La Comisión Europea ha autorizado este miércoles a España a destinar 20 millones de los fondos europeos Next Generation para apoyar el establecimiento de sistemas inteligentes que faciliten mejores servicios de comunicación e información en las autopistas y túneles de la red de carreteras del Estado.
Bruselas ha llegado a la conclusión de que esta inversión mejorará la seguridad vial en España y contribuirá a que el tráfico por carretera sea más sostenible gracias al establecimiento y la mejora de tecnologías digitales avanzadas. Al mismo tiempo, la ayuda pública provocará distorsiones limitadas en la competencia.
Este régimen de ayudas se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2024 y adoptará la forma de subvenciones directas. Se adjudicará, tras un procedimiento de selección competitiva, a los concesionarios y a las empresas de explotación y mantenimiento que operan en la red de carreteras del Estado.
La medida persigue dos objetivos principales. En primer lugar, mejorar la seguridad del tráfico, la eficiencia, la interoperabilidad, la eficiencia energética y la innovación en las autopistas y túneles gestionados en régimen de concesión. Además, la inversión pretende fortalecer la seguridad en la explotación y el mantenimiento de las carreteras.
Entre los proyectos que podrán recibir estas ayudas se encuentran sistemas automáticos de detección de incidentes, sistemas de seguimiento de las condiciones atmosféricas en las carreteras, sistemas inteligentes de control de la iluminación, sistemas cooperativos para hacer más interoperable la red nacional de transporte y sistemas que permiten el funcionamiento remoto y automático de las obras de mantenimiento gracias a drones y maquinaria digitalizada.
Tras examinar los planes del Gobierno español, el Ejecutivo comunitario ha constatado que el proyecto se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales. En primer lugar, las subvenciones facilitarán la digitalización de servicios vinculados a la infraestructura viaria mediante el establecimiento y la mejora de sistemas inteligentes. Esta digitalización también contribuirá a colmar la brecha digital con las infraestructuras viarias en las que el Estado ya ha llevado a cabo proyectos de inversión similares o lo está haciendo actualmente.
Además, Bruselas considera que la ayuda es necesaria y proporcionada para que los inversores lleven a cabo los proyectos específicos de digitalización. A este respecto, los concesionarios y las empresas de operaciones y mantenimiento que soliciten ayudas tendrán que presentar un análisis de costes y beneficios que demuestre su déficit de financiación.
Además, el importe máximo de la ayuda que podrá recibir un proyecto se basará en estimaciones de costes razonables. Por lo tanto, los efectos positivos de la medida en términos de contribución a la digitalización de determinados servicios económicos vinculados a la infraestructura viaria compensan cualquier posible efecto negativo desde el punto de vista del falseamiento de la competencia, según Bruselas.
Todas las inversiones y reformas que supongan ayudas estatales incluidas en los planes nacionales de recuperación presentados en el contexto de Next Generation deben notificarse a la Comisión para su aprobación previa. El Ejecutivo comunitario debe garantizar que se preserve la igualdad de condiciones en el mercado único y que los fondos se utilicen de manera que sea mínimo el falseamiento de la competencia y no se desincentive la inversión privada.
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