El Gobierno de Sánchez ha cerrado el acuerdo con el Ejecutivo del País Vasco la transferencia a esta autonomía de la gestión del servicio ferroviario de Cercanías. Se trata de la traslación al ámbito institucional del acuerdo político que ya alcanzaron PSOE y PNV en noviembre del año pasado, antes de la investidura del socialista.

Una vez sellado el acuerdo entre ambas instituciones, este deberá ser ratificado por la Comisión Mixta de Transferencias. Según fuentes del PNV consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, esa ratificación deberá llegar "en los próximos días".

El acuerdo entre gobiernos supone el traspaso de las cuatro líneas de Bilbao y de la de San Sebastián. Asimismo, habilita la posibilidad de crear nuevos servicios de cercanías en Álava entre Araia y Ribera Baja pasando por la capital, por Vitoria, que nunca ha tenido un servicio de esta naturaleza.

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El coste total anual para el Estado asociado al traspaso de funciones y servicios será de 92,7 millones de euros, los cuales se descontarán del Cupo que la comunidad autónoma abona al Estado. Sin embargo, también se añade la promesa de un plan de inversiones de 400 millones de euros para mejorar infraestructuras de ADIF, estaciones y convoyes.

El traspaso significa que, al menos hasta finales de 2027 -fecha límite para la liberalización de los servicios de cercanías-, el operador de la red en el País Vasco seguirá siendo Renfe. Pero, al igual que ocurre en Cataluña, con Rodalies, será la comunidad autónoma la que decida horarios, frecuencias y tarifas.

Según ha informado el Gobierno vasco, además de la de Cercanías, también se ha acordado la transferencia de la homologación de títulos extranjeros a títulos estatales.