José Luis Escrivá ha sido el elegido por Pedro Sánchez para liderar durante la próxima legislatura la cartera de Transformación Digital. El nuevo destino del hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido una de las sorpresas del Ejecutivo anunciado este lunes por Sánchez, que ha decidido dar más peso a las competencias de Transformación Digital con la creación de un ministerio propio.
Currículo
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Escrivá inició su trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios. Posteriormente, dio el salto a Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo.
Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE), institución con sede en Fráncfort (Alemania). Entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos (BPI), situado en Basilea (Suiza).
Entre 2004 y 2012 trabajó en el grupo BBVA, primero como eeconomista jefe y director del Servicio de Estudios de la entidad y, a partir de 2010, como Managing director del área de Finanzas Públicas.
En marzo de 2014 se convirtió en el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cargo en el que permaneció hasta su nombramiento como ministro. Además, desde noviembre de 2015 a noviembre de 2019, fue presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europa (UE).
Posición en la amnistía
José Luis Escrivá ha sido uno de los miembros del Gobierno que ha mantenido un perfil público más bajo durante las últimas semanas mientras avanzaban las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
De hechol, en las últimas semanas no se han registrado declaraciones públicas del nuevo ministro de Transformación Digital sobre la aministía.
Balance de gestión
Escrivá deja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras casi cuatro años al frente de esta cartera. Un periodo en el que ha impulsado la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha sido el responsable de una las grandes reformas que se llevaron a cabo durante la pasada legislatura: la de las pensiones.
En concreto, Escrivá aseguró la subida de las pensiones al vincular su evolución al Índice de Precios al Consumo (IPC), incrementó las cotizaciones y ha buscado fórmulas para intentar alargar la edad de jubilación efectiva. Algunas de estas reformas se lograron con el respaldo de todos los agentes sociales, mientras que contaron únicamente con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal.
En materia de transformación digital, las competencias estuvieron la pasada legislatura bajo el mando de Nadia Calviño como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En concreto, estaban divididas en dos grandes patas: una relacionada con los servicios de telecomunicaciones y otra con las medidas de digitalización.
Durante los últimos años han existido dos Secretarías de Estado vinculadas a estas competencias. Por una parte, la de Digitalización e inteligencia artificial (IA), con Carme Artigas al frente, y, por otra, la de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, liderada primero por Roberto Sánchez y actualmente por María González Veracruz.
Retos de su ministerio
La estrategia en materia de telecomunicaciones y digitalización del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez estará marcada por la Agenda España Digital 2026, la hoja de ruta para impulsar la transformación digital de España que se lanzó a principios de la pasada legislatura (en julio de 2020) y que fue actualizada hace un año y medio.
En materia de telecomunicaciones, en la legislatura anterior se llevaron a cabo las tres grandes reformas legislativas pendientes: la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Ciberseguridad 5G. Entre las tareas del nuevo Ejecutivo estará la de avanzar en el desarrollo normativo de estos tres textos.
Gran parte de la atención se la llevará sin duda la ciberseguridad de las redes de quinta generación móvil. En concreto, si España decide incluir a alguna compañía en la categoría de proveedor de alto riesgo, dadas las presiones de la Comisión Europea (CE) para que los Estados miembros prohíban el uso de equipamiento de empresas chinas como Huawei y ZTE en los despliegues de 5G.
Por otro lado, una vez completado el cierre de la brecha digital gracias a las ayudas al despliegue de banda ancha en las zonas rurales del país y al programa Demanda Rural para impulsar el uso del satélite como medio de conectividad allá donde no llega la fibra, ahora toca dar un mayor protagonismo al 5G.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la agenda España Digital 2026.
Pronto se conocerá el resultado del programa UNICO 5G Redes Activas, uno de los más esperados por el sector y que se ha visto empañado por los recursos presentados por Vodafone y Huawei a la convocatoria.
Los fondos europeos Next Generation desempeñarán un papel clave en este impulso al 5G, así como en los avances para conseguir los objetivos de conectividad fijados por Bruselas en Brújula Digital 2030.
La gestión de las ayudas europeas también seguirá ocupando un tiempo importante de la Secretaría de Estado de Digitalización o su sucesora una legislatura más. De todos los programas presentes y futuros, los próximos meses serán los de la consolidación del Kit Digital, destinado a impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
También tocará hacer balance del primer año de la Ley de Startup, impulsar el trabajo del fondo Next Tech gracias a la adenda del Plan de Recuperación y poner en marcha el programa de ayudas para la transformación digital y la ciberseguridad de los medios de comunicación, entre otros.
Pero lo que sin duda acaparará gran parte de la atención en estos próximos años será todo lo relativo a la inteligencia artificial (IA). Lo más inminente será cerrar un acuerdo entre todos los países de la UE para elaborar el Reglamento Europeo de IA antes de que concluya el año 2023 y, con él, la Presidencia española de la UE.
Lo que no llegará tan pronto será la Ley europea de Redes Digitales, que desarrollará finalmente la Comisión Europea que salga de las elecciones que se celebrarán la próxima primavera en Europa.
Antes, el comisario Thierry Breton publicará un Libro Blanco al respecto y habrá que comprobar si el Gobierno de España mantiene su apoyo a las empresas de telecomunicaciones en su reclamación de que las grandes tecnológicas colaboren en la financiación de las redes.
Y a todo esto, las dos Secretarías de Estado también deberán registrar nuevos avances y presentar proyectos concretos alrededor de los distintos PERTEs a su cargo, como son los de la Economía de la Lengua y los microchips semiconductores, así como para convertir España en un hub audiovisual.