Tres son las empresas que están dando el servicio en Muface: Adeslas (Grupo Mutua), DKV Seguros y Asisa. Las dos primeras ya han levantado la voz subrayando que el modelo actual es insostenible. Dicho de otra manera, están perdiendo dinero con él.
Los números no engañan: las tres aseguradoras han perdido 200 millones de euros en 2023 por Muface, según DKV. Si miramos todavía más atrás en el tiempo, en los últimos tres años esa cantidad se eleva hasta los 470 millones.
Tanto DKV como Adeslas ya han dejado claro que no están dispuestas a seguir perdiendo dinero. Una mala noticia para los 2 millones de titulares y beneficiarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
¿Cuándo acaba el actual concierto de Muface?
El actual concierto de Muface (periodo 2022-2024) tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2024. Y, de momento, no parece haber acuerdo con el Gobierno. De ahí el ‘grito de guerra’ que repiten por activa y por pasiva desde las aseguradoras: si no se revisa el modelo, no les quedará otra que salir.
Una revisión que pasa, principalmente, por un punto en concreto: dotar de más financiación a Muface. Así, por ejemplo, en la presentación de resultados de DKV, sus directivos dijeron que el modelo es “ejemplar”. También que “tiene recorrido”. Pero remarcaron que “no en la situación de infrafinanciación actual”. Por eso, fueron tajantes: “Estamos preocupados y analizando si podemos seguir”.
Por su parte, Ignacio Garralda, presidente de Grupo Mutua Madrileña, aseguró en la junta de mutualistas que “el servicio, que ya era claramente deficitario, y que ya ha obligado a muchas empresas que lo prestaban a dejar de hacerlo, es ya económicamente insostenible”.
Y fue más allá: “Si no mejoran de forma muy notable las condiciones económicas del mismo, será muy difícil que Adeslas pueda acudir a la licitación”. Por tanto, ambas compañías tienen muy claro que, en función de las nuevas condiciones que ofrezca la Administración Pública, participarán o no en el nuevo concurso.
¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Varias son las circunstancias que han llevado a está situación ‘al límite’. Pero, como indicó Ignacio Garralda, se pueden resumir en dos: baja financiación del sistema y aumento de todos los costes. Y es que la situación actual es muy diferente a la que había cuando se firmó el actual acuerdo allá por 2021.
Cinco han sido las causas que han disparado los costes: inflación, envejecimiento de los beneficiarios, ampliación de prestaciones, los efectos de la Covid-19 y, por último, la inversión en materia sanitaria, maquinaría y tecnología.
Oficinas de Muface en Valladolid
Fruto de esta situación, y según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha habido recortes en los cuadros médicos, retirada de centros sanitarios completos o la reducción de la atención sanitaria en las zonas rurales.
A las dos circunstancias antes reseñadas hay que unir una tercera: el incremento del número de titulares y beneficiarios a lo largo de los últimos cinco años. Así, en 2023, la mutualidad de los funcionarios de Muface alcanzó los dos millones de personas. De esta cantidad, el 70% eran titulares y, el 30% restante, beneficiarios. Una cifra hasta ahora nunca vista y que ha tenido un claro elemento impulsor: las últimas ofertas de empleo público.
De momento, la comunicación entre Gobierno y las entidades que prestan la asistencia sanitaria están siendo “fluida”, según los primeros. Y la intención es la de alcanzar “un reequilibrio financiero”.
Un nuevo convenio que se articulará sobre la base de tres pilares: los mayores costes derivado del envejecimiento de los beneficiarios; la ampliación de la cartera de servicios; y la introducción de la tecnología en los centros sanitarios.
El actual concierto (2022-2024) tiene una financiación de 3.521 millones de euros. Cuando se firmó, supuso un incremento del 10% respecto al anterior (el mayor aumento de los últimos quince años).
De cara al nuevo, la intención de las aseguradoras es incrementar esa cifra alrededor de un 50%: 1.800 millones de euros más. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es un buen punto de partida.