Hace más de un semestre que estamos dentro de una crisis sanitaria por la Covid-19 y económica por la atropellada gestión pública que se ha hecho de ella. Desde entonces el taxi sufre una crisis de demanda de servicios que lastra sus ingresos hasta límites nunca vistos. Y esta situación amenaza con persistir, al menos, hasta el verano de 2021.

El sector del taxi madrileño está compuesto de trabajadores autónomos, con o sin conductores asalariados a su cargo. Pero es mucho más que eso. Es un servicio público de interés general, una modalidad de transporte muy segura sanitariamente, un sector básico en la movilidad urbana con alta capacidad de transporte diaria puerta a puerta, y, un emblema de la ciudad. Cuando no hay otra solución de movilidad, siempre hay un taxi.

En los primeros momentos, con la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, el Gobierno arbitró una prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo. Era la única formula general de ayuda a todo tipo de autónomos ante el supuesto “bache coyuntural” por el que iba a pasar la economía. El requisito esencial para percibirla era ver reducida la facturación en 75% o más.

Un modelo de ayudas que, ni estaba pensado a medida del taxi, ni en modo alguno le podía sentar bien. La reducción de ingresos para acceder es altísima para este sector, y, además, los medios de acreditación muy complejos para un sector de menudeo comercial que tributa por “módulos”.

Tampoco se escucharon las muchas propuestas para mejorar esa acreditación por parte de las organizaciones más representativas del sector. Para colmo, en muchos casos ha desincentivado la realización de servicios que hubieran sido clave en la recuperación económica, máxime cuando a través de los Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril y el 26/2020, de 7 de julio no modificaron este sistema, y ahora tampoco lo ha hecho el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que perpetúa un sistema ineficiente, injusto, que genera incertidumbre y que en modo alguno ayuda ni acompasa a la recuperación de la actividad, que es el fin que debe perseguirse.

En relación con los ERTEs, el desatino también va a producir la resolución de miles de contratos, expulsando a trabajadores del sector por falta de actividad. Empleos de difícil reciclaje en otros sectores y que no van a volver en años.

Resulta increíble que, ante una caída de la actividad provocada, lo primero que se arbitrase no fuese la suspensión de toda obligación de pago de cotizaciones, impuestos, prestamos y demás obligaciones socioeconómicas aparejadas a la actividad económica desarrollada. Si te impiden producir, te deben dejar de cobrar hasta por respirar.

Resulta increíble que, ante una caída de la actividad provocada, lo primero que se arbitrase no fuese la suspensión de toda obligación de pago de cotizaciones.

También es insólito que, ante una medida urgente que en pocas semanas se comprueba ineficiente, no se adopten medidas adecuadas diferenciadas por actividades económicas, con un diseño eficaz. No se puede establecer la misma regulación para una mercería, un diseñador web, un agente de seguros y un taxista, por ejemplo. La desidia pública ha sido absoluta.

Parece que lo que se ha buscado era la paralización y quiebra de toda actividad económica en vez de su hibernación por el mínimo tiempo para su rápida reactivación. Una vez más estamos a años luz de países de nuestro entorno. Desde Portugal a Noruega, pasando por Italia, Alemania, Dinamarca, e incluso la denostada Grecia.

El Ministerio de Transportes, además, en una profunda dejación de competencias -puesto que los taxis están provistos de una autorización interurbana (VT) y la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres posibilita al Gobierno la intervención en los transportes- se ha desentendido de establecer medidas de ordenación sectorial a través del famoso “mando único”, pues perfectamente podría haber establecido la prestación de alternancia diaria par/impar mediante esta competencia, al menos para los trayectos interurbanos. Y así podríamos seguir con varios ejemplos de ineficacia, cuando no incompetencia, en la gestión del sector.

Tampoco se ha hecho el más mínimo esfuerzo, ni en escuchar las propuestas del sector, ni bajo la competencia estatal de ordenación del comercio y política de precios por flexibilizar coyunturalmente tarifas para que se use el servicio y no caiga en el ostracismo, que siempre es mejor una menor rentabilidad, pero rentabilidad, al fin y al cabo, que estar parado irremisiblemente.

El Ministerio de Transportes se ha desentendido de establecer medidas de ordenación sectorial a través del famoso “mando único".

En ningún momento se ha pensado en utilizar los taxis como refuerzo de los transportes colectivos con cargo al presupuesto, solución mucho más “barata” que la improductiva falta de actividad. Una muestra más del desconocimiento de la economía propio de gobernantes enemigos del comercio y del crecimiento económico.

La declaración de un nuevo estado de alarma con toque de queda, que amenaza con perpetuarse, da la puntilla a este sector y afecta profundamente a la movilidad urbana.

El resultado de la gestión sanitaria y económica además de catastrófica está lastrando la actividad de modo crónico, pues la demanda interna que, dada la situación, es la única posible hoy en día no se recupera ni tiene visos de hacerlo. O se replantea la situación de punta a cabo o persistiendo en los errores se va a hacer un daño irreparable al taxi. ¿Hay alguien ahí?

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transporte.