Los peajes en carreteras han entrado en campaña electoral. En el cara a cara televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el líder de los populares le preguntó directamente al presidente del Gobierno al respecto: “¿Usted va a pasar las autovías gratuitas a de peaje?”. Sánchez respondió que eso era “una mentira”.

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, echó más leña al fuego al señalar en TV-3 que “los peajes son una exigencia que se tiene que hacer. Nos lo exige Bruselas”. Luego reculó y dijo que “no tenía competencias” sobre el tema.

Y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, saltó a la palestra para desmentir “categóricamente” que el objetivo del Gobierno sea poner en marcha el año que viene los peajes. “No tiene sentido plantear una medida como esta”, subrayó.

[Los peajes entran en campaña electoral: ¿pagaremos por circular en autopista en 2024?]

Más allá de las palabras, lo cierto es que entre los compromisos adquiridos por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) está “la puesta en marcha del pago por uso en 2024”. Un plan que se traduce en 70.000 millones de euros en subvenciones para España.

Por tanto, el Gobierno que salga elegido el próximo 23-J tendrá que mover ficha a este respecto. Se trata de una medida que debería haber estado en la Ley de Movilidad que finalmente no se ha aprobado por el adelanto de los comicios. Un texto que, en principio, se limitaba a asegurar que se buscarían alternativas para financiar el mantenimiento de las carreteras. En concreto, no hablaba de puesta en marcha de peajes.

¿Cuál es el déficit de mantenimiento?

Aunque la implementación de un modelo de pago por uso en las carreteras de gran capacidad lleva entrando y saliendo de las cajoneras de los despachos del Mitma desde hace varias legislaturas, no se ha dado el paso definitivo de ponerlo en práctica.

En la actualidad, son unos 2.000 millones los que paga el Estado por la conservación de las autovías. Según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de España (Seopan), en datos aportados durante el pasado año, son necesarios más de 5.000 millones de euros en inversiones para mejorar la seguridad en la circulación, instalar electrolineras cada 50 kilómetros con un mínimo de 12 puestos de recarga, digitalizar y conectar la red, reducir el ruido, optimizar la luz o construir áreas de descanso seguras para camioneros.

¿Cuáles son las alternativas para el pago en autovías?

Varias son las alternativas que están sobre la mesa y que el Gobierno que salga de las próximas elecciones podría barajar antes de dar el paso. La fórmula ‘favorita’ por el actual Gobierno, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, es la conocida como ‘viñeta’.

¿Cómo funciona? Pues básicamente se trata de un pago único anual. De esta manera, los usuarios reciben una pegatina que tienen que adherir al vehículo. Así pueden circular libremente por las autovías y autopistas del país, algo que ya se hace en Alemania o Suiza, por ejemplo.

Una fórmula que, en principio, sería aplicada de manera temporal. La idea del Ejecutivo era la de, a partir de 2025, implementar otro modelo más avanzado. Cuando se adelantó la propuesta, en 2022, Seopan la calificó de “ineficaz”. En su opinión, sería más efectivo un modelo puro de pago por uso en función de la distancia recorrida. “Es lo que la Comisión Europea requiere”, afirmaron.

Este sistema supone la instalación de postes con lectores electrónicos que detectan automáticamente las matrículas de los coches que entren y salgan de las autovías para cobrar los peajes. La instalación de dichos postes supondría una inversión de unos 1.500 millones de euros. Es el modelo que se usa en Portugal, por ejemplo, y que cobra por kilómetro recorrido. También se conoce como peaje blando.

Un peaje.

Así, antes de entrar en la carretera, se introduce la tarjeta de crédito en los controles de peaje. A partir de ese momento, el conductor dispone de un mes para moverse libremente por las autovías. En dicha tarjeta se irá cargando el montante que recojan los diferentes postes implantados en el recorrido. Si en ese mes, se recorren 100 kilómetros, se cobrará esa distancia. Si son 1.000 kilómetros, la cantidad correspondiente. Finalizado el mes, tendrá que volver a iniciar el proceso.

Más allá del sistema de pago, el nuevo Gobierno tendrá que estudiar el alcance de la red vial a tarificar: autovías estatales, autonómicas… o cualquier tipo de carretera. Sin olvidar la progresividad fiscal, para no perjudicar a lo más vulnerables.