Según ha podido conocer este medio, lejos de dejarse a un lado, los trabajos para definir el futuro modelo que permitiría financiar las infraestructuras españolas se han redoblado en las últimas semanas. Los contactos se están incrementando con el objetivo de contar con un modelo de consenso antes de las próximas elecciones.

Un consenso que se pretende sea lo más amplio posible. Hasta ahora, se entendía que el diseño se abordaría con los agentes empresariales afectados. Muy concretamente con los representantes del sector del transporte. Además de con este grupo, la intención es sumar al mayor número de fuerzas políticas posibles.

El objetivo es que el modelo de pago por uso que se defina sea puesto en marcha durante la próxima legislatura sea cual sea el color político del Ejecutivo que salga de las siguientes elecciones. Esto convierte al futuro mecanismo en uno de los pocos campos en los que aún se ve viable alcanzar un pacto de estado entre los partidos con capacidad de liderar un Gobierno de España.

Puesta en marcha en la próxima legislatura

Del mismo modo, se pretende que esta cuestión no se convierta en un arma electoral. Tanto dentro del PSOE como del PP se asume que España deberá contar con un modelo de tarificación para circular por las vías de alta capacidad españolas en los próximos años. Ambos partidos saben que, en el Gobierno o en la oposición, una postura contraria a su aplicación no tendrá base para sustentarse.

Los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia señalan que en 2024 deberá estar implementado este mecanismo. Este plazo se justifica porque de acuerdo con la experiencia internacional, se necesitan entre dos y tres años para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso en España.

Por ello, 2022 debe de ser el momento de definir el modelo que afectará sustancialmente a la movilidad interurbana española. Tanto en lo que se refiere a los ciudadanos como a las mercancías. Los costes de conservación de la red estatal de carreteras (que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de vías de alta capacidad) no pueden seguir siendo asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Menos aún en el actual contexto económico.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) calcula que el Estado podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por el pago por uso en la red española. Una cantidad más necesaria que nunca para cuadrar las cuentas del estado y poder dedicar los recursos actuales a otras prioridades.

Evitar más presión a los transportistas

Otro de los consensos que actualmente existe dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la necesidad de que el sector del transporte no concentre el impacto de esta medida. Para ello se están buscando fórmulas que permitan repercutir estos costes en el conjunto de los involucrados en el sector de las mercancías. 

En el transporte de mercancías, los operadores son sólo una pieza de una larga cadena. En las conversaciones que se están teniendo con el sector sobre esta materia el Gobierno ha explicado su compromiso para que, cuando la medida se ponga en marcha, todos los involucrados en este negocio contribuyan a sostener el impacto que tendrá.

Un peso que no se acercaría a los sobreprecios que actualmente están soportando los profesionales debido al aumento del coste de los combustibles. Ya sea por una tarifa anual como en el caso de una tarificación constante, se trabaja para que España tenga uno de los costes operativos más competitivos de la Unión Europea.

Actualmente, España es el país comunitario que menos kilómetros tiene tarificados de su red de altas prestaciones. En el nuevo modelo, los diseños iniciales aspiran a contar con unas tarifas menos costosas que se pretende poner en marcha mediante un sistema gradual por fases. 

Un modelo, diferentes fases

Como ya adelantó este diario, la fórmula elegida para arrancar estrategia planteada por el Gobierno se apoyaría en el sistema conocido como 'viñeta'. Este concepto se basa en un pago único anual por el cual los usuarios reciben una pegatina que adhieren a sus vehículos y con la que pueden circular libremente por las autovías y autopistas del país.

Los defensores del formato de 'viñeta' la valoran como el método de más fácil implementación. Este modelo ha sido el elegido desde hace años por países como Suiza gracias a su simplicidad. Con una inversión mínima, se puede cambiar el actual modelo sin necesidad de poner en marcha ningún sistema técnico. 

Del mismo modo, el objetivo recaudatorio también se simplificaría. Así como los peajes de todo tipo permiten ir generando ingresos a modo de goteo, la 'viñeta' generaría un importante nivel de pagos en fechas muy determinadas. Además, en la elección de la viñeta ha pesado el componente territorial. Un modelo igualitario para todas las regiones es visto como el más adecuado económica y socialmente ya que será el conjunto de la red el que se beneficiará de los ingresos que genere.

Así las cosas, la puesta en marcha de un modelo de pago por uso por las infraestructuras viarias de alta capacidad sigue adelante. Una medida que tendrá un profundo impacto en el día a día del transporte de ciudadanos y mercancías por el territorio español y para el que se busca un consenso al nivel del reto que supondrá su puesta en marcha.