una compensación económica por el servicio que realiza. Hay una oportunidad extraordinaria que no deberíamos desaprovechar.