La gran banca busca salvar in extremis a las sicavs que no cumplan con los requisitos mínimos de la nueva ley antifraude. Algunos bancos españoles e internacionales están promoviendo entre sus grandes fortunas que sean estas quienes paguen los 247.500 euros que se van a exigir a partir de 2022 a los 99 ‘mariachis’ u ‘hombres de paja’ que suelen figurar en estas sociedades para que sigan tributando al 1%.
A partir del año que viene, cada accionista de una sicav deberá invertir, como mínimo, 2.500 euros. Así hasta conformar los 100 accionistas necesarios para que estas sociedades sean consideradas como instituciones de inversión colectiva y, por tanto, continúen tributando al 1% y no al 25%, como hacen la gran mayoría de sociedades mercantiles.
Normalmente, las sicavs están controladas por un inversor mayoritario (o un grupo familiar), que puede llegar a tener el 99,9% del patrimonio, mientras que los otros 99 accionistas restantes apenas retienen el 0,1%. Es un esquema que se ha implementado durante muchos años en el sector financiero para eludir la norma y pagar menos impuestos de lo que se debería. Pero el Gobierno de coalición ha puesto coto.
Los 99 accionistas minoritarios deberán aglutinar 247.500 euros en total (el resultado de multiplicar 2.500 euros por 99) para considerar que son inversores reales y no meros figurantes. Pero, ¿quién va a poner ese dinero si sabe que en realidad la sicav no es suya y solo es un instrumental?
Según ha podido consultar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes del mercado, varios de los grandes bancos españoles e internacionales están promoviendo entre sus altos patrimonios que sean ellos quienes abonen la cantidad requerida a modo de ‘subvención’, redondeando al alza hasta los 300.000 euros para pasar desapercibidos, pero que luego sean los famosos ‘mariachis’ con carácter individual quienes se anoten contablemente la inversión de 2.500 euros.
Posible fraude de ley
El problema es que no toda la banca privada que gestiona sicavs está alineada con esta solución de última hora. Hacienda, que será quien determine en adelante si a nivel fiscal las sicavs cumplen o no, una competencia que ha recuperado desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podría determinar a posteriori que esto es un fraude de ley y obligar a que las sicavs involucradas paguen un 25% en el Impuesto de Sociedades y no un 1% como hacen ahora, además de imponer alguna otra multa. Este miedo es lo que echa atrás a algunas entidades.
Este remedio secundario llega tras haberse analizado otro, las participaciones cruzadas, que también tiene algunas grietas: solo podrían hacerlo entidades con 100 sicavs o más en su haber e, igualmente, la Agencia Tributaria podría frenarlo a posteriori como fraude de ley.
Este método consistiría en que el accionista de referencia de una sicav tendría que invertir 2.500 euros en otras 99 sociedades del mismo grupo, procedimiento que a, la inversa, harían otros mayoritarios hacia su propia sicav. Igualmente pondría los 247.500 euros de su bolsillo, aunque con un proceder externo y no interno. Pero, como contó este periódico, solo siete firmas podrían llevar a cabo esta maniobra de rescate: Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank, UBS, Credit Suisse y Sabadell Urquijo.
Las entidades se están rompiendo la cabeza para no tener que disolver y liquidar gran parte de sus sicavs amenazadas en 2022. La banca teme la huida de hasta 20.000 de los 28.700 millones de euros que hay en juego en estas sociedades.
No obstante, el Gobierno ha dado un salvoconducto fiscal de siete meses para reinvertir en fondos españoles la cuota de liquidación de las sicavs afectadas, un puente del que, sin embargo, quien más podría beneficiarse en última instancia son las gestoras internacionales, puesto que Hacienda no obliga a una permanencia mínima en fondos españoles antes de poder saltar a fondos extranjeros.