El paso del tiempo ha sepultado este argumento y ha puesto sobre la mesa otros más fundamentados. Actualmente, el conjunto de las firmas automovilísticas tiene decenas de vehículos 100% eléctricos en sus catálogos. Modelos que van desde utilitarios a los más prime. Con autonomías que permiten tanto circular por ciudad como realizar viajes de largas distancias. 

El mix de precios entre el coste del vehículo y los costes que generan a lo largo de su vida útil ya hace que, en muchos casos, el conjunto de la inversión que requiere un coche eléctrico durante una década sea menor que el de un vehículo de combustión. Los ahorros en cuestiones como el mantenimiento o la gasolina hacen que, teniendo en cuenta el total de la vida útil de estos modelos, la diferencia de precio tampoco sea una excusa. 

Entonces, ¿por qué España cuenta con uno de los parqués de coches eléctricos más pequeños de los países desarrollados? Hoy todos los dedos han pasado de señalar a los fabricantes de vehículos a la ausencia de una infraestructura de carga suficientemente tupida para asegurar a los usuarios de vehículos eléctricos circular con el mismo nivel de certidumbre que a los de uno de motor de combustión.

Infierno administrativo

Según los últimos datos publicados por Anfac en su barómetro de la electromovilidad, a 30 de septiembre España contaba con 12.702 puntos de recarga de acceso público. El 87% son de hasta 22 kW, lo cual implica tiempos de recarga mínimos de tres horas. Actualmente, sólo 82 puntos superan los 250 kW que permiten tiempos similares a los del repostaje de los vehículos de combustión. 

La red de carga española solo ha aumentado un 7% en los tres últimos meses. Si nos fijamos en los puntos ultrarrápidos, desde el pasado mes de junio las carreteras españolas han sumado 16 puntos más de esta categoría desde las 66 con los que se cerró el pasado mes de junio. Un aumento del 24% pero que está lejos de hacer llegar al parque de este tipo de cargadores a los niveles que la industria ve necesarios. 

Diferentes involucrados en el proceso de puesta en marcha de puntos de recarga de vehículos eléctricos coinciden en que, actualmente, cuentan con miles de instalaciones listas para dar servicio y no las pueden activar por falta de permisos administrativos. Unos requerimientos que involucran a diferentes niveles de la administración y que están ralentizando el despliegue de esta infraestructura tan necesaria. 

"Tenemos unos trámites muy complejos. En las instalaciones de alta potencia tenemos autorizaciones locales, de Comunidades Autónomas y a nivel del Estado. Trámites que no están conectados aunque son totalmente necesarios. Nos estamos encontrando con plazos que se van hasta los 30 meses", señaló Raquel Blanco, directora global de Smart Mobility de Iberdrola durante su participación en II Simposio del Observatorio de la Movilidad de Invertia. Un argumento que coincide con la visión que otros actores de este incipiente sector como Easycharger, Endesa o Ionity han replicado durante los últimos meses. 

Actualmente, los trámites en el caso de los permisos de Industria están tardando seis meses. Un tiempo que coincide con los plazos que cuesta hacerse con el ok del Ministerio de Transportes en el caso de que la instalación tenga que ponerse en alguna vía de gran capacidad. Pero el rompecabezas no termina aquí. En el caso de los municipios y las Comunidades Autónomas cada región cuenta con una problemática diferente.

A la espera de los fondos

Un elemento que llega a retorcerse aún más con las ayudas del Plan Moves a la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Al ser unas ayudas gestionadas por las Comunidades Autónomas las compañías interesadas en contar con estos fondos se enfrentan a 17 procesos totalmente diferentes. Una verdadera yincana que les exige requerimientos que van desde abrir oficinas a presentar ofertas con más de un partner y que pueden ser radicalmente distintos para puntos separados por 50 kilómetros.   

Y es en las ayudas donde se encuentra otro de los puntos de dolor para este sector. En el caso de los fondos europeos, existe una alta expectativa en la próxima puesta en marcha de diferentes planes complementarios. El retraso que los procesos administrativos de Bruselas están originando en el PERTE del coche eléctrico y conectado también están influyendo en que algunas compañías no pisen el acelerador a la velocidad que podrían hacerlo.

Así las cosas, la puesta en marcha de una infraestructura de carga para el coche eléctrico de primer nivel se presenta como una de las grandes actuaciones que permitirán la democratización de los vehículos no contaminantes en España. Un despliegue para el que será básico que la actual atomización de los procesos administrativos se unifique y agilice si se quieren cumplir los compromisos adquiridos con Europa en materia de sostenibilidad.