El Ministerio de Hacienda necesita de aliados para que su marcaje fiscal al mercado de criptomonedas resulte efectivo. Aunque aún quedan largos meses hasta que la reforma tributaria del sector entre en vigor, las plataformas de monedas digitales se muestran más que dispuestas a contribuir con el Gobierno a desenmascarar a eventuales evasores de impuestos.

Los trámites parlamentarios que precisa la aprobación de la norma y los plazos de adaptación que contempla para la industria hacen que difícilmente pueda entrar en vigor mucho antes de fin de año. Sin embargo, la Agencia Tributaria quiere ir adelantando el trabajo y en las plataformas de criptomonedas radicadas en España parece haber encontrado buenos colaboradores.

“Todo lo que ayude a las criptomonedas a despegarse de su imagen opaca, de blanqueo de capitales, evasión y financiación de negocios de dudosa reputación es positivo para nosotros y para su imparable adopción”, señala el representante de una firma del sector que prefiere mantener el anonimato. Una máxima que recoge el sentir general de una industria en plena eclosión en España.

Primeros contactos

Unas disposiciones publicadas por el Ministerio de Hacienda a comienzos de este mes señalan que, con independencia de cuándo esté lista la norma que regulará la fiscalidad de las criptomonedas, ya se ha comenzado a actuar para “la obtención de información procedente de diversas fuentes sobre las operaciones realizadas con criptomonedas”.

En este sentido, fuentes del sector reconocen algunos primeros contactos con la Agencia Tributaria, que tendrían el objetivo de hacer de las plataformas nacionales de contratación sus grandes aliados en este marcaje fiscal. La meta de este acercamiento sería también contar con una relación más fluida con esta parte de la industria financiera que hasta hace poco se tenía en muy escasa consideración e ir facilitando su preparación hacia la implantación de la norma. Y, de paso, transmitir un mensaje de estabilidad regulatoria en un momento de profunda revisión del sistema fiscal español.

Multas a la vista

El proyecto normativo ya está en la fase de redacción de informe en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Esto quiere decir que la presentación de enmiendas ha terminado, lo que ha llevado al gabinete que dirige María Jesús Montero a ir moviendo ficha en el sector. Y es que las multas que contempla el texto son de un mínimo de 5.000 euros por cada dato falso o impreciso que los inversores en criptomonedas remitan al fisco.

El director en España de la fintech Bitpanda, Alejandro Zala, reconoce que “hasta hace poco la obligación de declarar nuestras posiciones, era más laxa y además más compleja de lo normal por el alto volumen de trading que suele haber, pero esto no puede servir de excusa”. Por eso, muestra el compromiso de la plataforma con el “firme cumplimiento de la legislación y las normativas de todos los mercados en los que opera”, así como con la educación financiera de sus usuarios.

Sin embargo, el experto apunta a dos factores que podrían complicar la adaptación del sector para que los evasores involuntarios puedan contar con las herramientas necesarias para abandonar esta condición sin riesgo de ser blanco de multas. “La realidad es que hay muchos nuevos inversores que cuando se les pregunta por impuestos y criptomonedas no saben cómo actuar”, señala Zala mientras apunta a su “responsabilidad como uno de los principales neobrókeres de España”.

El segundo tiene que ver con el hecho de un mercado tan global requeriría de normas de amplia aplicación, al menos a escala comunitaria. De momento, todo indica que la norma española irá mucho más allá de las líneas maestras que ya vienen rigiendo en otras jurisdicciones. “En otros países están tratando al sector con mucho más mimo, porque no hay que olvidar que aquí ya llevamos años aplicando las normas de identificación de clientes y prevención de blanqueo de capitales”, explica Herminio Fernández, fundador y consejero delegado de Eurocoinpay.

Diferencias en Europa

En esta línea de discurso, la mayoría de países europeos que ya han legislado la fiscalidad de las criptomonedas no establecen gravámenes a las transacciones entre distintas divisas digitales, cosa que sí generará la obligación de tributar en España si la ley ve la luz según la redacción de su proyecto. “Alemania, que es abanderado de la disciplina fiscal, no prevé gravar más que la conversión a monedas fiduciarias”, señala Hernández.

Cuando la norma vio la luz en el Consejo de Ministros hace unos meses, el portavoz en España del bróker eToro, Javier Molina, se mostró tajante al señalar que este paso suponía uno más para “dejar atrás el Antiguo Salvaje Oeste” con el que muchos siguen identificando el mercado de criptomonedas. Además, destacó, como varios de sus colegas, que esta medida venía a “legitimar todo el entorno de las criptomonedas y dar forma a algo que la mayoría veníamos haciendo”.

Listos para tributar

Mientras la captación de “fuentes” por parte de la Agencia Tributaria continúa, el sector sigue muy atento a la tramitación en paralelo del proyecto de ley en ciernes. No obstante, dado el periodo de adaptación que se prevé para la aplicación de la norma hace que de momento no se hayan puesto manos a la obra para facilitar las liquidaciones de impuestos que vendrán para sus clientes.

En cualquier caso, muchas de las plataformas del sector ya venían ofreciendo a sus usuarios documentación detallada de cada operación que facilitaría con mucho la rendición de cuentas a Hacienda. No obstante, incluso en el mejor de los casos, todavía quedan meses hasta que entre en vigor el marcaje con el que el Gobierno prevé recaudar 40 millones de euros al año.

Así, una vez que la norma definitiva sea aprobada como parte de la nueva ley para evitar el blanqueo de capitales, el Banco de España tendrá seis meses para crear un registro de plataformas de negociación y cambio de criptomonedas. Después, habrá que sumar tres meses más para que estas firmas comiencen a darse de alta y enviar la información de sus clientes.