La Comisión de Ursula von der Leyen ha reconocido este jueves "progresos" en las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar la exigencia de introducir peajes en las carreteras a partir del 1 de enero de 2024, que está incluida en el plan de recuperación de España. No obstante, Bruselas asegura que todavía no hay un acuerdo final pese a que ya se han agotado los plazos legales.

"España ha solicitado una modificiación de esta medida (de los peajes) como parte de la revisión del plan de recuperación y ahora se está trabajando en la evaluación del plan, incluyendo la modificación de esta medida", ha explicado a EL ESPAÑOL la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, Veerle Nuyts.

"Se han logrado progresos positivos y se están mateniendo conversaciones constructivas con las autoridades españolas con el objetivo de finalizar la evaluación lo antes posible", asegura la portavoz. "Como hacemos con todos los Estados miembros, comunicaremos la conclusión de nuestra evaluación del plan revisado tan pronto como lleguemos a esa etapa", ha zanjado para dejar claro que todavía no hay acuerdo.

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La introducción de peajes es una de las condiciones asumidas por el Gobierno de Sánchez a cambio de recibir los fondos europeos Next Generation. En concreto, de la puesta en práctica de este mecanismo (que es el tercer hito del plan) dependía el pago del sexto tramo de 8.000 millones de euros de ayudas comunitarias, cuyo desembolso estaba programado para junio de 2024.

Aunque no informó de ello en su momento, el Gobierno pidió a Bruselas eliminar esta medida el pasado 7 de junio. Lo hizo en el contexto de la solicitud de otros 95.000 millones de euros de financiación de los fondos Next Generation (84.000 millones en créditos blandos y 11.000 millones extra de subvenciones). El argumento del ministerio de Transportes es que "las condiciones que se daban en el momento en que se planteó esta medida no son las mismas que en la actualidad".

Durante una visita esta semana a Bruselas, la ministra Raquel Sánchez explicó a la prensa que el Gobierno ha presentado a la Comisión "una serie de propuestas alternativas" a los peajes, que "van en la línea de reforzar muchas medidas que ya hemos aplicado, incentivar el transporte ferroviario, incentivar también el transporte público".

"La voluntad del Gobierno es no aplicar ningún sistema de pago por uso en las autopistas, en las vías de alta capacidad", insistió la ministra de Transportes. "Nos consta que la Comisión está analizando, nos consta que podemos compartir ese criterio y ese análisis. Y esa visión compartida nos permite ser optimistas", dijo Sánchez.

En principio, la Comisión disponía de dos meses para dar su veredicto sobre esta adenda al plan de recuperación de España, pero el plazo legal se amplió un mes extra por acuerdo entre Madrid y Bruselas. Aunque la prórroga concluyó el 7 de septiembre, el Ejecutivo comunitario todavía no ha adoptado una decisión final. Un retraso que tampoco es extraño porque se ha producido también con otros Estados miembros como Italia.

Desde el ministerio de Transportes también aseguran que esperan un acuerdo rápido con Bruselas para eliminar la exigencia de introducir peajes el 1 de enero de 2024. "La Comisión está analizando nuestro planteamiento y hay una visión compartida que nos permite ser optimistas, pero aún no tenemos una respuesta oficial de la Comisión", señalan fuentes del ministerio.