Al mismo tiempo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recibía el visto bueno definitivo en Bruselas, el Consejo de Ministros ha aprobado el primero de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE, las nuevas fórmulas para la colaboración público-privada) relacionados con él. Se trata del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC), al que el Gobierno dedicará unos 4.300 millones de euros hasta 2023, la vasta mayoría procedentes de los fondos Next Generation.
De esta cantidad, unos 3.600 millones se destinarán a apoyar los proyectos presentados por el sector privado destinados a reforzar o transformar cadena de valor de estos nuevos vehículos, que tendrán que abordar, obligatoriamente, inversiones en cadena de montaje y ensamblaje, en fabricación de componentes y la puesta en marcha de una fábrica de baterías de litio o de pilas de hidrógeno.
Sin embargo, en este aspecto el Gobierno se ha mostrado flexible. En el caso de las baterías, no será necesario que se cumplan todas las condiciones de inversión. Además, como ya se ha contado, el Estado se involucrará en este caso formando con el sector privado un consorcio para la puesta en marcha de estas instalaciones, que a día de hoy no existen en España.
Eso sí, desde el Ejecutivo aseguran que el Estado tendrá una participación totalmente minoritaria en él. Con esta participación, lo que se quiere motivar es la inversión del sector privado y reducir el riesgo.
De hecho, desde el Gobierno se asegura que, por esta condición, no tendrán capacidad alguna para decidir en qué comunidad autónoma se ubicará la esperada fábrica de baterías. Fuentes consultadas indican que todo dependerá de cada proyecto.
En cualquier caso, tal y como están diseñadas las condiciones del PERTE, las condiciones que deben cumplir las empresas para presentar sus proyectos y los contactos del Ministerio de Industria, podría haber varios proyectos de fábricas de baterías de litio en España. A día de hoy, el más conocido es el de Phi4tech, en Extremadura.
Cabe recordar que los proyectos relacionados con la cadena de valor del vehículo eléctrico (que son los que tendrán con más ayudas) habrán de contar con al menos cinco empresas (un 40% de ellas pymes), tener presencia en dos comunidades autónomas y una entidad proveedora de conocimiento.
Con todo, no se han establecido límites para la financiación pública máxima o mínima para cada uno de estos proyectos. Y habrá que esperar para conocer a los candidatos. Hasta octubre no se abrirá la convocatoria del PERTE, que no se espera que se resuelva hasta febrero del próximo año.
Los 700 millones restantes de financiación pública del PERTE se dedicaran a lo que el Ejecutivo ha llamado medidas facilitadores para difusión y el acceso al vehículo eléctrico. En este campo se incluyen el Plan Moves III, el Moves singulares, la ley de Cambio Climático, la regulación de servicios de recarga de vehículos eléctricos, la hoja de ruta del 5G y su despliegue, y un plan de formación profesional.
Inversión privada
El Ejecutivo espera, con los fondos públicos mencionados, lograr mover unos 19.700 millones de inversión privada. Por ello, a través del PERTE, espera un total de inversiones de unos 24.000 millones.
Con esta iniciativa, se espera que la aportación del sector de la automoción al PIB salte del 9% actual al 15% para 2030, con 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. Así mismo, se estima que la creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo.
Con todo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que el PERTE todavía tiene que pasar el examen de Bruselas, aunque se da por hecho que lo superarán.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado repartir entre las comunidades autónomas unos 1.631 millones de euros, provenientes de los fondos europeos, para la rehabilitación de viviendas. 1.151 de estos millones se entregarán antes de que acabe el año.
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