Otro duro golpe para los ahorradores en planes de pensiones individuales. Y quizá sea el definitivo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a meter el rejón en los beneficios fiscales de estos productos financieros, que previsiblemente bajarán su aportación máxima anual a desgravar en el IRPF de 2.000 euros a 1.500. Desincentivar la contratación de estos para incentivar más los planes de empleo. Pero la experiencia ‘piloto’ no está siendo del todo buena, ni para unos ni para otros.
“Nuevo ataque al ahorro”. Así lo llama el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, el primer organismo en alzar la voz contra esta medida. “Bajar a 1.500 euros el límite fiscal de ahorro individual en planes de pensiones es otro torpedo a autónomos y empleados de pymes. Favorece a los trabajadores de grandes empresas castigando al resto, con especial incidencia en el medio rural”, denuncia el consejo.
En España, hay más de 8,5 millones de partícipes entre planes de pensiones individuales y planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida por segundo año consecutivo, pone en contexto este organismo.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
Y es que, con esta nueva ofensiva por parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, será el segundo trasvase fiscal de unos planes privados a otros en dos años consecutivos. Este es el primer ejercicio, tras los PGE de 2021, donde la aportación máxima en los planes individuales no es 8.000 euros como antes, sino 2.000, mientras que en los planes de empresa ya no es 8.000, sino 10.000.
Por ahora, las cifras no están dando la razón ni a Sánchez, ni a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Lo lógico -e idóneo- es que hubiera más aportaciones netas a los planes de empleo que a los individuales, puesto que ahora tienen más incentivos fiscales. Pero nada más lejos de la realidad.
Un 456% menos de entradas
Hasta junio, los planes individuales llevaban -193 millones de euros en prestaciones netas, mientras que los planes empresariales llevaban -72,5 millones de salidas netas, con datos de Inverco.
En el primero de los casos, el empeoramiento ha sido drástico, con un 250% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces había aportaciones netas de 129 millones incluso con la aparición de la crisis de la Covid-19, tras la que se abrió la posibilidad de rescatar el dinero de los planes individuales en caso de desempleo por ERTE o cese de negocio.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En 2021, el menor incentivo fiscal ha detraído interés por parte de los españoles, dominando las prestaciones como se esperaban los expertos financieros de bancos, aseguradoras, gestoras, patronales y organismos de estudio.
En los planes de empleo, los supuestamente grandes beneficiados de las reformas, la cosa tampoco ha ido a mejor. También se está escapando el dinero, con un 52,5% más de prestaciones netas, partiendo de los -47,5 millones de salidas netas que ya había en el primer semestre del año anterior.
En el global de los tres sistemas de pensiones privados, incluido el asociado, que es muy pequeño en volumen, el paso atrás en estos 12 meses ha sido del 456%, desde entradas netas de más de 77,5 millones a salidas netas de prácticamente -276 millones.
Autónomos y pymes, afectados
Para los mediadores de seguros, “el sistema individual es insustituible para todos los autónomos y trabajadores de pymes que no pueden acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”.
El ahorro individual para la jubilación es “imprescindible” en España dada la estructura del mercado laboral donde más de tres millones de personas están incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Habría que sumar varios millones más de empleados contratados por pymes, “un tipo de empresa que queda fuera de la previsión social empresarial y que, con esta medida, queda en franca inferioridad”, añade el consejo.
Toda esperanza queda en el famoso ‘megafondo’ público de pensiones de empleo, que aspira a captar 300.000 millones de euros -según se deslizó desde el ministerio de Escrivá- precisamente de estos colectivos, cuyo diseño y el concurso abierto de las gestoras y bancos depositarios implicados deben convocarse.
Así como en una negociación con las grandes empresas para una nueva estructura fiscal con beneficios en las cuotas sociales a imagen y semejanza del Reino Unido, del que se quiere copiar su sistema de automatic enrollment o, lo que es lo mismo, adscripción obligatoria por defecto, con la posibilidad de salirse voluntariamente a posteriori.