El Gobierno de coalición, especialmente su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está poniendo toda la carne en el asador para que España tenga un sistema de pensiones de empleo a la altura de sus homólogos europeos y los principales países desarrollados. Según las proyecciones realizadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ejecutivo, se prevé que la población cubierta por estos vehículos privados aumente desde los dos millones de trabajadores actuales hasta los 13 millones en 2030, lo que supondría multiplicar por 6,5 veces esta cifra.

En el citado documento público remitido a Bruselas, en su Componente 30, sobre Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, se dice que el objetivo es alcanzar el 80% de la población activa ocupada cubierta “en el largo plazo”.

También se aspira a que los activos bajo gestión de los planes de pensiones de empresa, en términos de PIB, pasen de menos del 3% al 9% “al final de esta década”, un 18% en 2040 y un 31% en 2050, “convirtiéndose en una fuente fundamental de financiación privada de las inversiones para la transición energética y digital”. Así se establece en el apartado C30.R5, acerca de la Revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones.

Según el Plan, “esta reforma está en línea con las directrices de la UE relativas a la Unión de Mercados de Capitales, la Directiva de Supervisión de Fondos de Pensiones (IOPR II) y la de Finanzas Sostenibles”.

Otro aspecto importante y que choca frontalmente con las gestores de planes de pensiones es la intención de limitar los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados.

Autónomos y menores de 35

Esta es una de las varias medidas que va a plantear el Gobierno en torno a la próxima reforma. Otras tienen que ver con los impuestos, como el “diseño de un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz”, si bien no se da detalle del mismo.

También extender la población cubierta por planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para jubilación con financiación mixta de empresa y trabajadores a través de la “negociación colectiva de dimensión preferentemente sectorial”, para lo cual “se han de establecer mecanismos e incentivos que hagan efectiva esta extensión”.

Igualmente sobresalen el diseño de mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre las diferentes empresas y sectores; la digitalización para simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones y, cómo no, la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación. Esto es, el famoso ‘megafondo’ de pensiones público de empleo, que ya se dijo que se querría que llegase a los 300.000 millones de euros en activos.

El texto hace hincapié en que la reforma pretende cubrir a toda la población trabajadora, “incluyendo singularmente a los trabajadores autónomos y los menores de 35 años”.

Funcionarios públicos

Asimismo, se pretende la extensión progresiva de los planes de empleo entre los empleados públicos, unos tres millones de empleados, “dada la heterogeneidad de la cobertura ente los diversos niveles de administración territorial”, estableciendo unos estándares mínimos.

En cuanto al calendario de implementación de todos los puntos anteriores, el Gobierno estima su aprobación en el primer semestre de 2022, “si bien la reforma tendrá un claro efecto acumulativo en el tiempo”.