El embrollo jurídico y legislativo de la plusvalía municipal ocasionado tras la sentencia del Constitucional, hace justo dos años, puede solucionarse de un plumazo si los ayuntamientos que salgan este domingo de las urnas deciden acabar con esta figura tributaria. 

De hecho algunos candidatos a estas elecciones municipales han prometido eliminar el tributo, aunque la mayoría lo que pretende es reducirlo. Pero, lo que está claro es que, existiendo esa posibilidad, ningún ayuntamiento ha tomado la iniciativa por el momento, y los contribuyentes están desconcertados pues no saben si recurrir.

La reforma del polémico tributo también llegó al Congreso en forma de anteproyecto de ley pero se quedó ahí. La anticipación de las elecciones generales impidió su desarrollo parlamentario y ahora habría que empezar de cero, es decir, un grupo político tendría que volver a realizar todo el planteamiento.

El principal problema de este impuesto es que su configuración actual permite gravar el incremento del valor de los terrenos incluso sin existir ese incremento.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a INVERTIA que el IIVTNU es un impuesto potestativo, es decir que el ayuntamiento puede decidir implantarlo o no en su municipio. Es también potestativo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). En cambio son obligatorios el Impuesto sobre Actividades  Económicas (IAE), el Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
Si el consistorio decide implantarlo,  debe aprobar una ordenanza en la que se regulen los aspectos que la ley (TRLHL) le permite. Debe asimismo aprobar los coeficientes para el cálculo de la base imponible y el tipo de gravamen, dentro de los límites máximos que establece la ley. Además puede aprobar bonificaciones potestativas que le permite la ley.

Pero si lo tiene implantado y lo quiere suprimir, deberá aprobar una ordenanza que derogue la ordenanza en vigor, añaden desde el Ministerio.

Los jueces ya hablaron

Se han cumplido ya dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal. Fue un 11 de mayo de 2017 cuando en su fallo declaró inconstitucionales y nulos algunos artículos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbnaa (IIVTNU) puesto que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

El Tribunal Supremo el 9 de julio de 2018 supedita esa inconstitucionalidad y nulidad a la prueba de la inexistencia de incremento de valor. Una carga que recae sobre el sujeto pasivo pero al que facilita esa responsabilidad al determinar que es suficiente con que el valor actual de transmisión del inmueble urbano sea inferior al valor de adquisición y para ello sobra con comparar las respectivas escrituras públicas, por ejemplo.

En resumen, los ayuntamientos siguen aplicando el tributo en los casos de aumento del valor.

Ahora hablan los políticos

Las propuestas electorales del PP van desde la promesa del candidato a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de bonificar en un 95% el impuesto de plusvalía, mortis causa, en favor de descendientes, ascendientes y cónyuges, hasta otras más ambiciosas como la presentada por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y candidato a la alcaldía, Jorge Azcón. Su objetivo es ir más allá de la bonificación del 95% de la plusvalía mortis causa para viviendas y negocios habituales, para suprimirlo totalmente.

Ciudadanos también es partidario de rebajar ese tributo. Su candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, lleva en su programa la bonificación del 95% de la plusvalía municipal, el “impuesto sobre sucesiones municipal” en todas las herencias de parientes directos. Además, pretende bonificaciones en este impuesto en los traspasos de negocios para fomentar la continuidad de las actividades y los empleos. “Vamos a devolver a los madrileños el dinero que injustamente han tenido que pagar por la plusvalía municipal cuando han perdido dinero en la venta de su vivienda o inmueble”, ha manifestado la política.

En el programa electoral de Vox para todos los municipios se recoge la supresión del IITNU por su carácter confiscatorio y del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) por considerarse injustificada la actividad que gravan.