La sede de Talgo en Álava.

La sede de Talgo en Álava. Alejandor Martínez Vélez / Europa Press

Observatorio de la movilidad

La SEPI respaldará la entrada de Sidenor en Talgo y servirá de ‘escudo’ ante las demandas del Gobierno alemán

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El futuro de Talgo se aclara. Y es español, con acento vasco. Sidenor ya ha hecho una oferta para adquirir una parte (o, incluso, la totalidad) del fabricante ferroviario. Una operación en la que va a contar con el apoyo, y la compañía, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sí, el Gobierno entrará en Talgo

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la operación para que Sidenor sea el nuevo socio industrial de Talgo está bendecida no sólo por el Ajuria Enea, sede del ejecutivo vasco, sino también por Moncloa. Por ello, la SEPI también se dispone a entrar en la compañía. 

Hay varias razones para ello. Por un lado, desde el Gobierno siempre se ha argumentado que Talgo es una empresa estratégica para España. Y Pedro Sánchez dejó claro, a principios de este año, que no le iba a temblar la mano a la hora de defender los intereses estratégicos de España en el sector privado

Pero hay una segunda razón para que el Estado entre, a través de la SEPI, en Talgo. El Gobierno de Alemania ya ha comenzado a apretar al fabricante para que cumpla con sus pedidos en tiempo y forma, algo imposible en este momento por su limitada capacidad industrial y la gran cantidad de pedidos que tiene en cartera. 

En total, Talgo tiene que entregar a Berlín 79 trenes en unos contratos valorados en unos 2.000 millones de euros. Y el Ejecutivo de Olaf Scholtz ya ha amenazado con sanciones por incumplir los plazos de entrega, según fuentes del sector.

Sin embargo, la llegada del sector público al accionariado de Talgo puede atenuar esta situación. La negociación de estas sanciones ya no sería entre una empresa y un Gobierno, sino entre dos gobiernos. Es decir, entraría en acción la diplomacia entre dos Estados que, ahora mismo, están bajo el mando de partidos de la izquierda europea

Cabe recordar que, en otras ofertas por Talgo, el Estado no ha optado por una postura tan activa (excepto en el caso de la opa de Magyar Vagon, pero en este caso para bloquearla). Este es el caso de Escribano, una de las empresas que se postularon a tomar posiciones en el fabricante ferroviario. Una empresa tecnológica, sí, pero sin el peso industrial que requiere Talgo.

De hecho, desde el punto de vista del Estado, Talgo ya tiene la tecnología. Lo que falta es capacidad de fabricación. Y aquí es donde Sidenor puede hacer una gran aportación, sobre todo en suelo industrial, fundamental para la producción de vehículos ferroviarios. 

De ahí, y de su carácter 100% español, que el Gobierno, en este caso, sí tenga claro participar mediante la SEPI en la operación. Un movimiento en el que también juega un papel destacado el Gobierno vasco, que desde hace unas semanas lo promueve

De hecho, este jueves, Mikel Jáuregui, consejero de Industria vasco, calificó como "positivo" la oferta de Sidenor para que exista "un proyecto sólido y de futuro industrial para Talgo", que se "ayude y posibilite el arraigo de Talgo en Euskadi" y con una mejora del "empleo industrial".

"Si estas condiciones se dan, desde el Gobierno vasco apoyaremos esta operación y esta opción", añadió. 

En cualquier caso, todavía queda un interrogante en esta operación. ¿Jugará algún papel CriteriaCaixa? El holding inversor todavía no ha movido ficha sobre si apoyará la financiación de la operación.

Sin embargo, se cumplen las condiciones que el ente presidido por Isidre Fainé había puesto sobre la mesa para ello: el respaldo explícito del Gobierno (con la entrada de la SEPI en el accionariado de Talgo) y un socio industrial, Sidenor

Pero hay más preguntas que rodean el futuro de Talgo. ¿Qué hará Skoda, que ha reiterado en su oferta de fusión? Y Magyar Vagon todavía no ha decidido si recurrirá el veto que el Gobierno ejecutó a su opa.

Aún así, con todas estas piezas de este puzzle ferroviario sobre la mesa, todo apunta a que Talgo tendrá acento vasco y contará con el Gobierno en su accionariado.