La reforma fiscal de los planes de pensiones podría costar hasta 2.300 millones de euros en aportaciones

La reforma fiscal de los planes de pensiones privados va a permitir que el Estado se ahorre 580 millones de euros en 2022, según las previsiones del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Pero esta -a priori- buena noticia tiene una cara negativa. Esa caja positiva que se engrosará puede implicar hasta 2.320 millones menos en aportaciones a los sistemas de pensiones individual y de empleo.

La propuesta legislativa elaborada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez rebaja de 8.000 euros a 2.000 el límite anual de aportación a los planes individuales, al tiempo que eleva de 8.000 euros a 10.000 el límite para los planes de empresa.

Según una fuente del entorno de las gestoras de fondos y pensiones, un simple cálculo es suficiente para darse cuenta de que el crecimiento del sistema de empleo -lo que pretende el Gobierno- no será tan inmediato como se ha hecho creer a la opinión pública. De hecho, a corto plazo, incluso habrá que sobreponerse a una importante reducción de aportaciones por parte de los partícipes.

Además, la reforma fiscal de los planes no servirá por sí sola a tal cometido, sino que tendrá que ir acompañada del bautizado como 'megafondo' de pensiones público de empleo. Y está por ver si hacen falta otras medidas complementarias.

Si se toma como referencia un tipo estimado del 25% (en el IRPF), el descenso implícito de aportaciones brutas a los sistemas individual y de empleo sería de 2.320 millones de euros. En cambio, si la referencia en el gravamen es del 30%, el descenso de las aportaciones sería de unos 1.900 millones. Así saldrían los 580 millones de ahorro para el Estado en 2022.

Menor o igual aportación

Si el beneficio fiscal es menor y los partícipes aportan menos a planes, la base imponible del IRPF será mayor, y de ahí la caja positiva o el ingreso para el Estado, argumenta esta fuente.

Otra interpretación algo más positiva es la que hace Diego Valero, presidente de Novaster, para quien los 580 millones de la polémica son el ahorro fiscal neto derivado de bajar el límite de aportación de 8.000 euros a 2.000 en los planes individuales. Esto es, que la recaudación será mayor porque la deducción será menor, "suponiendo las mismas aportaciones".

José Luis Escrivá y Yolanda Díaz.

Sea como sea, ambos escenarios dan cuenta de un frenazo en las aportaciones a los planes de pensiones privados, en ningún caso un incremento.

De esta forma, el futuro de los planes se va a decidir en una última mano. "A través de planes de empleo, se puede dar cobertura a mucha más gente si se lanza el plan público y se generalizan los planes para pymes", opina Valero.

El 'megaplan'

"El patrimonio de los planes individuales no tendría por qué perderse, pero lo que probablemente sí ocurrirá es que el crecimiento de los mismos será muy inferior al actual por el nuevo tope de aportación establecido", considera Álvaro Granado, director responsable en el área de Pensiones de KPMG Abogados.

Asumiendo que este fondo público de pensiones tiene éxito y empresas que, actualmente, están fuera del segundo pilar de previsión social se incorporan al mismo, sí podrían producirse "trasvases importantes" de capital del tercer pilar (ahorro individual) al segundo, augura Granado, "en la medida en que, por ejemplo, los costes de inversión asociados al fondo público puedan ser más competitivos que en los planes individuales".

El Gobierno avanzó en rueda de prensa que escogerá mediante "concurso competitivo abierto" a la gestora y al banco depositario de este 'megaplan'.

Con las condiciones idóneas, "sería razonable pensar que la mayor parte del patrimonio de los planes individuales se terminaría movilizando al segundo pilar". En cuanto al plazo, dependerá del tiempo que tarde en ponerse en marcha y consolidarse el nuevo esquema de ahorro empresarial, según explica el director de KPMG.